Gladys Echaíz: “La mano dura puede llevar consigo un abuso, una arbitrariedad” | Entrevista

— La última encuesta de El Comercio Ipsos indica que César Acuña es el tercer candidato con mayor antivoto, 69%. ¿Cómo puede revertir esa cifra?

Es un tema de sus asesores que deberán evaluar las estrategias que han venido empleando hasta la fecha a efectos de mejorarlas y orientarla a la campaña hacia un mejor rumbo. Ahora, las encuestas son referenciales, pero deben, de todas maneras, tomarse en cuenta.

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— ¿Cuál es la responsabilidad de APP en la crisis política de noviembre?

Creo que el tiempo les ha dado la razón. El primer dignatario debe ser una persona que no tenga los comportamientos del señor Vizcarra. Se ha puesto en evidencia que su conducta está involucrada con hechos de contenido penal. No sé si para algunos en la población todavía es lógico y correcto que una persona con esa tabla de valores representara a la nación peruana. Yo creo que los actuales congresistas de Alianza para el Progreso acertaron al tomar la decisión de que el Perú sea representado por otra persona con menos cuestionamientos.

— A mediados de febrero, Yeny Quispe Quiquijana fue sentenciada a seis años de cárcel por transportar casi 12 kilos de cocaína. Y APP la tuvo hasta semanas antes de este fallo como candidata al Congreso. ¿Cómo se les pasó un caso tan grave? ¿Sus filtros son blandos?

En las regiones los filtros para la selección de candidatos no han sido muy cerrados, sino más bien un poco abiertos. Felizmente, Alianza para el Progreso reaccionó rápido y [Quispe] fue separada del partido. La señora no es más candidata. Y el hecho es que aún cuando la prensa no lo hubiese denunciado, no podía pasar desapercibido. La señora ha sido condenada por un hecho gravísimo, nadie podía apañar ni admitir [su postulación].

— No es la primera vez que les sucede. Le recuerdo que APP llevó al Congreso en el 2016 a Edwin Donayre y Benicio Ríos, ambos desaforados y hoy en prisión. Y en el 2020 a Humberto Acuña, quien tiene sentencia por cohecho pasivo genérico en segunda instancia; y a Moisés González, condenado a cuatro años de prisión suspendida por colusión…

Alianza para el Progreso al igual que otros partidos ha tenido problemas de esta naturaleza. Y me imagino- porque yo no soy miembro de APP, sino una invitada- que les han dejado postular en base al principio y garantía de la administración de justicia que dice que todos somos inocentes hasta que no se nos pruebe lo contrario. Pero, en su momento, y dadas las condenas han sido puestos a disposición de la justicia. Cuando me invitaron, una de las cosas que hablé con el señor Acuña fue esta situación. Él me dijo que habían tomado debida nota y que habían dado las instrucciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Lamentablemente, hemos visto que, en Puno, estas instrucciones no se cumplieron. Y probablemente, por ahí pueda aparece uno más, pero tenga la seguridad de que nosotros no permitiremos estas situaciones.

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— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electa?

Entre mis prioridades está contribuir en medida de las posibilidades a que se solucione el tema de la vacunación de todos los ciudadanos. Y contribuir como congresista a que la economía del país se equilibre para que se reactive la misma y podamos recuperar los puestos de trabajo perdidos, a efectos de que la población más afectada vuelva a tener algún respiro o, por lo menos, tener un pan sobre la mesa.

— Usted menciona la vacunación y la reactivación económica, pero esos son responsabilidades del Ejecutivo…

He dicho que apoyaremos. Efectivamente, se trata de temas de gestión [del gobierno], pero apoyaremos esas gestiones con nuestro accionar. Una cosa es apoyar la gobernabilidad, garantizar, incentivar y velar para que se cumpla con esta política de salud pública. Un congresista no es ni debe ser indiferente.

— ¿Y cuáles son los proyectos que priorizará si es elegida como parlamentaria?

