Congreso insistirá mañana en norma para sancionar el acaparamiento y la especulación de precios

Desde que se inició el estado de emergencia hasta la fecha, un sector de la población ha expresado su malestar debido al incremento de precios en alimentos, medicinas y otros productos. Este viernes 22 , el pleno del Congreso –según lo acordado en la Junta de Portavoces– debatirá un proyecto consensuado por diversas bancadas para sancionar a quienes realicen acaparamiento de bienes o especulación de precios en épocas de desastres naturales o de emergencia, como la actual.

Cabe recordar que en el 2017, durante la emergencia por el fenómeno de El Niño costero, el Congreso aprobó sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes incurran en estos actos e incluso la adulteración. Sin embargo, la autógrafa fue observada por el Ejecutivo.

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Ahora el debate en el Parlamento se retomará a través de la insistencia en la autógrafa observada el entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el 22 de junio del 2017, según lo establecido en la agenda del Congreso para mañana 22 de mayo.

Por otro lado, entidades como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han alcanzado al Congreso sus propuestas para regular las conductas de “acaparamiento” y “especulación” en situaciones de emergencia. La última propuesta presentada por la Defensoría este jueves 21 de mayo plantea modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor para incluir sanciones administrativas que alcancen a estas prácticas, y cuyas sanciones ascenderían hasta 900 UIT (más de 3,8 millones de soles).

IMPACTO

La congresista María del Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso, fue la primera de este nuevo período congresal en presentar un proyecto de ley que sancione el acaparamiento y la especulación ante la emergencia del nuevo coronavirus. A la fecha, ya se han presentado 13 proyectos de ley que buscan sancionar dichos actos.

“El día sábado sustenté mi proyecto de ley ante la Comisión de Defensa del Consumidor. Por tanto, ya la comisión está expedita para plantear un dictamen. Teniendo ese dictamen, los demás [proyectos] que han sido presentados por otras bancadas pueden acumularse en su debate en el pleno”, explicó Omonte.

En detalle, la mayoría de propuestas planteadas buscan restituir el artículo 223 del Código Penal, el cual penalizaba el acaparamiento y la especulación; el mismo que fue derogado por Alan García en el 2008. Asimismo, proponen que el productor, fabricante o comerciante que especule con ciertos productos y servicios sea sancionado, conforme lo establecido en el artículo 234, hasta por tres años de pena privativa de la libertad.

Alejandro Falla, socio de Bullard Falla Ezcurra +, explicó que el delito de especulación está en el Código Penal. Sin embargo, no se aplica ya que en el Perú no existe el control de precios, salvo en ciertos mercados. Por lo tanto, considera que el control de precios no es una buena medida y que generaría prácticas anticompetitivas y escasez de productos.

“Para que el Gobierno fije precios y estos no salgan de un sombrero, tendrá que apostar por convocar a los empresarios o gremios. Esto podría generar prácticas anticompetitivas, ya que va a facilitar la formación de acuerdos al interior de los gremios, que pueden continuar tras el estado de emergencia”, añadió.

Christian Chávez, socio de Baxel Consultores, comentó que es preocupante que el Gobierno fije los precios, ya que no necesariamente cuenta con la información suficiente.

“En la actualidad, por ejemplo, muchos distribuidores de alimentos están aplicando los protocolos, los cuales les generan mayores costos, que suelen ser incluidos en el precio de los productos o servicios. ¿El gobierno evaluará caso por caso para definir cuál es el precio adecuado?”, cuestionó Chávez.

Respecto a las críticas, Carmen Omonte señaló que su propuesta está respaldada en dos artículos de la Constitución. “Uno es el artículo 58 que garantiza la libertad de trabajo siempre que no sean lesivos a la moral, a la salud y a la seguridad de la población. Y el otro es el artículo 65 que defiende el interés de los consumidores y usuarios”, indicó.

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Asimismo, señaló que es importante tener en cuenta que la medida aplicaría solo en épocas de desastres naturales y de crisis sanitarias, en las cuales suelen elevarse los precios de algunos productos.

“He escuchado voces que señalan que la propuesta iría contra el libre mercado, que finalmente es el esquema con el que trabaja nuestra economía. Creo que dentro del marco de la Constitución y del libre mercado podemos encontrar reglas de juego que puedan arrinconar y finalmente eliminar estos crímenes. Va a depender de las autoridades, del Ejecutivo, del Indecopi, del Ministerio Público, de nuestra policía, que se puedan encontrar los mecanismos para que se pueda implementar eficazmente [la norma]”, sostuvo la parlamentaria.

PRECIOS DE MEDICINAS

De otro lado, ante las denuncias que se han presentado estos últimos días, Edmundo Yáñez, CEO de Farmacias Peruanas, señaló que aplicarán un “congelamiento” de precios a los medicamentos vinculados con el tratamiento del COVID-19. Aseguró que desde marzo no han realizado incrementos en los precios de estos insumos.

“Nosotros definimos desde el inicio de la cuarentena, a mitad de marzo, en no subir los precios de medicamentos en las cadenas [de farmacias] y así lo hemos hecho. Hasta la fecha se puede comprobar con boletas de venta, Sunat, e información que hemos entregado a Indecopi, que nosotros no hemos subido el precio de medicamentos desde entonces”, afirmó Yañez.

No obstante, precisó que los proveedores están presionado para que las farmacias eleven sus costos específicamente en algunos productos (como la azitromicina, el paracetamol, entre otros) dado que hay una demanda mundial fuerte de estos. “Frente a esta presión de alza de costos, nosotros hemos anunciado que en esos productos vamos a congelar los precios incluso en la eventualidad en que el proveedor nos suba los costos”, aclaró.

Por su parte, la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) señaló que rechaza cualquier tipo de especulación con el precio de los medicamentos.

“Acompañamos al Estado en esta lucha frontal contra prácticas ilegales, que atribuimos principalmente a los negocios informales que promueven un mercado negro de medicamentos, y que debe ser fiscalizado por las autoridades bajo las normas vigentes”, indicó la asociación en un comunicado.

No obstante, Alafarpe indicó que discrepa con aquellas voces que proponen un control de precios para los medicamentos, ya que los resultados serían nefastos.

“Lo único que lograría sería incrementar este mercado negro vinculado a la existencia de mafias ilegales que alimentan la corrupción en el ámbito público y privado. Nuestra historia reciente demuestra que cuando tuvimos control de precios en los años 80, los resultados fueron nefastos para los pacientes y los ciudadanos”, subrayó la asociación.

Ante esa situación, Alafarpe propone al Gobierno trabajar juntos para ampliar la oferta de medicamentos en supermercados, tiendas retail, farmacias, Minsa y EsSalud. Esto con la finalidad de lograr una sana competencia que evite la especulación y que los medicamentos del Estado lleguen a sus pacientes de manera gratuita.

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¿Qué es el covid-19?

El covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

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