Ley de promoción agraria: especialistas advierten que nuevo proyecto podría desalentar la contratación formal

En medio del debate generado debido a posibles consecuencias negativas en el sector, hoy finalmente se decidirá la aprobación del proyecto de la nueva ley de promoción agraria, el cual fue elaborado por una comisión multipartidaria en el Congreso de la República –presidida por Juan Carlos Oyola, de Acción Popular–.

El impacto de esta iniciativa, que surgió tras las protestas de agricultores en Ica y el norte del Perú, ha sido puesto en cuestionamiento desde distintos gremios, como la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP) y la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid) al señalar, entre otros efectos, que se perderían más de 200.000 puestos de trabajos formales.

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“Los cultivos se verían afectados debido a la incapacidad de pagar más mano de obra por el abrupto incremento en el sobrecosto”, señalaron desde AGAP en un comunicado.

SALARIO MÍNIMO Y CONTRATACIÓN

Precisamente, uno de los temas puestos sobre la mesa es el incremento de la remuneración diaria, que se fija a partir del proyecto en S/58,77 –cuando inicialmente era de S/39,19–.

“Se establece un salario mínimo por encima del resto de la economía. El salario mínimo puede elevar las remuneraciones de los que tienen trabajo, pero desalienta la contratación formal”, reflexionó Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade.

La primera ministra Violeta Bermúdez señaló ayer que el Ejecutivo no está a favor de la inclusión de este incremento, al considerar que este debe establecerse mediante un acuerdo.

“No nos parece que en una ley se determine ningún salario”, objetó en diálogo con RPP. “Creemos que cualquier incremento, mejora o bonificación debe ser un acuerdo entre las partes [trabajadores y empleadores]”, agregó.

Consecuentemente, al fijar este sueldo, la titular de la PCM manifestó también que el proyecto “limita la posibilidad de negociación más adelante”.

César Yánez, administrador de la agrícola Riachuelo, señala por su parte que se debería realizar un estudio para determinar cuántas empresas pequeñas serían las que no podrían cumplir con este requerimiento.

“Nosotros nos regimos de acuerdo con los precios del mercado. Estamos en pandemia y competimos con todo el mundo; nos estamos poniendo menos competitivos”, resaltó en diálogo con El Comercio.

“La mayoría de países busca cómo ayudar a sus productores”, resaltó.

CAPACIDADES DIFERENTES

Existe un impacto diferenciado para las empresas del sector: algunas, como las grandes, podrían ver reducida su rentabilidad; mientras que las pequeñas o medianas podrían no alcanzar a cubrir todos los costos establecidos en el proyecto –como la implementación de salas de cuna, comedores o una posta médica–.

“Para una empresa pequeña o mediana, que incrementes el costo laboral la puede volver a números rojos, porque su margen es tan pequeño que cualquier incremento de costo la va a golpear”, explica Luis Corvera, director ejecutivo de Fresh Fruit.

“No tienen muchas vías para poder adaptarse a una ley que incrementa los costos laborales”, agrega.

En el caso de las grandes, afirma, se vería golpeada la rentabilidad. “Lo que va a ganar no va a ser lo suficientemente atractivo para evaluar qué hace en ese producto”, comentó.

En esa misma línea, Jaramillo destaca que la inversión en infraestructura, al incluir la construcción –por ejemplo– de un comedor, no pueda ser asumida por una pequeña empresa.

“El impacto más fuerte de estas exigencias de inversiones recae sobre las empresas pequeñas”, enfatiza.

Si bien aún falta esperar el reglamento para el proceso de adecuación, los especialistas coinciden al enfatizar el precedente que se establecería.

En palabras de Bermúdez, esta norma “puede traer consecuencias en otros sectores que más adelante quieran hacer lo propio”.

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