Minedu: la mitad de los colegios públicos en el país no cuenta con títulos de propiedad | INFORME

Un colegio puede estar al borde del colapso por años y, aun así, no puede ser intervenido por el Ministerio de Educación o las Direcciones Regionales de Educación. Más allá del millonario presupuesto destinado para proyectos de inversión en centros educativos, una traba de origen bloquea cualquier acción inmediata. Lo concreto es que el Minedu tiene el título de propiedad de tan solo el 52% de colegios a nivel nacional. El restante es casi intocable.

En conversación con El Comercio, la gobernadora regional de Lima, Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, reveló que “a nivel de lo que es la región Lima, tenemos dos mil cincuenta instituciones educativas […] Es realmente increíble que tengamos mil quinientos ochenta y ocho instituciones educativas que no tienen saneamiento físico legal (sfl)”.

En noviembre del 2021 se publicó el Reglamento de la Ley N° 31318, que regula el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles del sector Educación. La disposición menciona que –al mes de julio del 2021- de los 55.132 locales públicos a nivel nacional, 37.509 no contaban con SFL. Es decir, cerca de siete de cada diez colegios no contaban con título de propiedad.

Tras la solicitud de información presentada por El Comercio al Ministerio de Educación, la institución reveló que -al 30 de setiembre de este año- de 55.410 predios educativos a nivel nacional, 26.789 no están saneados. Las cuatro regiones con menor cantidad de predios saneados -menos del 40%- son Huánuco, Loreto, Pasco, Ucayali y Lima Provincia.

Según la última información publicada por el Minedu –en el 2018-, el 15,9% de locales de educación pública requerían una reparación total de su infraestructura. Otro 10% necesitaba una reparación parcial. De hecho, solo el 18.8% de escuelas peruanas se encontraban en buen estado. Pese a ello, la falta de los títulos de propiedad no permite la renovación de estos.

La gobernadora puntualizó que en Lima regiones hay cerca de 300 locales educativos “declarados inhabitables”. Según los datos del 2018, Apurímac encabezaba la lista, donde uno de cada cuatro colegios requería una reparación total. Madre de Dios y Puno seguían.

Información del Ministerio de Educación al 2022 también revela que del total de predios pertenecientes a las Direcciones Regionales de Educación y a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), a nivel nacional solo el 55% son de su propiedad. En Lima Metropolitana, este número se eleva al 67%, pero en Lima provincias representa el 45%. Asimismo, mientras que en Cusco la cifra es del 80%, en La Libertad equivale al 23%.

Daniel Alfaro, exministro de Educación y fundador de Pirka Consultoría, explicó a El Comercio que “cuando uno habla de infraestructura escolar, lo primero que tiene que analizar es el grado de riesgo [hacia los alumnos]”. Asimismo, contó que este 26% que necesita una intervención “no soportarían ni un terremoto de seis o siete grados”.

El exministro aclaró que es muy improbable que las escuelas construidas recientemente no cuenten con un título de propiedad, mientras que los locales más antiguos –con mayores necesidades- sí tengan estas trabas. “Los programas multianuales de inversión [del Estado] tiene un algoritmo en el cual se prioriza a los locales que tienen mayor riesgo. La idea de intervenir en estos colegios es que podamos asegurar la integridad de los alumnos, pero siempre hay una traba […] la falta de saneamiento físico legal”, sostuvo.

“Yo tengo en este momento alumnos estudiando en casas. Alumnos que realmente necesitan nueva infraestructura [educativa] con urgencia. Pero nosotros no podemos ejecutarlo. Ni nosotros ni el gobierno central. ¿Por qué? Porque no tienen título de propiedad”, resaltó la gobernadora Vásquez. “Si es que no tienen título de propiedad, no podemos intervenir en la ejecución de su infraestructura. Esto es preocupante porque la realidad de la gran mayoría de instituciones educativas es lamentable”, agregó.

Tanto la ley 31318 como su reglamento buscan establecer procedimientos más ágiles y específicos para regularizar la situación jurídica y física de los predios estatales y bienes inmuebles a favor del Ministerio de Educación. Sin embargo, la ley no sería aprovechable al no existir los recursos necesarios.

Así lo detalló la gobernadora regional de Lima, quien precisó que no existe un presupuesto que acompañe a esta normativa. Incluso, cuestionó que “[para el próximo año, el Minedu tiene previsto] el saneamiento de solo unas doscientas instituciones educativas a nivel nacional”, cuando en su propia jurisdicción se estiman más de mil ochocientas.

De hecho, en agosto de este año, el Minedu y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) firmaron un convenio para realizar el saneamiento físico legal de los terrenos que ocupan 170 colegios de Lima y Callao. Estos se ubican en los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, Pucusana, Lima, Puente Piedra y Santa Anita (Lima Metropolitana); provincias de Cañete, Huaral y Huaura (Lima); y en la Provincia Constitucional del Callao.

“Lo que necesitamos es asegurar los recursos del Estado, y para eso debemos tener la absoluta seguridad de que los terrenos son de propiedad del ministerio, establecer bien sus linderos y conocer sus condiciones, lo que nos permitiría luego tener una construcción acorde con el terreno que ofrezca mayor seguridad a los alumnos”, dijo la ministra tras firmar el convenio. Para estos 170 centros educativos, el Minedu asignó a Cofopri un millón y medio de soles.

El Comercio conversó con Víctor Ángel Crisólogo Galván, gerente general y director de la Dirección de Formalización Integral del Cofopri, quien constató que -de los 170 colegios mencionados- ya se cuenta con la información topográfica de cincuenta. Esta etapa es vital para poder inscribir el predio en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Según adelantó el vocero, “la diferencia [edificaciones educativas restantes] se va a culminar [de registrar] a mediados de diciembre de este año”.

“El Perú no es Lima Metropolitana. El Perú es mucho más grande y las necesidades son mucho más grandes. Los pueblos alejados de la capital son los menos atendidos y eso no está bien. Si nosotros, que somos la región de Lima, estamos así, postergados, imagínense cómo está el Perú profundo, cómo están los demás departamentos”, cuestionó la gobernadora.

Es importante resaltar que -como comentó su gerente general- Coforpi es un organismo creado para realizar los procesos de formalización en casos de posesiones informales, como en asentamientos humanos o pueblos jóvenes. Crisólogo explicó a El Comercio que la labor de Cofopri inicia luego de la evaluación de un espacio poblado, donde en algunos casos se encuentran centros educativos.

“Estas [edificaciones] forman parte de nuestro proceso de formalización. [Luego del proceso] concluimos a favor del Ministerio de Educación, pero la propiedad siempre va a estar controlada y administrada por la Superintendencia de Bienes Estatales”, sostuvo el gerente general de Cofopri.

Respecto a la posibilidad que tiene el Minedu de resolver las falencias de infraestructura de los locales educativos, Crisólogo alertó que “si el colegio necesita mejoras, pero está ubicado en un lugar donde no tiene título a nombre del Estado, es poco probable que el Minedu apruebe un proyecto de inversión. Hay que tener en cuenta que esto implica una serie de recursos económicos que tienen que tener un respaldo jurídico. Entonces, para poder ejecutar proyectos de inversión, en los centros educativos, estos deben estar debidamente saneados”.