
El pasado fin de semana, Nashville se convirtió en el epicentro de un operativo migratorio que ha sacudido a la comunidad local. En una acción conjunta entre funcionarios federales del ICE y la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP), más de 100 personas fueron detenidas, generando un clima de incertidumbre entre residentes y autoridades municipales. Aunque el operativo ha sido presentado como un esfuerzo para reforzar la seguridad pública, muchos lo ven como una ofensiva opaca que siembra el miedo entre inmigrantes.
La THP informó que, en total, se realizaron 588 detenciones, de las cuales 103 personas fueron retenidas por presuntas violaciones migratorias. Según la agencia, las acciones derivaron en la incautación de drogas ilegales, armas de fuego y la captura de un individuo buscado por asesinato en El Salvador. No obstante, la falta de transparencia respecto a la identidad y situación legal de los detenidos ha alimentado las críticas de activistas y autoridades locales.

¿QUÉ DIJO EL ALCALDE DE NASHVILLE AL RESPECTO?
El alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, se pronunció enérgicamente contra la operación. En una publicación en redes sociales, denunció que los arrestos se asemejan a “prácticas de desaparición”, señalando que ICE no ha revelado quiénes fueron arrestados ni de qué se les acusa. “No están revelando los nombres, pero conocemos algunas de sus historias, y ustedes también deberían. Son nuestros vecinos y merecen el debido proceso”, escribió el alcalde, apelando a la humanidad y los derechos civiles.
Este tipo de operativos es una pieza clave en la estrategia migratoria del presidente Donald Trump, que busca reactivar los mecanismos de deportación masiva. Nashville, sin embargo, se ha mantenido como un bastión de resistencia a este enfoque, y sus autoridades han insistido en que no participaron ni fueron informadas previamente de la redada. El desconcierto también alcanzó al director legal de la ciudad, Wally Dietz, quien declaró que el operativo tomó por sorpresa a todo el gobierno municipal.
A pesar de la indignación, las autoridades locales han reconocido sus limitaciones legales frente al poder del ICE. “No tenemos autoridad alguna para ordenar al ICE que no lleve a cabo sus acciones de cumplimiento”, explicó Dietz. No obstante, enfatizó que se están explorando formas de alertar al público de futuros operativos, con el objetivo de preparar a la comunidad y proteger sus derechos dentro del marco legal.

ORGANIZACIONES TRABAJAN PARA EDUCAR AL PÚBLICO
Mientras tanto, organizaciones locales sin fines de lucro han redoblado esfuerzos para educar a los inmigrantes sobre sus derechos. Reparten folletos, imparten talleres y ofrecen asesoría legal gratuita en medio del clima de tensión. “Saber cómo reaccionar ante una detención puede marcar la diferencia entre la deportación inmediata y una oportunidad justa ante la ley”, señalan desde uno de estos colectivos.
En su defensa, la THP insiste en que sus acciones se basan en la conducta del conductor y no en perfiles raciales. Aseguran que su rol es simplemente hacer cumplir las leyes de tránsito, aunque los resultados del operativo muestran una fuerte implicación en tareas migratorias. Esta ambigüedad operativa, sin embargo, ha incrementado la desconfianza en las fuerzas del orden por parte de las comunidades migrantes.
Con cerca del 9% de su población conformada por inmigrantes —incluidos mexicanos, hondureños, kurdos, sudaneses y birmanos—, Nashville se enfrenta ahora a un desafío mayúsculo: proteger la cohesión social en medio de políticas federales cada vez más duras.
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