
El gobierno de Donald Trump intensificó su cruzada contra los inmigrantes indocumentados con una estrategia inédita: convertir a las propias agencias federales en fuentes de inteligencia. Bajo la presión del Servicio DOGE —una unidad con una agenda clara de expulsión masiva— entidades como la Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Educación comenzaron a entregar información personal sobre millones de residentes, incluyendo datos laborales, académicos y hasta bancarios.
Esta colaboración, presentada por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional como una “necesidad operativa”, encendió las alarmas en círculos legales y defensores de derechos civiles. “El gobierno finalmente está haciendo lo que debía haber hecho desde el principio: compartir información para resolver problemas”, dijo un portavoz del DHS, dejando entrever una lógica más alineada con la vigilancia total que con la gestión pública transparente.

DOGE YA ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN
Uno de los episodios más inquietantes ocurrió la semana pasada, cuando más de 6,000 nombres y números de Seguro Social —principalmente de inmigrantes latinos— fueron introducidos por DOGE en una base de datos diseñada para rastrear personas fallecidas. Con un solo clic, estas personas fueron prácticamente borradas de los beneficios laborales y sociales.
La justificación oficial: “identificar amenazas y asegurar que los recursos no se malgasten en extranjeros ilegales”. El resultado: ciudadanos invisibles que, aunque vivos y productivos, ahora son tratados como fantasmas administrativos.
Pero el rastrillaje no se limita al terreno laboral. El IRS fue presionado este mes para compartir información fiscal de cerca de siete millones de personas, muchas de las cuales han declarado impuestos durante años sin importar su estatus migratorio. Para los expertos en privacidad, esto no solo rompe códigos éticos, sino que viola directamente normas establecidas para proteger la confidencialidad del contribuyente y evitar la persecución con base en especulaciones o estereotipos.

La ofensiva también ha llegado al ámbito educativo. En febrero, durante una investigación por presunto antisemitismo en universidades, el DOGE presionó para obtener los nombres y nacionalidades de manifestantes involucrados en protestas relacionadas con la guerra en Gaza. La intención, según un ensayo de un funcionario de la Casa Blanca, era clara: revocar visas de estudiantes extranjeros que participaran en dichas manifestaciones. Una combinación explosiva de vigilancia migratoria y censura ideológica.
MÁS ESFUERZOS PARA RASTREAR A INMIGRANTES
Mientras tanto, el Departamento de Vivienda firmó un acuerdo con Seguridad Nacional para identificar a inmigrantes ilegales en viviendas subsidiadas. Según sus cifras, 24,000 personas no elegibles estarían accediendo a beneficios públicos. La respuesta oficial fue tajante: “Si usted es un inmigrante sin autorización, debe irse ahora”. Y, como si fuera poco, un nuevo esfuerzo liderado por DOGE pretende impedir incluso que inmigrantes sin papeles vivan con familiares ciudadanos o residentes legales.
Estas acciones reflejan una estrategia orquestada para empujar a los indocumentados fuera del sistema no solo físico, sino también social. El objetivo no es solo deportarlos, sino impedir que puedan sostener vínculos laborales, académicos o familiares dentro del país. En palabras de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se busca “cerrar la red de beneficios y eliminar cualquier incentivo para quedarse”.
Mientras Donald Trump busca pasar a la historia como el presidente con más deportaciones realizadas, reabre centros de detención familiar, utiliza antiguas prisiones como centros de procesamiento e incluso invoca leyes del siglo XVIII como la Ley de Enemigos Extranjeros.











