Una mañana cualquiera frente a una tienda de Home Depot en Los Ángeles se transformó en un campo de incertidumbre. Jornaleros, que durante años han encontrado en los estacionamientos de estas tiendas una oportunidad para ganarse la vida dignamente, fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La escena, ocurrida en un vecindario predominantemente latino, no solo sacudió a la comunidad, sino que encendió las alarmas en el mundo corporativo estadounidense.
Aunque Home Depot no contrata directamente a jornaleros, el área exterior de sus tiendas se ha convertido en punto de encuentro para cientos de trabajadores informales. Por eso, la presencia de ICE allí no solo fue interpretada como una redada, sino como una declaración de guerra simbólica contra la economía informal y contra las comunidades inmigrantes que la sostienen. Al día siguiente, la indignación se tradujo en protestas frente a otra tienda de la misma cadena en otra zona de la ciudad.
Empresas como Home Depot inician nuevas políticas para manejar un aumento en las interacciones con las autoridades federales (Foto: AFP)
LA RESPUESTA DE HOME DEPOT NO SE HIZO ESPERAR
Según informó Bloomberg, la empresa emitió nuevas directrices a sus empleados sobre cómo proceder en caso de que ICE aparezca. Ahora, se les instruye reportar cualquier incidente de inmediato y evitar toda interacción directa con los agentes. Más aún, las tiendas de las regiones afectadas han permitido que empleados emocionalmente afectados por la redada se retiren con goce de sueldo, aunque esta medida no forma parte de una política corporativa oficial.
“No nos avisan de ninguna de estas medidas de control de inmigración con antelación”, explicó un portavoz de la cadena a Fortune, haciendo eco de la preocupación de muchos comercios que ven en estas redadas una amenaza súbita e incontrolable para la estabilidad de su entorno laboral y comercial.
Protestas contra redadas en Home Depot de Pomona, California (Foto: AFP)
LA MEDIDA QUE TOMÓ DONALD TRUMP
El presidente Donald Trump ha anunciado públicamente que su gobierno llevará a cabo el mayor operativo de deportaciones masivas en la historia del país. Este nuevo enfoque, lejos de centrarse exclusivamente en grandes redadas planificadas, busca extender su radio de acción hacia espacios cotidianos: vecindarios, estaciones de autobús, y ahora, incluso las afueras de tiendas de herramientas y materiales de construcción.
En ese contexto, no sorprende que otras empresas estén comenzando a diseñar sus propios protocolos ante la posible llegada de ICE. La amenaza ya no es abstracta. Aun si los agentes no interfieren directamente con los empleados, es probable que estos tengan familiares o amigos que sí resulten afectados. Las consecuencias emocionales pueden ser tan severas como las legales, y las compañías comienzan a entenderlo.
“Puede que algunos empleadores se queden de brazos cruzados y no implementen los planes. Tienen una actitud de esperar a ver qué pasa”, afirmó Stephen Toland, abogado del bufete FBFK. Pero esa actitud podría dejar a las empresas vulnerables no solo ante el impacto humano de las redadas, sino también ante la pérdida de confianza de sus trabajadores.
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