¿Qué es la pensión por consumo? Expertos analizan la viabilidad de esta iniciativa

En el video, explicó que la pensión por consumo asegura una pensión de jubilación para todas las personas, ya sean trabajadores formales, desempleados o amas de casa, por realizar compras en mercados, supermercados, en viajes, hoteles u otros. Además, en la descripción del video, añadió que el Estado cubriría la pensión de 20 millones de peruanos.

Así, se busca que el Estado devuelva el 1% de todas las compras, estén o no gravadas con el IGV.

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Este Diario encontró que esta iniciativa fue presentada a la Comisión de Economía el 11 de abril pasado. Se trata del artículo 36 del proyecto que tiene por nombre “Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano”. El texto tiene el objetivo principal –como lo indica su propio nombre– la reforma del sistema de pensiones del país. El proyecto define la pensión por consumo como un aporte voluntario con fin previsional que proviene de los gastos por consumo realizados por los afiliados que sean debidamente sustentados en comprobantes de pago con DNI.

Efectivamente, según el escrito, la pensión por consumo corresponde al 1% de la suma del valor de los comprobantes de pago emitidos dentro de cada ejercicio fiscal, con un tope de 12 UIT anuales del consumo total.

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Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat, explicó que este es un tema complementario, piloto y experimental que no beneficia a los más pobres.

“Estoy en desacuerdo. Fuerza Popular lo vende como si fuera el gran eje que va a beneficiar a 20 millones de peruanos, lo cual es una fantasía total”, agregó, refiriéndose al post en la red social X que publicó Fujimori.

Así, Arias Minaya resaltó que el país no solo no cuenta con esa cantidad de Población Económicamente Activa (PEA), sino que el proyecto sería un subsidio, cuyo costo podría alcanzar los S/ 3.600 millones anuales al Estado.

“Dicen que se va a financiar del dinero que no se gasta: Esa es otra falacia porque lo que se gasta genera un déficit de más de S/ 30 mil millones y esto añadiría un mayor déficit al fisco. Se va a financiar con endeudamiento. Es un despropósito”, dijo a El Comercio.

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Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidió en que la cifra de los 20 millones de beneficiarios es un cálculo desconocido, pues la Población en Edad de Trabajar (PET) suma 25 millones y la PEA ocupada, 18 millones.

Sin embargo, a partir de esos 20 millones, uno podría calcular el costo total. “La devolución de un punto del consumo es mayor que la devolución de un punto porcentual del IGV, porque buena parte del gasto de los hogares no está gravado por IGV y compra en el sector informal”, indicó.

Sobre el tema, Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, resaltó que la iniciativa de pensiones por consumo es un complemento al esquema de pensión, pues por sí solo, no sería suficiente.

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Para entender el alcance, graficó que, si una persona gana S/100 en la economía formal, aporta S/10 a su pensión. Teniendo en cuenta que una parte de la canasta básica no está gravada con IGV, los colegios y otros, alrededor del 50% del consumo no estaría afecto y, de ese 50%, el 18% serían menos de S/9.

“Si tú pusieses todo el IGV que consumes a tu cuenta individual, aportarías menos de lo que haces por el esquema vigente actual sobre el salario. Si vas a poner 1%, esos S/9 se convierte en S/0,5. El esquema por consumo es el equivalente al 5% del esquema por salarios”, sostuvo.

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía, destacó que es una medida que posibilita que haya más cuentas, pero con el problema de que serán cuentas con muy poco importe.

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“El problema de fondo es que se ahorra muy poquito para tener una pensión, porque los consumos están muy asociados con los ingresos. Si los ingresos son bajos, los consumos también serán bajos”, añadió.

Para Ferrini, la ventaja del sistema por consumo es el aporte mensual, pues hoy día la gente que aporta por salario contribuye, en promedio, la mitad del tiempo. “Le estás aumentando casi un 10% a tu cuenta individual y eso es bueno porque te ayuda a tener una mejor pensión, a formalizar la economía y, probablemente, generar un hábito de ahorro”, dijo.

Sin embargo, resaltó que el esquema resulta interesante siempre que se entienda como un complemento de la pensión actual.

Ferrini también anotó que, según sus análisis preliminares, existe un costo fiscal, pero este sería manejable. Esperan, dijo, el veredicto lo dé el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo Fiscal.

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Entre las principales críticas al proyecto está que las personas con mayor poder adquisitivo podrán comprar cosas más caras, por lo que se les sumará un porcentaje mayor a su cuenta. Sobre esto, Ferrini anotó que el esquema presentado habla de topes; es decir, que se puede acotar a que solo se devuelva IGV para consumo de máximo uno o dos salarios mínimos al mes.

“Hay un desafío grande, pero no quiere decir que no podamos ir cerrando espacios e incorporando cada vez más gente a un esquema de pensiones que ayude a que tengan más pensión. En vez de destruir el sistema actual porque no le da pensión al 70% de la población, hay que fortalecerlo para que le dé una pensión decente al 40% y poco a poco ir avanzando”, subrayó.

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Fuentes apuntó que, si bien es importante motivar la discusión, se debe reconocer que el proyecto tiene varios problemas.

Entre las dificultades operativas está la trazabilidad del 1%, pues debe haber algún comprobante. Además, si bien esto puede empujar la formalización, el porcentaje no se verá sino después de 40 años, por lo que no es un mecanismo conductual muy fuerte, afirmó.

Por ello, coincidió en que puede ser parte de una solución más integral. “Esperar que la formalización se vaya a reducir drásticamente y, producto de ella, los costos asociados a la devolución sean menores, tiene un supuesto heroico”, afirmó el representante del IPE.

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En otro punto no menor, observó sobre cómo se devolverá el porcentaje a una familia donde los gastos los realiza una sola persona. “Se le devuelve solo a esa persona o se divide entre toda la familia. Es un tema importante saber quién será el beneficiario de esta devolución”, añadió.

En otro momento, anotó que el rastreo está registrado únicamente a la empresa que hace la venta y eso requiere un esfuerzo formalizador y de cumplimiento tributario importante que el proyecto no explica.

Asimismo, agregó que la medida significará un alto costo fiscal pues los subsidios no son focalizados y, en segundo lugar, porque el monto no es fijo, es decir, recibe más el que gasta más.

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“Creo que es una alternativa que se debe analizar y ver su viabilidad económica y financiera, pero sin dejar de lado que tiene que estar integrada en una propuesta mucho más grande y, dentro de esta, establecer una pensión mínima financiada con fondos del Tesoro. Esa pensión mínima, la parte que no venga de la ONP o AFP, puede venir directamente del Estado”, detalló.

En tanto, Tuesta anotó que el financiamiento vendría de las arcas fiscales, con recursos que estaban destinados a otros objetivos como el combate de la anemia, por ejemplo, o al sistema de salud.

“Vas a devolver, además, a una persona que no necesita esa devolución. Me parece un esquema de carácter complementario, no una vía para solucionar las pensiones. El problema principal es el de los retiros. Para qué obligas el consumo si vas a poder retirar. Para que haya una pensión no puede haber retiros, esa es la probabilidad número uno”, dijo.