
En las primeras horas del jueves, un vecindario tranquilo y exclusivo de Irvine, en el sur de California, se convirtió en escenario de un despliegue inusual: agentes del Servicio Secreto y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) irrumpieron con una orden de registro penal en busca de un joven acusado de un acto que, para algunos, es protesta; para otros, un crimen federal. En el centro del operativo: unos volantes. Pero no eran simples hojas de papel. Llevaban nombres, rostros, direcciones y teléfonos de agentes de ICE.
Aunque no se concretó ningún arresto —el sospechoso no se encontraba en su domicilio—, las autoridades confiscaron evidencia y grabaron el operativo con drones, cuyas imágenes luego fueron difundidas por Fox News.
La redada fue planificada con precisión quirúrgica, como si el responsable fuese un criminal de alto perfil. Pero el joven buscado no tenía antecedentes violentos: solo había sido detenido el año anterior durante una protesta antiisraelí en el campus de la Universidad de California, Irvine.

LA INFORMACIÓN QUE CONTENÍAN LOS VOLANTES
Los volantes en cuestión, distribuidos en febrero en varios barrios del sur de California, exhibían los rostros y datos personales de agentes de inmigración. Bajo el título en español “CUIDADO CON ESTAS CARAS”, los carteles acusaban a ICE y HSI de “aterrorizar racialmente” y “separar familias”. La intención era clara: denunciar las prácticas del sistema migratorio estadounidense desde una narrativa activista radical. Sin embargo, el precio de ese activismo ha desatado una persecución judicial.
“Si tienen un problema con los hombres y mujeres del ICE, háblenlo conmigo. Yo los represento. Pero no pongan en riesgo a sus familias”, declaró con visible indignación Todd Lyons, director interino del ICE, a FOX News. Sus palabras reflejan el sentir de una institución que, más allá de su misión oficial, se percibe bajo asedio. Para Lyons, exponer a los agentes no solo es una provocación: es un acto de violencia indirecta.

EN EL TRANSFONDO DE ESTA HISTORIA SE LIBRA UN CONFLICTO MÁS AMPLIO
Hay un enfrentamiento entre quienes denuncian al ICE como una fuerza opresora que actúa con impunidad, y quienes defienden su labor como un deber legal indispensable para la seguridad nacional. El punto de fricción es el mismo desde hace años: ¿dónde termina el derecho a protestar y comienza la amenaza?
Las imágenes de los volantes muestran una estética que evoca la propaganda de guerra: caras enmarcadas, advertencias tajantes, acusaciones cargadas de rabia. El lenguaje utilizado acusa a los agentes de “secuestrar personas” y “causar muertes” en centros de detención. Es el tipo de denuncia que busca despertar emociones, pero también, inevitablemente, puede cruzar la línea hacia la intimidación personal.
En un país polarizado, estas acciones ya no son marginales. Cada acto de protesta puede convertirse en una batalla legal, mediática y simbólica. La redada en Irvine no fue solo una búsqueda de justicia, sino una señal de que el gobierno no está dispuesto a tolerar ataques directos contra sus instituciones. Y, al mismo tiempo, la viralización de la redada por redes sociales demuestra que quienes denuncian tampoco tienen intención de silenciarse.
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