La norma sobre el teletrabajo no otorga la flexibilidad necesaria: ¿cuáles son sus problemas?

La reciente guía de prevención ante el coronavirus en el ámbito laboral, que fue publicada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), acoge al teletrabajo como forma de prevención ante la rápida propagación de la pandemia.

Se trata de una modalidad laboral que ahora es ampliamente utilizada en el mundo. En el documento se establecen algunas pautas si se utiliza el teletrabajo de forma preventiva, pero la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, reconoció que el marco normativo actual de esta modalidad no es lo suficientemente flexible para enfrentar el aislamiento de los trabajadores en caso de que se requiera.

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“En las próximas horas vamos a dar un decreto supremo que justamente pone a disposición de las empresas un conjunto de opciones”, dijo Cáceres en una entrevista a RPP, sin dar mayor detalle de la permanencia de las medidas por dictar.

En conversación con El Comercio, expertos laboralistas detallan por qué la norma es difícil de aplicar y debe ser modificada de manera permanente.

UNA NORMA ANTICUADA

“De los tres millones de empleos formales que hay [en el Perú], solo dos mil personas aproximadamente [al 2019] son teletrabajadores, lo cual es poquísimo”, menciona Ernesto Cárdenas, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.

Los problemas de la norma peruana yacen en dos aspectos que deben ser modificados, de acuerdo con los abogados. En primer lugar, la disposición señala que la empresa debe asumir los gastos en los que el trabajador incurre si pone sus propias herramientas para el teletrabajo. “Cuando el teletrabajador aporte sus propios equipos o elementos, el empleador debe compensar la totalidad de los gastos, incluidos los de comunicación”, señala la ley vigente desde el 2013.

“Si soy una empresa, debo asumir el gasto del trabajador porque él utiliza su laptop y su Wifi”, detalla Cárdenas.

Para Carlos Espinoza, asociado senior del estudio Rebaza, Alcázar de las Casas, no habría razón para que el empleador asuma, por ejemplo, los costos de la conexión a Internet o la línea –o plan de datos– del celular de un trabajador cuando opta por trabajar fuera del centro laboral.

En segundo lugar, Pamela Navarro, directora de PPU y experta en derecho laboral, explica que la norma pide establecer medidas de salud y seguridad en el trabajo para quienes teletrabajan, lo que obligaría a las compañías a inspeccionar cada lugar de donde su empleado labora cuando no se encuentra en sus oficinas. “¿Cómo haces si un trabajador elige ir a un Starbucks o a un restaurante para ejercer el teletrabajo, siendo hoy tan fácil acceder a Internet desde cualquier lugar?”, cuestiona.

“Como esta regulación es tan estricta y formal, la gente teletrabaja pero de manera informal y a eso la gente le llama ‘home office’”, explica Cárdenas, en referencia a una modalidad de trabajo que ya es adoptada por algunas empresas locales. Navarro añade que esta política no se encuentra comprendida en el marco formal del teletrabajo, y es empleada como un “beneficio” que otorgan las compañías a sus trabajadores para que tengan uno o dos días a la semana disponibles para laborar desde casa.

“La norma no responde a la necesidad actual. Por ello las firmas tienen políticas voluntarias de ‘home office’.”

Pamela Navarro, directora del estudio PPU

Según Cárdenas, el Ministerio de Trabajo se ha reunido con diversos gremios para socializar cambios a la normativa vigente de teletrabajo con la finalidad de presentar un proyecto de ley ante el nuevo Congreso que modifique la norma.

Al cierre de esta nota, el sector no respondió las preguntas de El Comercio sobre este aspecto.

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