Lo que se discutía en Comisión de Transportes mientras se desarrollaba la jornada de paro en las calles

Mientras que en las calles los manifestantes alzaban su voz de protesta y cerraban algunas vías con sus unidades, como parte de una medida denominada “apagado de motores”, en el Legislativo la reunión no iba más allá de intercambios de opiniones, rendición de acciones y declaraciones polémicas.

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La sesión duró aproximadamente unas tres horas, tiempo en el cual no se llegó a ningún acuerdo en específico entre las partes; simplemente cada una se limitó a exponer las acciones y medidas que vienen ejecutando. En el caso de los gremios de transporte, expresaron su indignación por los asesinatos sufridos e instaron a que las distintas instituciones del Estado adopten medidas concretas en coordinación con los demás poderes. Caso contrario, dijeron que el paro podría extenderse.

Casi simultáneamente, en el Óvalo Habich, distrito de San Martín de Porres, el plantón de transportistas se agudizaba hasta el punto que surgía una leve tensión con los agentes policiales que se apostaban en el lugar. Cerca de 100 (luego subió a 150 aprox.) efectivos fueron desplegados en este sector. Los buses de diferentes empresas de transportes habían sido estacionados a lo largo de las avenidas Habich y la Panamericana Norte, formando largas colas y obstaculizando el paso de vehículos.

Al promediar las 4 de la tarde, los agentes recibieron la orden de formar un cerco y avanzar hacia los buses, desplazando a los manifestantes hacia los alrededores del óvalo. Acto seguido, exhortaron a los conductores a retirar a los vehículos de las vías para así reestablecer el tránsito en la zona. Esta pugna duró cerca de una hora. Para las 5 de la tarde la circulación de vehículos se normalizó y los manifestantes poco a poco despejaron el lugar.

En paralelo, las cosas en la Comisión de Transportes del Congreso continuaban sin ningún resultado a destacar. Durante su intervención, el viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez Rodríguez, indicó que la PNP se encuentra en un déficit de 60 mil policías y que no recibe el presupuesto requerido, sin embargo, resaltó que pese a ello sí viene ejecutando acciones de prevención, operativos y capturas de presuntos extorsionadores.

“Vemos que se viene realizando trabajos grandes, permanentes, con capturas a nivel nacional, se viene haciendo todo un esfuerzo. En la parte preventiva se ha establecido ejes con los transportistas, con motociclistas, drones para poder darles seguridad. Va a ser imposible poner un policía por bus o empresa", señaló.

Asimismo, sostuvo que son 8 a 9 mil policías los que se mueven territorialmente para brindar seguridad a los transportistas y a la ciudad en general. A la par, agregó que se sigue realizando intervenciones. “De los últimos ataques se tienen intervenidos. Pero necesitamos probar su participación”, dijo Pérez.

En tanto, el viceministro del Interior precisó algunos datos sobre las extorsiones en Lima. Detalló que los distritos donde más se registran son: San Juan de Lurigancho, Lima, Comas, Villa El Salvador y Los Olivos. Al respecto, que esto coincide con los ejes de seguridad que ha establecido la policía. Además, reconoció que sí ha habido un incremento de este tipo de delito a nivel nacional: de 3.853 casos que había el año pasado a 5.539 en lo que va del año.

“En Lima, en lo que va del presente año, son los distrito de Ate, Puente Piedra, San Martín de Porres y Los Olivos donde se registra la mayor cantidad de denuncias", expresó.

Por su parte, Martín Ojeda, director de la Cámara de la Industria del Transporte, empezó su intervención lamentando una declaración del viceministro Pérez Rodríguez, quien deslizó que algunos conductores del transporte público no pagaban el “cupo”, se quedaban con el dinero y por eso eran víctimas de ataques. “Si pagan no tendrían por qué matarlos. ¿O no?. Ahí también hay que investigar“, manifestó durante su intervención.