Mis proyectos de ley están orientados a una reforma judicial. Por ejemplo, se debe cambiar la forma de ingreso tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público para que sea a través de una escuela judicial. Ahí se deben formar, capacitar y perfeccionar los magistrados. Y que los mejores de esa escuela salgan a ocupar los puestos que vayan quedando vacantes. Y la evaluación debe ser permanente, y en función al resultado del trabajo.

También existe la necesidad de revisar el número de los vocales supremos y si se requiere o no varias salas [en la Corte Suprema]. Por otro lado, consideramos que se debe modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que la elección de estos magistrados se produzca desde seis meses antes de que venza el plazo [del mandato] de algunos de ellos…

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— ¿En un eventual gobierno de APP, se repondrá en sus cargos a los 18 generales PNP que fueron enviados al retiro por la administración de Francisco Sagasti?

Este tema tengo el conocimiento de que está en manos del Poder Judicial, Alianza para el Progreso está muy lejos de intervenir en la administración de justicia. Indudablemente y escrupulosamente [vamos a respetar lo que determine la justicia].

— ¿Cuál es la diferencia entre la “mano dura” que propone Keiko Fujimori y la “mano firme” de César Acuña?

La firmeza al ejecutar una decisión con convicción, llevarla adelante hasta su consecución. La mano dura puede llevar consigo un abuso, una arbitrariedad. La dureza no necesariamente es fuerza, la fuerza construye, nos da la unidad y no lleva a empujar al país a un cambio positivo.

— ¿El gobierno de Manuel Merino fue de corte autoritario? ¿Por qué?

Pero sí fue un gobierno de algunos días, oiga. Ni siquiera llegó a gobernar, apenas se sentó cuatro días o una semana [en Palacio de Gobierno] , yo no lo sé, y con tanto desorden público, yo no vi que hubiera habido una decisión de gobierno.

— APP también plantea un licenciamiento único para las universidades. ¿No es un retroceso a la reforma universitaria?

Quienes conocen el tema educativo, consideran que el licenciamiento y certificación son dos cosas que pueden ir de la mano y que benefician a la educación. Lo que APP y César Acuña proponen es elevar el nivel de la educación en todas las instituciones públicas del país, desde la inicial hasta la universitaria, porque los problemas que tenemos actualmente en todas las instituciones, incluyendo el sistema de justicia, está relacionado con el tema de la educación universitaria, con la baja calidad de la enseñanza. Cada vez es menos lo que te enseñan, cada vez el rendimiento de los alumnos es menor. De ahí la preocupación de que no solo se licencie, sino que se certifique la alta calidad de las universidades públicas y privadas.

La crisis en el Ministerio Público

— ¿Cuánto afecta a la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto el retiro de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez? ¿Cree que beneficia a los implicados?

Ese es otro error que existe en la sociedad civil, el Ministerio Público es uno, los fiscales son indiferentes. Si sale un fiscal viene otro, y siempre hay que escoger al que sea mejor, al que tenga el perfil y las condiciones a nivel profesional para llevar adelante [el caso] lo más rápido posible y de manera exitosa. Si un fiscal sale, vendrá otro que revisará [el expediente] y seguirá adelante. Entienda que los magistrados tienen capacidad para documentarse en forma inmediata. No es que les va a tomar 50 años en revisar y tomar conciencia de todo lo que hay. Acá se arma toda una especulación porque se cambia a un par de personas por otras, o porque se rotan. La rotación no perjudica las investigaciones, si se hace con fines de necesidad cuando hay algo que está afectando a la institución y que más tarde puede afectar la credibilidad de los resultados de estas pesquisas.

— ¿A la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le faltó muñeca o imponer su jerarquía para acabar con las discrepancias públicas del equipo especial?

