Desde el viernes 6 de junio, las calles de Los Ángeles han sido el escenario de protestas crecientes en rechazo a las redadas migratorias ejecutadas por agentes federales. La situación escaló el fin de semana con la llegada de más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional enviados por orden directa del presidente Donald Trump.
La medida, calificada como “provocadora” por el gobernador de California, Gavin Newsom, ha avivado el debate sobre el uso de fuerzas militares para contener manifestaciones civiles y ha despertado preocupación sobre los derechos humanos y la libertad de expresión en Estados Unidos.
Es la primera vez desde 1965 que un presidente despliega ese cuerpo sin la solicitud de un gobernador. Trump justificó la medida invocando una disposición legal que le permite desplegar fuerzas federales ante una “rebelión” contra el gobierno.
Comunidad latina en la mira
La comunidad latina en vecindarios como Paramount, Boyle Heights y Pico-Union ha sentido el peso directo de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Testimonios locales señalan que agentes armados y encapuchados han realizado operativos en lugares de trabajo y zonas residenciales con alto porcentaje de migrantes.
“Mis padres son inmigrantes. No vamos a quedarnos callados. Ya no se trata solo de documentos, se trata de dignidad”, dijo una joven manifestante que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias. Hay otras personas que prefieren no salir por miedo a las represalias. “La situación es preocupante ahora y prefiero quedarme en mi casa”, indicó otro inmigrante, pese a tener estatus legal.
Las tropas fueron desplegadas en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en instalaciones federales y en zonas cercanas a enfrentamientos recientes. Equipados con cascos, armamento y vehículos blindados, su presencia ha sido criticada tanto por autoridades locales como por organizaciones defensoras de derechos civiles.
“Estamos viendo un patrón autoritario muy peligroso”, escribió el senador demócrata Bernie Sanders en su cuenta de X. “Provocar protestas, militarizar la respuesta y criminalizar la disidencia no es gobernar; es reprimir”.
Los gobernadores demócratas, liderados por Newsom, emitieron un comunicado conjunto denunciando el despliegue como un abuso de poder federal. “Realizar redadas ilegales masivas. Provocar una contrarrespuesta. Declarar el estado de emergencia. Llamar a las tropas: inaceptable”, afirmó.
Por el contrario, líderes republicanos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldaron la acción de Trump, argumentando que los gobernadores han sido incapaces de controlar “la anarquía migratoria”.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “inaceptable” la detención de 35 ciudadanos mexicanos y exigió respeto a los derechos de sus compatriotas en territorio estadounidense.
Vehículos quemados y detenidos han sido parte de las protestas del fin de semana en Los Ángeles (Foto: AFP)
/ ICE utilizó gases lacrimógenos
Durante la noche del sábado y la mañana del domingo, los enfrentamientos continuaron. Se utilizaron gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y arrestos masivos en puntos como las inmediaciones de Home Depot y áreas cercanas al centro cívico.
El domingo 8 de junio, frente al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles, donde tropas de la Guardia Nacional, formaron una barrera con escudos antidisturbios.
“Todo lo que nos queda es nuestra voz”, gritaba un manifestante ondeando una bandera mexicana frente a un coche incendiado con el mensaje “ICE out of LA”. Un balance provisional señala que se han realizado más de 30 detenciones y que dos agentes del ICE fueron heridos durante las manifestaciones.
La alcaldesa Karen Bass pidió calma, pero denunció que el gobierno federal ha actuado sin coordinación ni autorización estatal. “No podemos gobernar con miedo. La Guardia Nacional no es una solución mágica”, declaró en una conferencia local.
Los agentes de la Guardia Nacional usaron gases lacrimógenos (Foto: AFP)
/ Protestas pueden extenderse
La tensión no ha disminuido. La amenaza de extender los operativos a otras ciudades ha encendido las alarmas en comunidades latinas en Texas, Arizona y Nueva York. Mientras tanto, activistas y defensores de los derechos humanos organizan más protestas y acciones legales contra el gobierno federal.
La narrativa de “ley y orden” promovida por Trump está alimentando una nueva ola de movilización social similar a la vivida tras la muerte de George Floyd en 2020. La diferencia hoy es que el blanco de las políticas es una comunidad históricamente vulnerable: los migrantes sin documentos, muchos de ellos trabajadores esenciales y pilares económicos de sus barrios.
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