UNI rechaza resolución de la Sunedu y denuncia usurpación de competencias

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) rechazó de manera categórica la resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), al considerar que vulnera su autonomía y excede las competencias del ente supervisor.

“La Asamblea Universitaria, como máximo órgano de gobierno de la UNI, en ejercicio pleno de su autonomía universitaria y en defensa del Estado de Derecho, rechaza de manera categórica la Resolución y desconoce toda disposición que pretenda designar autoridades universitarias o sustituir las decisiones de nuestros órganos de gobierno”, señala el pronunciamiento difundido este jueves.

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La universidad recordó que la Sunedu “tiene funciones de supervisión y registro, no la competencia para nombrar ni remover rectores”. Asimismo, advirtió que ninguna “medida correctiva” faculta al organismo a designar autoridades ni a reemplazar la voluntad de la Asamblea Universitaria.

“Convertir una función de supervisión en un acto de designación constituye un acto ultra vires, que vulnera la autonomía universitaria, el principio de legalidad y el debido procedimiento”, añadió la institución, al señalar que la resolución “es nula por defecto de competencia y falta de motivación suficiente”.

En respuesta, la UNI anunció que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los funcionarios Castillo Venegas, Hernández García y Vallejos Flores, así como contra quienes resulten responsables de la elaboración, aprobación y ejecución de la resolución, por presunta “usurpación de funciones, nombramiento o aceptación ilegal de cargo, abuso de autoridad y los delitos que correspondan”.

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Finalmente, la universidad exhortó a la Contraloría, a la Procuraduría Pública, al Congreso de la República y a la Defensoría del Pueblo a intervenir “de inmediato frente a estas vulneraciones”.

También convocó a la comunidad académica nacional a conformar un “frente común en defensa de la autonomía universitaria, de la institucionalidad democrática y de la calidad del servicio educativo público”.