Perú va un paso atrás en el incentivo del uso de vehículos eléctricos, según especialistas

A través del Decreto Supremo N° 022-2020-EM publicado el sábado último en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó las disposiciones para implementar la futura infraestructura de carga y abastecimiento de energía para vehículos eléctricos. De este modo, buscan alentar el uso de eficiente de recursos energéticos y reducir el uso de combustibles fósiles.

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La norma facilita las instalaciones para la recarga de los vehículos eléctricos en las estaciones de servicios de combustibles líquidos, GLP o GNV. Asimismo, abre la opción de permitir la carga privada de vehículos sin fines comerciales, para recargar en domicilios y centros de trabajo.

La meta trazada al 2030 por el Minem, es que el 5% del total de vehículos livianos y buses operativos en el país utilice energía eléctrica. Esta norma permitirá que los establecimientos de infraestructura de carga accedan al mercado libre de electricidad.

Cabe indicar, que en julio pasado se alcanzó un récord histórico de ventas de autos eléctricos e híbridos en Perú al registrarse 63 unidades nuevas, superando el pico de 59 unidades, registrado en diciembre del 2019, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

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El ex viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, saludó esta medida, sobre todo porque consideró que hasta el momento ha sido limitado el avance en el impulso de la movilidad eléctrica en el país, tanto en el transporte público como privado.

“Esta norma me parece un muy buen paso, porque efectivamente va a permitir facilitar una infraestructura para el uso de movilidad eléctrica, que requiere ser recargado en varios puntos del país, no solo en Lima”, apuntó.

Castro añadió que lo importante también es que se alienta la transición a esta economía baja en carbono, más aún en el caso del transporte, teniendo en cuenta que la contaminación del aire en Perú es causado por la flota vehicular en un 70%, mientras que el otro 30% es industrial.

El experto en medio ambiente precisó que según cifras oficiales, la tasa de mortalidad atribuible a contaminación del aire no baja a 5 mil personas al año. “Además, es el principal costo de degradación ambiental”, expresó.

Otro factor que apuntó Castro es el del sector transporte, que es “el principal consumidor de combustibles derivados del plomo, como diésel y gasolina, fundamentalmente importados, de modo que el tránsito hacia la movilidad eléctrica nos permitiría también ahorrar en este rubro”.

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Asimismo, puntualizó otro beneficio de esta medida. “Con esta norma, los grifos van a demandar empleo verde, equipamientos, servicios de colocación y servicios cotidianos alrededor de la movilidad eléctrica, lo que significa mejoras en salud, social, ambiental, y económico”.

Promoción

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, señaló que falta que el Estado publique una ley para incentivar el uso de vehículos eléctricos. “Probablemente somos el único país en Sudamérica que aún no tiene vehículos eléctricos en buen número”, indicó. Cabe indicar que, de acuerdo con el Minem, la meta trazada al 2030 es que el 5% del total de vehículos livianos y buses operativos en el país utilice energía eléctrica.

El abogado refirió que el Estado debe incentivar la compra de estos vehículos no solamente en el transporte privado sino en el público. Pone como ejemplo la flota del Metropolitano que debe ser renovada porque ya cumplió 10 años. Debería ser renovada con vehículos eléctricos, pero no existe el marco legal.

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En tanto, la norma del Minem para habilitar los grifos para recarga es una medida complementaria, indicó Quispe Candia. “Como en otros países, deben habilitarse espacios para carga rápida y lenta. Igual en los domicilios, habilitar el sistema en las cocheras, para que los conductores carguen sus autos toda la noche”.

Otro punto que desincentiva el uso de autos eléctricos, añadió el titular de Luz Ámbar, es el precio. “En este momento, los vehículos eléctricos son caros. Los precios están por los US$ 35 mil. Mientras que encuentras autos a gasolina, GNV o GLP desde US$ 10 mil”, apuntó.

En esa línea, comentó que el Estado debe motivar una mayor competencia. “En nuestro país hay más de 55 marcas de vehículos, pero sin mayor control. Falta una norma que indique qué tipo de vehículos pueden entrar. No existe ese filtro”.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Mario Chong, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico, argumentó que en otros países existen subsidios para compra de vehículos eléctricos, exoneración de impuestos y facilidades para los usuarios. Y esto implica una inversión del Estado para subvencionar las estaciones de cargas y puntos de carga.

“Hasta marzo del 2020, Estados Unidos tenía aproximadamente 78.000 puntos de cargas de vehículos eléctricos y cerca de 25.000 estaciones de carga. California es el estado con mayor cantidad de vehículos y estaciones de carga; seguido por Texas y Florida”, puntualizó.

Con respecto a California, Chong precisó que tiene un plan de cero emisiones al 2040 y se enfoca a ello. En esa línea, comentó que sería bueno “tener una estrategia como Estado en el tema del transporte eléctrico, considerando los vehículos híbridos y totalmente eléctricos”.

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“Si fuera una estrategia como país, sería bueno enfocarse en el transporte público. Algunas cifras indican que China tiene mayor cantidad de buses eléctricos, 400.000 aproximadamente, por su política de priorización en la electrificación del transporte público; con subsidios y regulaciones nacionales”, agregó.

Mientras que el plan de Shanghai es tener una flota totalmente eléctrica antes del 2021. A nivel Latinoamérica, tenemos alrededor de 1.300 vehículos eléctricos de transporte público. Lidera Chile con casi el 30%, seguido por Colombia y Brasil. “Si hablamos de una política eficiente y eficaz sería enfocada a este sector”, dijo Chong.

El docente de la UP subrayó que esto implica una participación activa y liderada por el Estado; por el nivel de inversión, subsidios y apoyo a las empresas del sector. Es decir, una línea estratégica con el Estado.

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