San Juan de Lurigancho: los siete asesinatos de la última semana ocurrieron en las zonas más peligrosas del distrito | INFORME

César Mamani Salas (30 años) murió el 27 de setiembre tras ser disparado por dos sujetos a bordo de una moto lineal en la zona Las Flores de San Juan de Lurigancho (SJL). Este fue el primer homicidio en el distrito tras el inicio del estado de emergencia (20 de setiembre). Desde entonces, la ola de criminalidad no ha hecho sino aumentar. La semana pasada, siete personas fueron asesinadas en cuatro días. Aun más grave es la constatación de que todos los crímenes ocurrieron en zonas identificadas por la Policía y la municipalidad como altamente peligrosas.

La trágica sucesión de homicidios en solo cuatro días inició el 16 de octubre, cuando Rolando Liñán Tejada (22 años) fue acribillado por dos hombres a bordo de una motocicleta en la zona José Carlos Mariátegui. En el mismo lugar, Florencia Remuzgo Artesano (52 años) fue asesinada dos días después afuera del mercado San Pedro, donde tenía un puesto de venta de jugos; también era dirigente de una empresa de mototaxis y, según conoció El Comercio, se negaba a pagar cupos de extorsionadores.

Al mediodía del 19 de octubre, el teniente gobernador de SJL, Tommy Saravia Atuncar (44 años), fue ultimado por dos sujetos en una moto lineal mientras supervisaba una obra en la urbanización Mariscal Cáceres. Horas después, un conductor de una mototaxi fue acribillado en el tercer paradero del asentamiento humano Huáscar. Finalmente, los serenos Jairo Urbina (29 años) y Yuri Lapa (25 años), y Richard Ríos (29 años) fueron asesinados el 20 de octubre cuando se encontraban dentro de una mototaxi en un parque de la zona Canto Grande.

Huáscar, Canto Grande, Mariscal Cáceres y Mariátegui son cuatro áreas de SJL con altos índices delictivos, como lo reconocieron el coronel Klever Zegarra, jefe de la División Policial Este 1-SJL, y el alcalde de la jurisdicción, Jesús Maldonado, en entrevistas previas con este Diario.

Por si fuera poco, la institución educativa Pronoei Honguitos, institución en Mariscal Cáceres para la instrucción de niños de 1 a 3, sufrió un robo por segunda vez en menos de una semana a manos de delincuentes que se llevaron materiales didácticos y útiles de aseo de los niños. Yolanda Rada, profesora de la institución, declaró a El Comercio que es el quinto robo que sufren este año.

La grave situación de la inseguridad en el distrito más poblado del Perú ha motivado que el burgomaestre sostenga que “el estado de emergencia está fallando”. De acuerdo con Maldonado, se han registrado al menos 8 crímenes desde que la medida entró en vigencia el 20 de setiembre.

En comunicación con este Diario, el alcalde declaró que la reducción de la presencia policial y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) conforme ha transcurrido el estado de emergencia son dos de las principales razones de la escalada violenta de la delincuencia.

“La cantidad de policías en el distrito incrementó de 600 a 1.600 con la declaratoria de emergencia. El Ministerio de Defensa nos informó que las FF.AA. realizarían el control territorial del distrito mediante 10 grupos conformados cada uno por 10 militares. Pero estas cifras están disminuyendo y eso es peligroso. Hoy prácticamente no hay presencia militar en SJL”, sostiene Maldonado.

El 29 de setiembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las FF.AA realizaron en conjunto un megaoperativo en el asentamiento humano Huáscar. La estrategia permitió capturar al clan familiar ‘Los Estrada de Huáscar’, que se dedicaba a la microcomercialización de drogas. Hasta la fecha, este es el único megaoperativo que se ha realizado desde que el distrito se encuentra en estado en emergencia.

