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Nuestra memoria documental es intocable, por Patricia Balbuena Palacios

Patricia Balbuena Palacios, Ministra de Cultura, opina sobre la demanda de desalojo presentada por el Poder Judicial contra el Archivo General de la Nación (AGN).

En el sótano de Palacio de Justicia, se almacenan unos 17 mil metros lineales de documentos históricos

En el sótano de Palacio de Justicia, se almacenan unos 17 mil metros lineales de documentos históricos [Fotos: Anthony Niño de Guzmán]

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Nos amparan 80 años de historia, que respaldan la posesión continua, pacífica e ininterrumpida del Archivo General de la Nación (AGN) en la sede del Palacio de Justicia. Hay testimonios, planos y constancias de aportes económicos del AGN a la construcción del edificio del Palacio que dan fe de que tenemos un derecho de propiedad ganado a pulso.

No somos inquilinos. Somos copropietarios. Nos corresponden los ambientes del primer piso y del sótano porque, repito, hay argumentos legales que demuestran que el AGN financió con recursos propios su construcción. Estos argumentos se enfrentan a la postura asumida por el Poder Judicial (PJ) de desconocer una convivencia que quedó sellada en 1929, cuando el presidente Augusto B. Leguía ratificó en su discurso ante el Congreso ordinario lo dicho, que el Palacio de Justicia sería la sede del Archivo Nacional.

Ahora el PJ quiere desconocer la historia y la legalidad al argüir que es el único ente que tiene derecho de propiedad en virtud de la inscripción registral que hizo basándose en la Ley N.° 29473. Pero esa inscripción se realizó unilateralmente y sin la información respectiva al AGN. Somos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, pero estamos en desventaja: son las mismas autoridades judiciales las que nos demandan y las que decidirán el destino de nuestro patrimonio documental, resguardado en el AGN.

Tal vez esta sea una oportunidad para el PJ de demostrar que puede revertir los cuestionamientos que pesan sobre la institución. Tiene ahora la opción de, precisamente, hacer justicia, no con el AGN, sino con la memoria del país, con esa memoria documental que nadie puede tocar y menos exponer corriendo el riesgo de dañarla o perderla estando tan cerca el bicentenario.

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