Hasta hace poco, Esuatini apenas figuraba en los titulares de la prensa internacional. Sin embargo, este diminuto país del sur de África se ha convertido inesperadamente en parte de la política migratoria de Estados Unidos, al recibir a inmigrantes deportados cuyos países de origen se niegan a readmitirlos. La medida ha generado controversia global, especialmente por el perfil de los expulsados y el contexto del país receptor.
¿A QUIÉNES ESTÁN ENVIANDO A ESUATINI?
Según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cinco personas procedentes de Vietnam, Laos, Yemen, Cuba y Jamaica fueron recientemente trasladadas a Esuatini bajo la calificación de “criminales condenados”, enfrentando cargos graves como asesinato, violación y robo.
El gobierno estadounidense ha justificado esta acción afirmando que sus países de origen se niegan a recibirlos, describiéndolos como “tan singularmente bárbaros” que no pueden regresar a casa. Ante este escenario, Esuatini ha sido etiquetado como un “tercer país seguro”.
La práctica, que comenzó con vuelos similares a Sudán del Sur el 4 de julio, ha desatado una ola de preocupación entre defensores de derechos humanos. En medio de esta estrategia del presidente Donald Trump para endurecer las políticas migratorias, muchas voces cuestionan la legalidad, la ética y los acuerdos poco transparentes detrás de estas decisiones. En particular, preocupa el traslado forzoso de personas a países con débil institucionalidad y escasas garantías de derechos básicos.
Las autoridades de Estados Unidos están capturando y deportando a muchos inmigrantes (Foto: ICE)
¿POR QUÉ ESUATINI ESTÁ ACEPTANDO A LOS DEPORTADOS?
Esuatini, un país de apenas 1.2 millones de habitantes, es gobernado desde 1986 por el rey Mswati III, una de las últimas monarquías absolutas del planeta. Mientras la población enfrenta altos niveles de pobreza, desempleo y represión política, el rey ha sido criticado por llevar un estilo de vida lujoso y reprimir sistemáticamente cualquier oposición. Las protestas sociales están prohibidas y los partidos políticos, disueltos. En este contexto, el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales plantea serios desafíos a la frágil estabilidad nacional.
Lo que preocupa aún más es la falta de claridad. El gobierno de Esuatini no ha informado públicamente bajo qué términos acepta a estos deportados, y no se conocen detalles de los presuntos acuerdos bilaterales que permitirían tales movimientos. Según la agencia AFP, podría tratarse de compromisos diplomáticos o económicos con Washington, aunque sin rendición de cuentas ni transparencia ante la ciudadanía o la comunidad internacional.
LA SITUACIÓN HA ENCENDIDO ALERTAS EN ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
“Enviar personas a países donde no hay garantías judiciales o condiciones mínimas de seguridad es una violación directa del principio de no devolución”, declaró un portavoz de Human Rights Watch. Y aunque los primeros casos involucran a individuos con antecedentes criminales, el temor ha comenzado a cundir entre comunidades migrantes sin historial delictivo, especialmente entre hispanos detenidos por ICE, que temen ser enviados a destinos que ni siquiera conocen.
Esta nueva faceta de la política migratoria estadounidense plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto puede un país potente desentenderse de su responsabilidad trasladando personas a naciones con sistemas autoritarios o precarias estructuras legales? Para muchos, lo que ocurre en Esuatini representa un nuevo capítulo en la tercerización del control migratorio, donde los derechos humanos son moneda de cambio en el tablero geopolítico.
Por ahora, la Casa Blanca guarda silencio sobre el futuro de este tipo de vuelos. Se desconoce cuántos más podrían realizarse o qué otros países estarían dispuestos a servir como destinos para personas que ni siquiera son originarias de ellos.
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