El alcalde de SJL se reunió el martes con representantes del Ministerio del Interior (Mininter) para dialogar sobre la estrategia contra la inseguridad en los primeros 30 días del estado de emergencia. Maldonado informó a El Comercio que Héctor Loayza, viceministro de Seguridad Pública, coordinará el incremento del número de efectivos policiales en las zonas más peligrosas del distrito. Asimismo, la Policía realizará una nueva segmentación de SJL según datos de incidencia delictiva para mejorar el patrullaje.

“Por nuestro lado, pedimos que haya una mayor cantidad de policías de investigación e inteligencia para combatir extorsionadores, cobradores de cupo y mafias organizadas que generan zozobra a vecinos y comerciantes”, manifestó el burgomaestre.

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Asimismo, Maldonado resaltó que la estrategia conjunta entre la Policía, Fiscalía, el Poder Judicial y la municipalidad para actuar contra la inseguridad y procesar judicialmente a los delincuentes necesita una inversión presupuestal por parte del gobierno que, según el alcalde, actualmente es insuficiente.

“Hemos presentado al MEF una ampliación presupuestal de 40 millones de soles para comprar más cámaras, contratar a más serenos y fiscalizadores, entre otros elementos para enfrentar la delincuencia. Nos confirmaron la transferencia, pero todavía no se ha materializado. Esperamos que se realice esta semana”, subrayó.

El 15 de octubre, Santiago Medina Casimiro (18 años), cadete del Ejército, fue acribillado en San Martín de Porres (SMP) mientras bebía con sus amigos en un parque de la urbanización Manantial de Naranjal. Tres días después, los hermanos Alvin y José Legel, de 18 y 23 años respectivamente, fueron asesinados cuando se desplazaban en una mototaxi en la urbanización Paraíso Florida. Estos son los tres homicidios registrados en el distrito del cono norte desde que el estado de excepción inició el 20 de setiembre.

El martes 24, el robo de la sucursal del banco BBVA en el sector Palao a manos de cuatro delincuentes conmocionó a los habitantes de SMP. Las pesquisas señalaron que los asaltantes se llevaron una suma de dinero de aproximadamente S/5.000.

Respecto a la situación en materia de seguridad ciudadana que vive su jurisdicción, Hernán Sifuentes, alcalde de SMP, aseguró que el estado de emergencia ha permitido que los índices delictivos se reduzcan en un 21%.

“Antes del estado de emergencia, teníamos un promedio de 465 denuncias por robos, que se han reducido a 326. Teníamos solo cinco armas incautadas y ahora tenemos 33. Se han desarticulado hasta el momento 28 bandas criminales. Los vecinos deben comprender que estamos trabajando con la Policía para disminuir la delincuencia”, aseguró el burgomaestre a El Comercio. “Tener un estado de emergencia es mejor a no contar con uno”, subrayó.

En esa línea, Sifuentes señaló que, actualmente, aproximadamente 1.600 policías patrullan SMP. Indicó que esta cifra era de 960 efectivos antes del Estado emergencia. Además, el alcalde refirió que pedirá al gobierno que la cifra de policías que trabajan en el distrito incremente a 2.500 cuando culmine el estado de emergencia.

Por otro lado, el alcalde mencionó que SMP cuenta con 380 serenos para realizar labores disuasivas y preventivas contra la delincuencia. Sifuentes sostuvo que se necesita a 600 serenos para mejorar la estrategia contra la criminalidad en su jurisdicción.

Para el especialista en seguridad ciudadana Frank Casas, el estado de emergencia es una acción reiterativa del gobierno frente al desconocimiento de cómo funcionan los distintos problemas asociados a los delitos.

“Para que esta medida sea útil debe responder a una estrategia de seguridad ciudadana orientada a reducir las causas y los factores que originan y condicionan cada delito. Hasta el momento, en ningún caso la declaratoria de estado de emergencia ha tenido un enfoque de prevención del delito, y tampoco responden a una estrategia con enfoques, criterios, metas e indicadores”, dijo.

Casas resaltó que se necesitan fortalecer las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, mejorar el control dentro de los penales y generar un mayor trabajo articulado entre la PNP y el Ministerio Público.