En los 15 años que lleva el caso Utopía, 14 padres y madres han fallecido sin encontrar justicia por la muerte de 29 jóvenes durante un incendio en la discoteca. Por si fuera poco, un nuevo hábeas corpus presentado en Cajamarca busca anular todo lo avanzado.
El juez Sergio Ríos Abanto, del Segundo Juzgado Mixto de la Florida, en la provincia cajamarquina de San Miguel, aceptó a trámite el recurso legal presentado por los abogados de Alan Azizollahoff y Edgar Paz Ravines, dueños de la discoteca que fueron condenados a 4 años de prisión efectiva.
Para los padres de las víctimas, este nuevo intento de borrar el proceso y anular la orden de extradición también revela los vacíos legales en la administración de justicia.
“Es totalmente ilegal, fraudulento, no corresponde y hay que rechazarlo como lo ha hecho la justicia de Cajamarca”, dice a El Comercio Roberto Valverde, padre de Marcela (25). “¿Cómo un simple documento puede traer abajo 15 años de lucha?”, reclama, a su vez, Ángela Gonzales, madre de Maura (24).
La principal irregularidad del nuevo hábeas corpus es que desconoce el fallo de una corte superior. El año pasado, el Primer Juzgado Unipersonal de Cajamarca y la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca rechazaron (en febrero y octubre, respectivamente) la petición de anulación del proceso, presentada por la madre de Paz Ravines. La sala de apelaciones fue clara al señalar que el procedimiento legal no puede ser atendido en una localidad distinta a donde ocurrieron los hechos.
A esto se suma que el caso no ha prescrito –la argumentación de los sentenciados– y sigue en curso, de acuerdo a lo dictado por la Corte Suprema de Justicia en el 2013. “El hábeas corpus no ha sido creado para sacar criminales ni eludir la acción de justicia penal”, remarcó Valverde.
Ambos aseguran que seguirán luchando el tiempo que sea necesario para que la negligencia que provocó la tragedia no quede impune. Solo esperan que no sean otros 15 años.
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