Martín Ojeda se pronuncia tras anuncio de paro de 48 horas

Luego del ataque registrado el domingo 16 de noviembre contra un bus de la empresa San Germán en San Martín de Porres —unidad que recibió diez disparos mientras trasladaba pasajeros—, el representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, responsabilizó al Gobierno por la falta de resultados en la lucha contra la criminalidad y lanzó una advertencia: si ocurre un nuevo atentado, el gremio acatará un paro de 48 horas en toda Lima.

LEE: Huacho: choque entre auto y tráiler deja tres fallecidos en la Panamericana Norte

“Estamos en guerra. Esto es terrorismo urbano”, declaró Ojeda a 24 Horas, tras exigir que el Ejecutivo despliegue a las Fuerzas Armadas en la capital. El dirigente señaló que la situación se ha vuelto insostenible y que los transportistas viven bajo amenazas constantes.

Asimismo, consideró que las fronteras no están siendo protegidas adecuadamente y que por ellas ingresan delincuentes extranjeros que alimentan mafias extorsivas en diversos distritos de Lima.

El gremio Transportes Unidos emitió además un pronunciamiento en el que sostiene que los datos oficiales del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional “no reflejan una reducción real de la criminalidad”, ya que los ataques contra el transporte urbano “son más violentos y frecuentes”.

Entre las medidas urgentes que plantean se incluyen:

• La captura inmediata de los responsables del atentado contra la empresa San Germán.
• La ampliación del estado de emergencia con acciones más estrictas que permitan desarticular mafias extorsivas.
• Operaciones dirigidas contra bandas criminales extranjeras que operan en la capital.
• Control territorial efectivo con presencia sostenida de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
• Instalación de bases móviles en zonas críticas y operaciones de inteligencia reforzadas con soporte tecnológico.

MÁS: Rutas de San Germán operan bajo extorsión: mafias exigen S/300 mil desde hace seis meses

El gremio también solicitó la creación de una mesa técnica en la Presidencia del Consejo de Ministros y otra en el Ministerio del Interior para hacer seguimiento a los casos de extorsión y garantizar una rendición de cuentas permanente.