Cada semana, muchos inmigrantes en Estados Unidos se preparan para acudir a sus citas obligatorias con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Algunos lo hacen con documentos en mano, otros con la esperanza de una resolución justa a sus casos pendientes. Pero hay un sentimiento que comparten todos: el temor. Porque, aunque tengan “permiso” para estar ahí, ese mismo permiso puede convertirse en el boleto de entrada a un centro de detención.
LA DETENCIÓN DE MILES DE INMIGRANTES EN ESAS CIRCUNSTANCIAS
No es una paranoia infundada. Medios internacionales han reportado una práctica alarmante: el arresto de inmigrantes durante o inmediatamente después de sus citas rutinarias con ICE.
Según The Guardian, solo en las primeras cuatro semanas del segundo mandato de Donald Trump, se realizaron aproximadamente 1,400 arrestos en estas circunstancias. Personas que acudieron voluntariamente a cumplir con las reglas, pero terminaron esposadas por hacerlo.
La libertad bajo supervisión es un estado frágil. Se otorga a quienes esperan respuestas sobre solicitudes de asilo, apelaciones de deportación o renovaciones de permisos de trabajo. No es un estatus definitivo, pero sí una oportunidad legal de permanecer en el país mientras se resuelve su situación. Sin embargo, esta misma figura se ha convertido en un espacio gris donde la legalidad y la persecución se mezclan.
Varios medios han reportado casos de inmigrantes que son detenidos por agentes de ICE al ir a sus citas de rutina (Foto: AFP)
DHS ALEGA LA SEGURIDAD DE ARRESTAR INMIGRANTES EN JUZGADOS
La controversia se extiende también a los juzgados. Desde el 21 de enero —apenas un día después de la toma de mando de Trump— el ICE declaró que sus agentes podían realizar detenciones en o cerca de los tribunales. Aunque la agencia asegura seguir protocolos como actuar con discreción y evaluar cada caso individualmente, lo cierto es que muchos inmigrantes temen presentarse a sus audiencias judiciales por miedo a ser interceptados en el camino.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica estas acciones en nombre de la seguridad pública. Argumenta que arrestar a inmigrantes en juzgados es “de sentido común”, ya que estos espacios cuentan con control de armas y garantizan la seguridad de los agentes. Pero para quienes buscan justicia, esta “seguridad” se convierte en una trampa perfectamente calculada.
Es irónico: el mismo sistema que exige confianza y cooperación se niega a ofrecer garantías básicas a quienes están bajo su lupa. La línea entre el cumplimiento legal y la persecución se desvanece cuando las citas con ICE y las audiencias judiciales dejan de ser espacios de solución y se convierten en emboscadas administrativas.
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