Mire, cada cual sabe cómo hace las cosas. Desde mi punto de vista, surgida una situación de esta naturaleza se debió cortar de raíz para evitar mayores males. Bueno, se dejó continuar y ha salido a la luz hechos bochornos y vergonzosos que han dañado la imagen de la institución. Los que vienen tienen la doble tarea de llevar adelante y bien las investigaciones y, a la par, recuperar la imagen y la credibilidad [del Ministerio Público] que ha sido puesta en cuestión por estas señoras.

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— Ávalos indica que esta cita se realizó cuando ella no era fiscal de la Nación. ¿Cree que debe dar un paso al costado? ¿Por qué?

Mire, si a mí me invitan [al Congreso] a dar una opinión o a explicar alguna situación o hecho que esté afectando la imagen de mi institución creo que es un deber moral y constitucional ir a aclararlo. Creo que para conservar la imagen de rectitud, honestidad y transparencia debemos explicar lo que ha pasado, lo que sabemos y lo que no, lo derivamos a quien sí sabe lo que pasó. Yo no veo [en esta citación del Parlamento a Ávalos] una ofensa o una persecución. Se trata de una institución pública, que presta un servicio público, del cual dependen investigaciones importantes. Entonces, por qué no ir. Por lo menos antes, nuestra política era ir y responder.

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— ¿Ávalos debe renunciar?

Esa es una decisión de ella, depende de la Junta de Fiscales Supremos, que analice y revise lo que está pasando, que vea si las políticas actualmente aplicadas en la institución son las que corresponden o si deben ser revisadas.

— Usted dijo que toda la Junta de Fiscales Supremos debía ser remozada…

Me refería a todos, porque no reaccionan, no son capaces de reconocer cuando hay un problema, y dar soluciones, están esperando…

— ¿Los actuales fiscales supremos tienen que irse? ¿La Junta de Fiscales Supremos debe se reconstituida?

Si es que no hay una respuesta rápida, urgente del interior, el Ministerio Público no puede seguir en una situación de esta naturaleza.

— ¿Cuál es su opinión sobre la destitución por parte de la JNJ de Pedro Chávarry? ¿Cree que fue una decisión acertada?

[Ríe] Creo que debieron esperar un poco más. Y debieron investigar bien […] Creo que los comportamientos que le atribuyen [a Chávarry] como faltas nos conllevan a pensar que no conocen la ley orgánica del Ministerio Público, eso es lo que pienso, se desconoce la ley orgánica del Ministerio Público y, posiblemente, normas especiales. En cuanto a los hechos no conozco el expediente, no lo he revisado, pero los comportamientos consideramos como tales están perfectamente descritos en la ley orgánica y si los hubieran revisado no sé cual hubiera sido la decisión.

— Algunos candidatos presidenciales señalan que dejarán sin efecto el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. ¿Usted comparte esa postura?

No puedo compartir esa postura, porque la fiscalía es un ente autónomo e independiente, como el Poder Judicial. Nadie, ningún político debe intervenir en la administración de justicia, dejemos que los fiscales y jueces trabajen, dejemos que mañana nos den los resultados de su trabajo. ¿Por qué tenemos que inmiscuirnos en investigaciones judiciales? Eso es inconstitucional, eso constituye un delito. No a la interferencia del órgano de la administración de justicia, respeto a su independencia y autonomía funcional. En eso se ha equivocado el señor, y creo que debería leer la Constitución, porque el presidente de la República tiene como deber respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes.

— ¿Se refiere a Rafael López Aliaga?

Indudablemente, a él y a todo el que lo diga, pero él es el más lo ha dicho, que conozca y revise la Constitución cuáles son las atribuciones del presidente de la República y que vivimos en un Estado democrático y de derecho, donde el sistema de justicia es independiente del poder política. Esa independencia es la única que pueda garantizarnos a nosotros la libertad frente a cualquier persecución política o de abuso de poder. Pero ahora, vienen a decir que “yo voy a ordenar que se haga”, no señor, está equivocado. O desconoce la ley o es un comportamiento doloso, si eso es así que lo piense bien el pueblo, estaríamos frente a un dictador.

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