La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecutó esta madrugada un operativo de recuperación de espacios públicos en la tradicional Alameda Chabuca Granda, ubicada en el Centro Histórico de Lima, con el objetivo de “reforzar el orden, la seguridad y el adecuado uso” del espacio público.
Si bien la comuna no detalló todas las acciones realizadas, imágenes difundidas por la propia entidad y reportes en redes sociales confirmaron la demolición parcial de dos anfiteatros. Estas estructuras formaban parte de un circuito de cinco ruedos donde cómicos ambulantes, cantantes callejeros y organizaciones religiosas ofrecían espectáculos al aire libre.
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La intervención fue dispuesta por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, donde participaron diversas gerencias y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para “erradicar el comercio informal que ocupaba indebidamente las áreas peatonales y afectaba la libre circulación de vecinos, turistas y visitantes”.
“Vamos a realizar trabajos de mantenimiento a fin de poner orden porque se había convertido en una zona de comercio informal sin ningún control, con cobro de cupos y extorsiones”, señaló la gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla.
Por su parte, el coronel PNP Marcial Flores indicó que el operativo forma parte de una estrategia integral que contempla acciones de recuperación, sostenimiento y trabajo permanente de inteligencia para enfrentar actividades delictivas en la zona, permitiendo combatir delitos como la extorsión y el cobro de cupos que afectan a comerciantes y ciudadanos.
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Hasta la fecha, la MML ha intervenido distintos puntos de la capital, entre ellos la avenida Aviación, el paradero Acho, Mesa Redonda, el Mercado Central, el Triángulo Grau, Las Malvinas y Nicolás Ayllón, sectores afectados por la ocupación indebida del espacio público.
En tanto, Falla precisó que espacios como la Plaza Mayor, la Plaza San Martín, la Plaza de la Democracia y el Paseo de los Héroes Navales forman parte de las áreas protegidas donde no están permitidas movilizaciones, marchas ni concentraciones públicas o políticas que puedan poner en riesgo el patrimonio cultural de la ciudad.
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