Martín Ojeda sobre acuerdos por el paro de transporte: “No queremos peleas entre los poderes del Estado”

El asesinato del chofer Daniel José Cedeño Alfonso, de la empresa Lipetsa, acribillado mientras cumplía su jornada en San Juan de Miraflores, fue el detonante final para que, por primera vez en muchos meses, la mayoría de empresas y asociaciones de transporte público formal paralizaran sus funciones. El lunes 6 de octubre fue un punto de quiebre en las protestas contra las extorsiones que afectan al sector y que, según datos del Ministerio Público, han causado 65 asesinados desde el 2024.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), fue uno de los promotores del llamado “apagado de motores”. En diálogo con El Comercio, asegura que, pese a las discrepancias con algunos gremios vinculados al servicio informal, existe una agenda definida para exigir al Ejecutivo y el Congreso acciones concretas contra las organizaciones criminales detrás de los atentados. Espera que las reuniones anunciadas no sean utilizadas por las autoridades “para la foto”.

- Entre setiembre y octubre del año pasado, varias paros masivos por las extorsiones en el transporte dieron la impresión de que finalmente se tomaría el tema en serio. ¿Qué pasó?

La primera huelga del sector transporte fue un punto de inflexión. Los gremios, ya se ha demostrado, son débiles por el tema operador - propietario y la falta de coordinación con sus bases. Pero en setiembre del año pasado, Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración del Transporte (Anitra), dio el grito de huelga y tuvo recepción porque ya la explosión de extorsiones había comenzado semanas antes era escandalosa. La solidaridad de los transportistas fue espontánea, natural e inmediata. Si no lo hacía Valeriano y era otro, igual hubiera sido la respuesta de todas las empresas.

- ¿Por qué no se mantuvo esa cohesión?

Aunque hubo una desazón histórica, creo que no funcionó porque algunos grupos, que en gran parte eran ilegales, empezaron a combinar pedidos que no tenían nada que ver con la extorsión, como el tema de papeletas, la autorización de colectivos, hablaban de Castillo, de Espinoza y otros intereses políticos. Eso debilitó las protestas porque esos grupos siguieron haciendo paros sin ninguna coordinación.

- El último paro con gran participación fue en abril, pero tampoco hubo cambios…

El 10 de abril hicimos un paro de empresas de transporte formal que fue contundente. Fue total porque era diferente a las marchas que promovían los grupo de autos colectivos. En el paro de abril participaron también los grupos de Héctor Vargas [Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao] y Valeriano. Tuvimos reuniones posteriores con ambos, pero creo que buscaban protagonismos individuales. Lamentablemente, en agosto, Valeriano convocó a un paro sin coordinar con nosotros en alianza con los mal llamados gremios que no tienen buses ni empresas y representan otros intereses. Ese paro fue un fracaso total.

- ¿Cómo se organizó el último paro? ¿Por qué no todos los gremios participaron en el anterior?

En la tercera semana de setiembre tuvimos una reunión con la ATU y el MTC. Participaron también la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (AETU) y la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET). En esa reunión nos quejamos porque, a pesar de que en febrero se estableció que en la renovación de rutas de transporte urbano no se iban a superponer, en junio salieron resoluciones que sí superponían rutas. Yo pedí una auditoria para esos expedientes. Ese fue el punto de inflexión porque hizo que el gremio de Vargas quisiera hacer su propia huelga, que fue el jueves 2 de octubre en la que no participamos. Nosotros, que tenemos empresas de transporte formal con buses de 9 a 14 metros y empresas de macrotransportación con hasta cinco rutas, teníamos un compromiso con las autoridades: si un transportista moría de nuevo, paralizábamos Lima. Eso sucedió el domingo y ese día anunciamos el paro.

- Se habló de un paro de 48 horas, pero durante la noche se decidió que solo sea de 24 horas

En los comunicados iniciales no se hablaba de 48 horas. El paro fue tan fuerte y organizado que si duraba 48 horas yo no creo que el gobierno hubiera estado hasta ahorita. La agenda incluía conversar con Ejecutivo y el Congreso, porque hay normas que le corresponden a cada uno. Pero cuando comenzaron los discursos de la presidenta Dina Boluarte, de los ministros de Transportes y de Interior, eso nos enervó. Nadie nos convocaba ni nos recibía, por eso decidimos aumentar un día más. A las 6:20 de la tarde, recién nos llamaron a PCM.

- No todos los gremios estuvieron de acuerdo con esa reunión

En la reunión con PCM participamos delegados de todos los conos: Lima Norte, Este, Sur, Carretera Central. Lamentablemente, Julio Campos [dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas], que representa autos colectivos, salió a medios a decir que no los representábamos. Ha aludido que yo aparezco en el registro de Avanza País, pero yo no voy a postular, lo he dicho varias veces. Era importante que nos reuniéramos con PCM porque tenemos una agenda que incluye el apoyo a los deudos de las víctimas, el fortalecimiento del bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios y la denuncia con reserva de nombre.

- ¿A qué acuerdos llegaron en el Congreso?

Se acordó modificar la norma sobre criminalidad sistemática porque incluye una palabra que favorece las extorsiones. También, fiscalizar la reglamentación de las leyes sobre seguridad ciudadana porque de nada sirve que se publiquen si no se aplican. Finalmente, se acordó la declaratoria de emergencia del transporte público.

- ¿Crees que esta vez si haya voluntad política para tomar acciones concretas?

Así como es la peor temporada para mantener la unión en el sector con tantos gritos de huelga con distintos intereses políticos, podría ser la mejor temporada para que las autoridades sí hagan algo por la cercanía de las elecciones. Lo que quiero pedir es que los transportistas y los conductores no queremos ver peleas entre poderes del Estado, necesitamos acuerdos concretos contra las extorsiones. Desde nuestro lado, no vamos a permitir que dirigentes vinculados con ilegales, como Campos, quieran aprovechar el momento con fines políticos y desconocer los acuerdos.