Desde el pasado 7 de mayo, la normativa REAL ID entró finalmente en vigor en Estados Unidos para vuelos domésticos, acceso a instalaciones federales y otras funciones oficiales. Pero lo que debía ser un paso hacia una mayor seguridad nacional ha terminado alimentando un nuevo debate político y migratorio. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, afirmó esta semana que el sistema permitirá identificar a quienes están legalmente en el país, en medio de fuertes críticas a las políticas santuario del estado de Illinois.
FUERTES CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ILLINOIS
Durante una conferencia en Springfield, Noem lanzó acusaciones directas al gobernador JB Pritzker, señalando que no le importaba si “pandilleros, asesinos, violadores y pedófilos andan sueltos en su estado”. La secretaria defendió que la implementación del REAL ID es una herramienta para garantizar que quienes se movilizan en el país tienen un estatus legal claro. Sin embargo, sus palabras fueron vistas por muchos como un uso político de una medida técnica.
Uno de los primeros en responder fue el secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, quien acusó a Noem de utilizar el sistema REAL ID como “arma” para generar miedo entre las comunidades migrantes. Según Giannoulias, la secretaria está haciendo campaña personal en lugar de enfocarse en su trabajo, y afirmó que el propósito original del REAL ID era la seguridad nacional, no la exclusión política.
La Ley REAL ID se implementó la recomendación de la Comisión del 11-S (Foto: AFP)
¿QUÉ ES LA LEY REAL ID Y PARA QUÉ SIRVE?
La Ley REAL ID fue aprobada en 2005 como respuesta directa a los atentados del 11 de septiembre. Establece estándares mínimos para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación, prohibiendo que las agencias federales acepten documentos que no cumplan con estas normas. Aunque el objetivo es evitar fraudes y reforzar la verificación de identidad, el nuevo requisito ha generado incertidumbre, especialmente entre las comunidades inmigrantes.
Una de las confusiones más comunes es que la REAL ID revele automáticamente el estatus migratorio del portador. En realidad, la tarjeta solo confirma que una persona reside legalmente en el país, pero no distingue entre ciudadanos, residentes permanentes o personas con otros tipos de estatus, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o quienes están bajo Acción Diferida (DACA).
Para quienes no pueden acceder a una REAL ID, algunos estados ofrecen identificaciones alternativas. Estas tarjetas tienen un diseño diferenciado y están marcadas como “no válidas para fines de REAL ID”. Pero el DHS ha advertido que poseer una de estas tarjetas no significa automáticamente que la persona sea indocumentada, ya que hay diversas razones legales para obtenerlas.
Sin embargo, la aplicación de la ley no es uniforme. En estados como Connecticut, por ejemplo, las REAL ID se limitan solo a ciudadanos y residentes permanentes. Esto crea un mosaico legal donde los derechos de los migrantes pueden cambiar dependiendo de la jurisdicción, generando aún más desconcierto.
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