Yasmin Rosas

De acuerdo con cifras del (MTC), el 95% de los accidentes de tránsito ocurren en zonas urbanas. Es por ello que la entidad ha presentado el proyecto de decreto supremo que plantea modificar los límites de velocidades máximas establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

La propuesta contempla que el límite de velocidad se reduzca de 40 a 30 km/h en calles y jirones y, de 60 a 50 km/h en avenidas de estas zonas. Asimismo, se mantendrán las velocidades máximas de 30 km/h en zonas escolares y zonas de hospitales, mientras que la de 80 km/h en las vías expresas.

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“Esta norma tiene la finalidad de comenzar un proceso de mejora en el tema de gestión de velocidades, que es un campo de la seguridad vial que va más allá de definir límites. Más adelante incorporará procesos educativos, de fiscalización, mejora de la infraestructura vial, señalética, entre otras”, señala Pedro Olivares, director de Seguridad Vial del MTC.

El funcionario detalla que este proyecto se ha venido trabajando en base a las sugerencias y recomendaciones en materia vial de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que señalan que la reducción de la velocidad ayuda a reducir la fatalidad de los siniestros viales.

Observaciones

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, considera que la modificación de los límites de velocidad es una “medida bien intencionada”, pero que sin una fiscalización efectiva resultará siendo “paliativa e incompleta”. El también abogado especialista en temas de tránsito y seguridad vial, resalta la importancia de la fiscalización electrónica para que la medida sea efectiva.

“Los conductores saben que no en toda la ciudad hay controles y que estos los hacen la Policía Nacional con cinemómetros, pero solo en ciertos puntos. No muy lejos, en Chile o en Colombia, se tienen implementados estos sistemas de control electrónico (cámaras) que permiten ordenar de manera efectiva el tránsito”, acota.

Un punto similar sostiene Alfonso Flórez Mazzini de la Fundación Transitemos. “La única forma en la que podemos lograr el cumplimiento de una norma es tener claro el tema de la fiscalización, tema que le compete a la Policía Nacional y a las municipalidades de Lima y Callao”, señala.

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“No es suficiente la cantidad de policías que tenemos para atender las necesidades de una mega urbe como Lima. Debemos apelar a la tecnología, por ejemplo, al uso de radares de control de velocidad”, acota.

Ambos especialistas coinciden en que, además, es importante que junto con la norma se implementen más semáforos inteligentes y que se afiance la comunicación para unificar las estrategias de trabajo en materia vial entre la policía de Tránsito y los agentes municipales.

Desde el MTC, Pedro Olivares acotó que este proyecto de decreto supremo pone, nuevamente, sobre la mesa las falencias en materia de control y planificación que señalan los especialistas consultados por El Comercio.

“De hecho, la experiencia del Callao (en fiscalización electrónica) nos muestra que hay eficiencia cuando existe una política pública local orientada a controlar el tránsito. Y ojalá, esto pueda ser replicado en el marco de las competencias que tienen los gobiernos locales en Lima y en las principales ciudades del país. Este proyecto es un primer paso hacia un trabajo más amplío en materia de gestión vial”, señaló Olivera.

Además, el funcionario resalta la importancia de reducir los límites de velocidad en los puntos críticos de la ciudad. Por ejemplo, se han identificado algunos en las avenidas: Próceres (San Juan de Lurigancho), Av. Brasil, Universitaria, Tupac Amaru y en otras zonas como la Panamericana Norte y Sur.

De acuerdo con Pedro Olivares, se estima que en un plazo de 6 meses, luego de que se levanten las observaciones para esta modificación, se podrá poner en marcha el plan de adecuación de la norma, en el cual se contempla la sensibilización de los conductores y las campañas de información.

Otras modificaciones

Además de modificar los límites de velocidad, el proyecto consignado en la Resolución Ministerial Nº 1005-2020-MTC/01 también plantea la modificación de la denominada ‘zona escolar’. Es decir, sustituir un tramo específico de la vía por uno que hace alusión a un radio de 100 metros alrededor de un centro educativo.

Y se propone intensificar la sanción para aquellos que no respetan los límites máximos o mínimos de velocidad (M20). La medida introduce tres franjas o escalas para infracciones: escala 1 (exceso hasta 10km/h), exceso 2 (entre 10 y 30 km/h) y escala 3 (exceso superior a 30 km/h). Además, de criterios de proporcionalidad tanto a nivel monetario.

Finalmente, se incorporará la definición de ‘usuario vulnerable’ con el fin de visibilizar a las personas que, por el modo de transporte que utilizan, tienen mayor exposición a factores de riesgo vial o que carecen de recursos y capacidad para enfrentar tales situaciones (peatones, ciclistas, entre otros).

Si quieres ver el documento del proyecto puedes hacer clic

Además se recibirán aportes y comentarios de entidades públicas, privadas y ciudadanía en el correo hasta el 12 de enero de 2021.

A paso lento

Mientras tanto, el sector Transportes y Comunicaciones viene trabajando, en conjunto con la policía, en la implementación de un sistema que recoja la data de los siniestros para identificar las zonas de la ciudad con más accidentes, los vehículos que causan más de estos incidentes, la velocidad a la que iban, entre otros datos.

“Estamos en proceso de implementar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y esperamos ponerlo operativo para el primer trimestre del 2021, de tal manera que exista mayor información en materia de tránsito y seguridad vial y que eso facilite la coordinación y el trabajo de las municipalidades para que puedan cumplir con las labores de fiscalización e intervención”, explica Olivares.

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