Un consenso que debió alcanzarse a inicios de la crisis del COVID-19: ¿Qué acordó el Gobierno con las clínicas privadas?

En solo unos días el ministro de Salud, Víctor Zamora, pasó de esperar una negociación fructífera con las clínicas para acordar las tarifas de atención de los pacientes con COVID-19, a pedirles que “dejen un momento de sacar cuentas y concentrarse en sus márgenes de ganancia”, con la premisa de llegar a un consenso sobre el intercambio prestacional con sumas menos elevadas.

Así, tras la advertencia del mandatario Martín Vizcarra sobre aplicar el artículo 70 de la Constitución de la República para tomar control de estas entidades, debido a la situación de emergencia por la pandemia, cerca de las 11:00 p. m. de este miércoles -a menos de 12 horas de que se venciera el plazo para que el Estado y las clínicas negociaran una tarifa- el Ejecutivo y el gremio de clínicas privadas llegaron a un acuerdo final.

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¿Qué se consiguió? Para la atención y el tratamiento de pacientes de COVID-19 que se encuentren internados las clínicas, el Estado pagará una “tarifa plana” de S/55.000 a dichas entidades. Esta suma incluirá el impuesto general a las ventas (IGV), los días que se requieran para el tratamiento del paciente, el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el equipamiento médico, las medicinas y el pago de remuneraciones del personal que se encarga de esta atención.

Zamora explicó este jueves que el acuerdo incluye no solo a quienes son derivados de un hospital del sector público, sino también a quienes buscan atenderse directamente en una entidad privada y que requieran cuidados intensivos. Así, detalló que la medida beneficiará a quienes tienen Essalud, Sistema Integral de Salud (SIS) y seguros privados con un límite menor de cobertura. “Se optará por la primera cama (de UCI) que esté libre en el sistema, ya sea pública o privada”, destacó.

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¿Cuál había sido la disyuntiva anterior? Carlos Joo, representante del gremio de clínicas, precisó a RPP que desde el lado privado se planteó al sector público una reducción en sus tarifas del 50%, considerando que el costo mínimo en las clínicas por un día de atención en la UCI, según explicó, asciende a S/8.000. Joo aseguró que con la anterior gestión del SIS se estableció que esa entidad pública pagaría S/97.000 a las clínicas por 21 días de atención en UCI, a fin de cubrir la atención por COVID-19 de sus asegurados. Ello implicaba un monto de S/4.620 diarios.

Lo que pasó después, no obstante, cambió el escenario. Con el ingreso de un nuevo jefe en el SIS, –según Joo– se dejó de lado el acuerdo que ya se había alcanzado. Además, el SIS publicó una resolución jefatural el último 3 de junio en la que estableció un tarifario de atención de los asegurados al SIS con COVID-19. De acuerdo con este listado de precios, en UCI, para el nivel III de atención –el más completo–, el costo para los asegurados debía ascender a un máximo de S/34.960,28 por un período de 21 días. El representante de las clínicas consideró que este precio era “evidentemente inviable” para estas empresas.

En opinión del doctor Juan Astuvilca, decano del Colegio Médico de Lima, esta situación debió resolverse a inicios de la pandemia y no llegar a amenazas para lograr acuerdos a estas alturas. “Lamentablemente, estos diálogos se rompieron”, indicó.

LOS COSTOS Y EL NEGOCIO DE LAS CLÍNICAS

El Comercio buscó conversar con la Asociación de Clínicas Particulares del Perú para tener mayor claridad sobre sus estructuras de costos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Joo afirmó tras el mensaje del presidente Vizcarra que de haber una imposición del Estado en las tarifas que se busquen alcanzar “no tiene sentido ninguna negociación”.

Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno dijo que si bien consideraron “innecesarias” las declaraciones del mandatario, la asociación viene buscando un acuerdo con el Gobierno hace dos meses y fue por ello que se logró alcanzar una negociación final.

Una fuente con conocimiento financiero del sector, que prefirió declarar de forma anónima, aseveró que las estructuras de costos son mantenidas bajo siete llaves por las clínicas y consideró que se debería contar con mejores niveles de transparencia. Al mismo tiempo, añadió que la atención en UCI es costosa a raíz del personal con el que se debe contar. De otro lado, precisó que un indicador clave para diferenciar los servicios es que la tasa de mortalidad en el ámbito privado es significativamente menor a la tasa de mortalidad general.

“Hay muchos ítems y conceptos en cada Unidad de Cuidados Intensivos porque se deben cubrir los servicios de profesionales altamente calificados, además de los medicamentos e insumos. Una persona que entra a UCI implica una gran inversión de recursos de las entidades que albergan a pacientes”, señaló el doctor Astuvilca.

Para Pedro Grillo Rojas, médico cirujano especialista en administración de salud, habría que preguntarse también por qué el SIS cambió el rumbo en las negociaciones y redujo un monto ya acordado, considerando la urgencia de la materia. Sin embargo, precisó que, en este momento, los costos por día en UCI para pacientes con COVID-19 ascenderían hasta S/6.000 y por ello opinó que sí sería posible para las clínicas disminuir los precios y llegar a tarifas sociales.

En tanto, José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, detalló que tomar el control de las clínicas como proponía el Ejecutivo habría tenido un efecto inercial mínimo, debido a que muy pocas cuentan con una verdadera capacidad para ayudar. “¿Qué pasaría con las clínicas medianas y chicas? Ya están quebrando y ahora las estás tirando al barranco cuando el mismo Estado no tiene capacidad para gestionarlas”, remarcó.

En ese sentido, puntualizó que el Ministerio de Salud no está preparado para gestionar las clínicas privadas.

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