En las cocinas de varios restaurantes del medio oeste de Estados Unidos, entre el aroma a especias y el sonido constante de platos, decenas de trabajadores cumplían jornadas largas con la esperanza de forjar un futuro mejor. Muchos de ellos eran inmigrantes recién llegados, invisibles para el sistema, pero fundamentales para que los locales funcionaran con eficiencia. Lo que nadie sabía es que detrás de esa rutina cotidiana se escondía una red mucho más compleja que terminaría en la Corte Federal de Missouri.
Lorenzo Castro Manzanares, un empresario mexicano de 43 años, se declaró culpable ante una corte federal por su participación en una red criminal dedicada a emplear inmigrantes indocumentados en al menos una docena de restaurantes que operaba en Estados Unidos.
Así funcionaba su sistema
Según reveló el Departamento de Justicia, entre 2018 y 2021 Castro contrató, transportó y ofreció vivienda a personas sin papeles, muchas veces proporcionándoles documentación falsa para que pudieran trabajar sin levantar sospechas. Se trataba de tarjetas del Seguro Social falsificadas y formularios I-9 alterados, indispensables para pasar los controles iniciales.
Su empresa, Specialty Food Distribution, operaba establecimientos en ciudades como Springfield, Columbia y Jefferson City, en el estado de Missouri, además de otras sucursales en Kansas. Su objetivo: mantener una “ventaja competitiva” frente a negocios que sí cumplían con las leyes migratorias.
Pero el empresario no actuaba solo. Además de facilitar empleo y transporte, también ofrecía residencias a su nombre para alojar a los trabajadores, con el fin de asegurar su disponibilidad en todo momento. El caso también involucra a altos ejecutivos de su empresa: el director financiero, el contralor, el gerente de ventas y encargados de sucursales en al menos seis ciudades.
Acusado… y reincidente
A pesar de haber sido acusado con anterioridad y liberado bajo fianza, Lorenzo Castro continuó con las prácticas ilícitas. Él mismo lo reconoció al declararse culpable en la Corte del Distrito Oeste de Missouri. La sentencia aún está por definirse, pero enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. Desde su audiencia más reciente, ha quedado bajo custodia.
El caso ha encendido las alarmas sobre cómo operan estas redes dentro del sector gastronómico, muchas veces bajo la fachada de negocios legítimos, y sobre la facilidad con la que los vacíos legales y el deseo de sobrevivir pueden cruzarse peligrosamente.
