Mercado negro de celulares manchados de sangre: ¿por qué los municipios no cierran las galerías donde se venden equipos robados?

Luego de los megaoperativos realizados por la Policía Nacional (PNP), en los cuales se incautaron más de 1.700 celulares de procedencia dudosa en 9 distritos durante los primeros tres meses del 2024, este diario se puso en contacto con distintas municipalidades distritales para conocer sus labores de fiscalización. No obstante, la mayoría parece haber resaltado que sería responsabilidad de la policía llevar a cabo estas acciones.

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Algunos de los puntos son los siguientes.

• 1. Cachina Fashion - Cercado de Lima.
• 2. C.C Polvos azules - Cercado de Lima.
• 3. C.C Mesa Redonda (Las Malvinas) - Cercado de Lima.
• 4. C.C Polvos rosados - Santiago de Surco.
• 5. Mercado modelo Huaycán - Ate Vitarte.
• 6. C.C Unicachi - Cercado de Lima.
• 7. C.C La portada de Gamarra 2 - La Victoria.
• 8. C.C El Dorado - Ate Vitarte.
• 9. Mercado Puente Piedra.
• 10. Av. San Juan cuadra 11 - SJM.
• 11. Mercado 1 de octubre - SJM.
• 12. Mercado El Coloso- SJL.
• 13. La cachina del 12 (Canto Grande) - SJL.
• 14. La cachina de Pachacútec - Ventanilla.
• 15. C.C Manco Cápac - La Victoria.
• 16. Galería Bellotas II (Las Malvinas) - Cercado de Lima.
• 17. Mercado Central Fevacel - Independencia.
• 18. Progreso 1 (Las Malvinas) - Cercado de Lima.
• 19. Progreso 2 (Las Malvinas) - Cercado de Lima.
• 20. Galería Virgen del Chapi / El Cañón – SJM.

El Municipio de Santiago de Surco declaró a este diario que es responsabilidad de la PNP llevar a cabo estos operativos, dado que se trata de seguridad del Estado. “La municipalidad de Surco, a través de la subgerencia de fiscalización, realiza permanentes operativos en los centros comerciales verificando la venta de celulares de segunda mano. Esta semana se llevará a cabo un operativo conjunto con la PNP”, afirmó. Del mismo modo, la Municipalidad de La Victoria resaltó que “los reportes los realiza la policía”.

Este diario también deseo contactarse con la Municipalidad de Lima, que alberga seis de las 20 galerías identificadas por la PNP, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta. Asimismo, El Comercio estableció contacto con el municipio de Ate. No obstante, tampoco se recibió una respuesta por parte de la comuna.

Previamente, la PNP resaltó que no ha podido clausurar los locales porque esa responsabilidad recae en el área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima. “Es la comuna la que debe coordinar con la municipalidad de cada sector. Deberían ser más estrictos y proceder al cierre de estos locales”, comentó.

El presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec) César Ortiz Anderson informó a El Comercio que existen más puntos donde se venden celulares de manera irregular. “En comparación con otros países, en Perú hay una mayor frecuencia de robos de celulares. Los municipios tienen la responsabilidad de llevar a cabo fiscalizaciones para desactivar estos locales. Además, deberían realizar una campaña contra este comercio informal, trabajando de manera integral con la policía y el serenazgo”, mencionó.

“Los delincuentes están robando más celulares en la actualidad. Lo más peligroso es que, en cuestión de minutos, los ladrones suelen alterar la información que hay dentro del celular, que es mucho más valiosa que el dispositivo. Los ciudadanos desempeñan un rol importante, al igual que la inteligencia policial. Los delincuentes están llegando al extremo de matar gente por un celular. No se trata de un caso aislado”, afirmó.

Por su parte, la abogada experta en derecho administrativo y temas municipales, Irene Torrejón, añadió que es muy lamentable saber que existe este tipo de mercado. “Las municipalidades tienen amplias competencias. Primero, deben solicitar licencias de funcionamiento a los establecimientos comerciales. Además, de acuerdo con el artículo 85 de la Ley Orgánica de Municipalidades, estas acciones de fiscalización son responsabilidad tanto de las municipalidades provinciales como de las distritales”, acotó.

“Las municipalidades tienen la función de coordinar e integrar a la policía para brindar el servicio de seguridad. También tienen que organizar un trabajo de vigilancia. Asimismo, deben integrar a los vecinos. El artículo 145 de la Ley Orgánica habla de conectar a las organizaciones sociales, vecinales y comunales; estas también podrían participar. Debe ser un trabajo en conjunto”, mencionó.

El coronel PNP en retiro y especialista en seguridad ciudadana, Miguel Ángel Barriga, señaló la necesidad de un trabajo de coordinación multisectorial. “Estos operativos tienen como objetivo neutralizar y reducir los mercados negros de venta de celulares. La entidad responsable es el comité distrital de seguridad ciudadana (…). No existe una adecuada coordinación institucional, y las acciones que se supone deben llevarse a cabo según el plan de acción local de cada municipalidad no se ejecuta. Todas las entidades deben estar alineadas en la lucha contra la delincuencia y la comercialización de celulares vinculados a actividades ilícitas”, afirmó.

“Debe existir un trabajo coordinado que incluya la participación de los comités de seguridad ciudadana. Asimismo, es crucial mejorar los sistemas de videovigilancia. También se requiere activar las juntas vecinales de seguridad ciudadana, ya que representan a los ciudadanos que informan sobre la presencia de sospechosos”, dijo.

El licenciado en criminología por la Universidad de Texas A&M-Texarkana y fundador de la Consultora Nacional de Criminología, Sebastián Flores Martín, afirmó a este diario que no es necesariamente adecuado imponer leyes más estrictas, ya que, al aplicarlas, el sistema judicial no logra efectividad, lo que genera una sensación de impunidad. “Se forma una red criminal (…). Otro tema importante a abordar es la informalidad, que hemos normalizado debido a la falta de acceso a oportunidades formales y a las barreras burocráticas existentes”, señaló.

“No se trata solo de realizar operativos aislados. No se está abordando la problemática de manera integral. El punto es que las leyes se apliquen efectivamente, no simplemente que existan. Debemos combatir la informalidad en lugar de normalizarla. El delincuente percibe que hay más facilidad para cometer robos porque se siente impune”, añadió.