El general PNP Andrés Vildoso Rojas es desde hoy el primer alto mando de la policía que será recluido en un penal por presuntos actos de corrupción en la compra de mascarillas en la pandemia. El plazo de la prisión preventiva será por 18 meses, según ordenó el juez Renzo Subiría Ruiz, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, a pedido del fiscal anticorrupción Francisco Alarcón Solís. Junto a Vildoso, tres oficiales PNP también serán recluidos mientras duren las investigaciones. Se trata del comandante Omar Puente Auccapoma, el mayor Jesus Benancio Cisneros y el teniente Leonardo Oblitas Bozovich. La orden también recayó contra el empresario Patrick Oblitas Bozovich, quien se encuentra prófugo.
Los cargos que se le imputan a los procesados son colusión, obstrucción de la justicia, falsedad ideológica y exposición de persona en peligro en agravio del Estado. En diálogo con El Comercio, el fiscal Alarcón dijo que el juez consideró que los imputados han tratado de influenciar en los testigos del caso y que existe un latente peligro de fuga por parte de los oficiales. Además, adelantó que apelará la resolución debido a que se descartó el presunto delito de organización criminal en el proceso.
No obstante, para el fiscal Alarcón la disposición del juez es un mensaje de que “no hay intocables” en los altos mandos de la policía que están envueltos en presuntos actos de corrupción. Ello, en referencia de que existen más de 15 investigaciones en el Ministerio Público contra unidades de la PNP por presuntas compras irregulares de mascarillas y demás equipos de bioseguridad por la llegada del COVID-19. En ellas, también se han visto comprometidos oficiales del rango del general PNP Vildoso.
“Se trata de altos mandos policiales que en su momento se creían intocables, pero así como pasó en este caso, la fiscalía puede proceder de igual manera con otros oficiales a nivel nacional”, declaró el fiscal Alarcón.
Al cierre de esta nota, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) todavía no había comunicado a qué penal serán recluidos los procesados. La defensa del general PNP y demás procesados anunciaron que apelarán lo dispuesto.
Respecto al caso en sí, a Vildoso Rojas y demás oficiales se les atribuye haberse coludido con el empresario Oblitas, representante de la empresa Ka’linson Perú, para direccionar la comprar de más de 25 mil mascarillas que no contaban con las características idóneas para salvaguardar la salud del personal policial, así como equipos de bioseguridad y limpieza. Todo por un valor superior a los S/2 millones. La compra se hizo a pedido de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), que dirigía el general PNP detenido.
Además de ello, la fiscalía cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz, transcripciones de conversaciones telefónicas y ha recabado documentación que apunta a que la empresa Ka’linson Perú en realidad sirvió de fachada para encubrir al verdadero proveedor, la empresa Bozovich y Asociados Safety SAC, cuyo hermano, el teniente Leonardo Oblitas Bozovich, y su madre, Dora Bozovich, son socios fundadores, como informó este Diario en mayo último.
La investigación se inició en abril y a medida que avanzó el caso, acciones de inteligencia registraron que los procesados, específicamente los hermanos Oblitas, empezaron a visitar la casa de los testigos de la fiscalía. “Cada vez que se citaba a un testigo, esta presunta organización criminal se entrevistaba con ellos para prepararlos ante posibles preguntas”, dijo el fiscal a este Diario.
Originalmente, el representante del Ministerio Público solicitó un plazo de 36 meses de prisión preventiva para once de los 21 investigados. Sin embargo, solo para los mencionados se dictó esta medida cautelar. Para el resto, el juez Subiría Ruiz dispuso comparecencia con restricciones.
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