Del mismo modo, criticó las palabras del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien cuestionó la realización del paro convocado tras el asesinato de un chofer en San Juan de Miraflores y dijo que “no necesariamente” se trató de un caso de extorsión, destacando que la víctima era extranjera. Asimismo, expresó su desacuerdo con lo dicho por la presidenta Dina Boluarte, quien sostuvo que “un paro de 24 horas no soluciona nada”.

“De acuerdo con nuestra historia, ninguna guerra se ha ganado si estamos divididos, si nos dividimos entre sí. Si empezamos de esa manera no vamos a llegara ningún lado. Debemos estar unidos y afrontar esto juntos. Deslizar que algunos choferes se agarran el dinero y por eso los matan es querer crear una desunión en los gremios (...)“, resaltó.

Cercad de las 6 de la tarde de este lunes, los gremios de transporte urbano advirtieron que el sector extendería el paro de 24 a 48 horas si no se concretaba una reunión con el Ejecutivo, ya sea con la presidenta Dina Boluarte o el primer ministro Eduardo Arana.

Martín Ojeda dijo que esta medida había sido consensuada entre los diferentes gremios que agrupan a transportistas del norte, sur y este de Lima, y surge a partir de querer elevar el reclamo hacia una siguiente instancia, ya que consideran que no vienen siendo escuchados como se debiera.

En tanto, minutos después de este anuncio, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) citó para las 7 de la noche de ayer a los representantes de las asociaciones y gremios de transportistas, a fin de establecer un diálogo para buscar “soluciones conjuntas en beneficio del sector transporte y ciudadanía”. En la cita también participaron el primer ministro, Eduardo Arana, junto a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Es así que cerca de las 10 de la noche, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció que los gremios de transportistas acordaron levantar el paro que iniciaron el 6 de octubre en Lima y Callao. La decisión se tomó luego del diálogo entre el Ejecutivo y representantes del sector.

Durante la conferencia, el premier Eduardo Arana explicó que el diálogo con los gremios permitió alcanzar cinco acuerdos principales. Entre ellos, destacó la instalación de una mesa de trabajo permanente entre el Ejecutivo y el sector transporte, programada para el martes 14 de octubre.

Asimismo, anunció que se coordinará con el Ministerio Público y el Poder Judicial para fortalecer la labor de las unidades de flagrancia y reforzar el bloqueo de líneas celulares dentro de los penales.

Por su parte, los gremios de transportistas asumieron el compromiso de mantener el diálogo abierto con las autoridades y evitar nuevas medidas que afecten el servicio de transporte urbano.

La inseguridad en el transporte público permanece y sigue amenazando la vida de los conductores y cobradores en toda Lima Metropolitana. De acuerdo con datos de la Policía Nacional del Perú, un total de 65 choferes de empresas de transporte han sido asesinados solo entre enero y julio del 2025.

Las amenazas de grupos extorsivos y los ataques de sicarios se producen a cualquier hora y lugar. Se dispara contra los conductores, como ocurrió el pasado 15 de agosto en San Martín de Porres; o se atenta contra el vehículo, como ocurrió el pasado 12 de agosto en Carabayllo, cuando se usaron explosivos contra un bus lleno de pasajeros.

Se recuerda que la iniciativa del Gobierno para instalar cámaras de seguridad en las unidades de transporte público ante la ola de ataques contra los choferes se truncó, ya que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) declaró nulo de oficio el proceso de selección debido a deficiencias en los términos de referencia del concurso público, por lo que el proceso regresa a la etapa de convocatoria.

“El 21 de agosto de 2025, la Subdirección de Servicios de Transporte Regular emite informes y advierte la falta de componentes que no fueron considerados dentro de los términos de referencia en su elaboración tales como certificaciones, que resultan necesarias para una correcta satisfacción de la necesidad requerida; en consecuencia, concluyen que se evidencia deficiencias en las características técnicas desarrolladas en los términos de referencia”, indicó la entidad en su resolución 256-2025-ATU-PE, emitida el pasado 25 de agosto.