Susana Villarán: juicio oral contra la exalcaldesa seguirá este martes

El juicio oral contra la excaldesa limeña Susana Villarán continuará este martes 7 de octubre. En la sesión de este lunes, la procuraduría del Caso Lava Jato culminó con sus alegatos de apertura, que habían iniciado en la fecha previa, del 23 de septiembre.

En su exposición, el procurador Carlos Fernández requirió formalmente que el pago total de US$ 286 millones y casi S/ 24 millones como reparación civil contra Susana Villarán y el resto de procesados por el caso de los aportes a sus campañas del 2013 y 2014 y los presuntos favorecimientos a su aportantes: las constructoras Odebrecht, OAS y Graña y Montero.

LEE TAMBIÉN | Estos son los principales nombres que se barajan en los partidos para el Congreso

El juzgamiento seguirá este martes desde las 9 a.m., en una nueva audiencia presencial, con el alegato de apertura de la defensa de Susana Villarán. Su abogada, la penalista Merly Edquén, indicó que su intervención tomará entre una hora y media y dos horas, al ser la principal acusada del caso.

En este caso, la fiscalía pide 29 años de prisión contra Susana Villarán. Se le acusa de liderar una red criminal dentro de la Municipalidad de Lima que recibió más de 11 millones de las constructoras mencionada para sus campañas contra la revocatoria (2013) y de reelección (2014), a cambio de favorecerlas en proyectos que tenían en la capital.

El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntos aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS continúa este lunes 6 de octubre, día en que culminarán los alegatos de apertura de la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato y se presentará su pedido de reparación civil.

Al inicio de sus alegatos, el procurador Carlos Fernández ya señaló que la presunta organización criminal liderada por Villarán se “enquistó en la municipalidad para mantenerse” y que se negociaron favorecimientos a Odebrecht y OAS a cambio de aportes de campaña.

Se prevé que en la audiencia de este lunes también se realice la exposición de la defensa de Villarán, que niega los cargos en su contra. El Ministerio Público acusa a la exalcaldesa de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica. Por ello, pide que se le condene a 29 años de cárcel.

La acusación contra Villarán no se sostiene sobre meras conjeturas o declaraciones aisladas. Como informó este Diario, al menos 12 colaboradores eficaces —varios de ellos con identidad revelada— han sido admitidos como testigos y declararán en el juicio. Sus testimonios apuntan a reforzar la tesis del Ministerio Público: que las campañas contra la revocatoria de 2013 y de reelección en 2014 fueron financiadas de manera irregular por constructoras que, a cambio, recibieron beneficios contractuales desde la Municipalidad de Lima.

El auto de enjuiciamiento, documento base del juicio que recoge la acusación fiscal, admite más de 4,000 elementos probatorios, entre los que figuran declaraciones, pericias, documentos y registros financieros.

En el auto de enjuiciamiento —de cerca de 2,000 páginas— se transcriben las declaraciones de los colaboradores eficaces, cuyas versiones han sido claves para trazar el vínculo entre los aportes económicos y los proyectos adjudicados a las constructoras. También se establece que hay dos delatores cuya identidad se mantiene en reserva, aunque se ha confirmado que ambos serán citados ante el tribunal.

Durante la apertura del juicio, el fiscal del caso, José Domingo Pérez, aseguró que los testimonios de estos colaboradores, así como de personas acogidas a procesos especiales de colaboración, serán piezas fundamentales del proceso. Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, subrayó que las pruebas demostrarán cómo operaba esta presunta organización criminal liderada desde el propio municipio.

Uno de los testigos más relevantes falleció recientemente. Se trata del exgerente municipal José Miguel Castro, quien dejó declaraciones grabadas en el marco de su proceso de colaboración eficaz antes de su muerte. Castro habría confirmado que tanto Odebrecht como OAS entregaron millones de dólares para financiar las campañas de Villarán, en algunos casos mediante el pago directo a publicistas o mediante contratos simulados.

El monto de las presuntas coimas

Según la fiscalía, OAS fue la empresa que más dinero aportó: US$ 7 millones en total, de los cuales US$ 3 millones fueron para la campaña contra la revocatoria y otros US$ 4 millones para la campaña de reelección.

La empresa brasileña Odebrecht, por su parte, habría entregado US$ 4.1 millones en ambos procesos, y Graña y Montero habría contribuido con US$ 200 mil. En conjunto, se acusa a Villarán de haber recibido un total de US$ 11.3 millones para sus campañas, a cambio de favorecer a estas empresas en proyectos municipales.

Pese a que la colaboración eficaz del expresidente de OAS, Leo Pinheiro, fue desestimada por no llegar a un acuerdo de reparación civil, el caso no se sostiene en sus dichos. La acusación descansa en las versiones de cinco exejecutivos de OAS en Perú, quienes sí llegaron a acuerdos con la justicia peruana. Ellos son Valfredo de Assis, Leonardo Fracassi, Clayton Goncalves, Alexander Alves de Mendonca y Ricardo Rocha Ulm. Todos figuran como testigos clave en el juicio y han ofrecido detalles sobre cómo se realizaron los aportes y las negociaciones con funcionarios municipales.

Valfredo de Assis, por ejemplo, declaró que en el 2013 fue convocado a una reunión en la sede de la Municipalidad de Lima, en la que participó la entonces alcaldesa. Tras su retiro, el exgerente municipal Castro le habría solicitado un “apoyo” para la campaña del “No a la revocatoria”, indicando que el financiamiento sería dividido entre las empresas con concesiones en la ciudad. A OAS, según ese testimonio, le correspondía aportar US$ 3 millones.

Ese relato fue corroborado por Leonardo Fracassi, quien también reconoció que los aportes eran entregados fuera de los canales legales y que su origen no fue reportado ni ante la ONPE ni ante las autoridades fiscales.

La imputación fiscal sostiene que estos pagos no fueron simples aportes de campaña, sino parte de un pacto más amplio en el que las constructoras aseguraban condiciones contractuales favorables a cambio de los desembolsos. OAS, por ejemplo, logró una adenda al contrato del proyecto Línea Amarilla; Odebrecht se aseguró términos ventajosos en la concesión de Rutas de Lima; y Graña y Montero se adjudicó el proyecto de la Vía Expresa Sur. Estos elementos sustentan el cargo de colusión agravada, uno de los cinco delitos imputados a Villarán.

La defensa de la exalcaldesa ha intentado desmarcarse de la acusación penal, reconociendo en entrevistas que hubo aportes privados a sus campañas, pero negando que estuvieran ligados a favores o beneficios indebidos. Alega que los fondos fueron gestionados de manera autónoma por su equipo de campaña y que nunca medió un intercambio ilegal entre el financiamiento recibido y decisiones municipales.

Sin embargo, para el Ministerio Público, esta versión resulta insostenible frente a la cantidad y calidad de los testimonios acumulados.

La fiscalía no solo presenta los testimonios de los colaboradores eficaces, sino también registros de pagos, correos electrónicos, informes financieros y peritajes contables que refuerzan su tesis. Además, sostiene que Villarán no solo tenía conocimiento de los aportes, sino que los autorizó directamente, como parte de una estrategia para mantenerse en el poder.