Corrupción en gobiernos subnacionales: ¿Cómo afecta al gasto público destinado a obras?

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La lista elaborada por el máximo órgano de control figura en el documento titulado “Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el 2020″ y estima que ese año tanto los gobiernos regionales como los municipios del país habrían perdido S/10.400 millones debido a ineficiencias administrativas o actos de corrupción de funcionarios vinculados a ambos niveles de gobierno.

Entre las irregularidades más comunes figuran, por ejemplo, las sobrevaloraciones de obras o las contrataciones de bienes o servicios no requeridos. La Contraloría calcula que los S/10.400 millones representan casi la mitad de lo que habría perdido todo el Estado Peruano durante el 2020 (S/22 mil millones) por temas vinculados a la corrupción. El monto restante (S/11.500 millones) corresponde a perjuicios en entidades del Gobierno Central.

Las regiones con una mayor cantidad de recursos desperdiciados producto de la corrupción de entidades subnacionales son Piura, Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Huancavelica, Áncash, Cusco, Junín, Ayacucho y Apurímac [ver interactivo]. Las pérdidas estimadas para la región norteña en el 2020 ascenderían a S/816 millones, cifra que representa el 18% de su presupuesto. Es decir, casi uno de cada cinco soles de sus recursos públicos subnacionales habrían sido absorbidos por la corrupción.

Menos gasto

La corrupción presente en las gestiones estuvo seguida de una baja ejecución presupuestal. En lo que va del 2021, los gobiernos regionales de los departamentos mencionados, a excepción de Cusco y Apurímac, han gastado menos del 40% de sus partidas para obras. En ambas regiones, los proyectos relacionados a la educación o agro (especialmente en riego) tienen una mayor participación en el presupuesto y registran, a su vez, más avance.

En contraste, Piura y Junín, que durante este año incrementaron su presupuesto de inversión en más del 50%, han gastado apenas poco más de la tercera parte de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

El caso de las municipalidades es aún más crítico debido a que en ninguna región las comunas han ejecutado conjuntamente más del 50% de su gasto para obras. En este nivel de gobierno destacan los casos de Piura y Áncash, cuyas jurisdicciones han aumentado en mayor proporción sus gastos de inversión; sin embargo, sus ejecuciones municipales solo han alcanzado el 39,5% y 33,2%, respectivamente.

Áncash alberga al municipio distrital de San Marcos, que recibe recursos canon minero y lidera el top 10 de localidades con más recursos para inversión en proyectos. Si bien la gestión actual no ha reportado casos de corrupción, entre el 2012 y el 2016 tres exalcaldes fueron procesados judicialmente por delitos administrativos. Esta localidad aún no supera la ineficiencia del gasto y en lo que va del año solo ha ejecutado el 19% de su presupuesto recibido para obras públicas (S/85 millones de los S/447 millones).

El mismo escenario se observa en los municipios de Julcán y Calamarca, ubicados en la región La Libertad, cuya ejecución alcanza el 35% y 15% respectivamente. A fines de agosto, la Policía allanó inmuebles de sus alcaldes investigados por presuntos actos de corrupción.

En la capital destaca el caso de San Juan de Miraflores, cuya alcaldesa, María Cristina Nina, viene cumpliendo 36 meses de prisión preventiva acusada de liderar la organización criminal “Los elegantes de San John”, la cual está vinculada a compras irregulares durante la pandemia. En lo que va del 2021, esta comuna solo ha invertido el 12% de su presupuesto para proyectos de inversión.

Un caso similar se registra en los balnearios de Punta Negra y Santa María, que registran una ejecución de sus recursos para obras por debajo del 5%. El año pasado, los alcaldes de ambos distritos afrontaron investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción.

Lo que la corrupción deja atrás

Los daños que genera la corrupción no se resumen únicamente al aspecto económico. Estas cifras demuestran la debilidad de los gobiernos subnacionales para poder invertir en obras luego de haber sido sancionados. Esto hace que el gasto público no se traduzca en obras que beneficien a la población. “Hay evidencia de una capacidad de gestión débil de los gobiernos regionales y municipales. No solamente estamos hablando de recursos del Estado que se devuelven al presupuesto, sino también hablamos de que esa pobre ejecución no se materializa en obras que benefician a la población o se materializa en malos servicios. Generan un perjuicio para la sociedad porque son recursos que podrían haberse utilizado otra forma”, afirma Flavio Ausejo, especialista en Políticas Públicas de la PUCP.

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A esta falta de gasto público de calidad se le suma la lentitud propia del sistema. Los especialistas consultados coincidieron en que los funcionarios públicos honestos en ocasiones optan por no darle celeridad a los trámites de obras por temor a posteriores investigaciones de la Contraloría. “Hoy hay mucho más miedo a ejecutar. Podría haber una correlación dinámica: si antes detectaste corrupción, ahora eres mucho más cuidadoso. Si sacaron a los funcionarios malos, los que siguen continúan bajo la lupa. Si una cifra no cuadra, [el funcionario] prefiere no tomar decisiones porque puede tener implicancias negativas. Esto lo he visto a nivel local, regional y nacional”, explica Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.

Por otro lado, Casas indicó que la variación del presupuesto durante el año que tuvieron estos gobiernos puede deberse a que son aquellos que tienen más necesidad. “Eso suena raro, pero a veces donde hay más corrupción también hay más necesidades y si el gobierno quiere atender a esas zonas les va a dar más dinero. [...] Probablemente en una situación extraordinaria se tiende a elevar el presupuesto para incentivar la actividad económica, pero el riesgo es que si ha habido corrupción se les debe echar ojo, marcarlos a presión”, remarca.

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