
Kilmar Ábrego García es un salvadoreño de 29 años que se ha convertido en símbolo de la política antimigratoria en Estados Unidos.
Su historia comenzó como la de muchos migrantes: huyendo de la violencia en su país, pero en marzo pasado, su vida cambió radicalmente cuando fue deportado por un “error administrativo” a El Salvador.
Allí, fue encerrado en la temida prisión de máxima seguridad Cecot, lo que desató una tormenta legal y política que involucra al Gobierno de Donald Trump, jueces federales y defensores de derechos humanos.

Quién es Kilmar Ábrego García
Según CNN, Ábrego nació en San Salvador y pasó su infancia en un entorno modesto, hijo de un policía y una vendedora de pupusas, el platillo emblemático del país. Según documentos judiciales, su familia empezó a sufrir amenazas de la pandilla Barrio 18, que los extorsionaba para exigirles pagos de “renta”.
A los 16 años, su familia decidió enviarlo a Estados Unidos para salvarlo de la violencia. Llegó en 2011 y se estableció en Maryland, donde trabajó en construcción y, años después, formó una familia con Jennifer Vásquez Sura, con quien tuvo tres hijos con discapacidades.
Su vida dio un giro en 2018 cuando fue detenido por la policía en Maryland, acusado falsamente de ser miembro de la MS-13 por llevar una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha.
Un juez le negó el asilo, pero le concedió protección para no ser deportado a El Salvador debido a un “miedo bien fundado” de persecución.
Durante años vivió bajo ese estatus legal, hasta que en marzo de 2024 agentes de ICE lo arrestaron en Baltimore frente a uno de sus hijos. Tres días después, en un hecho que desató indignación, fue enviado ilegalmente a El Salvador.

La deportación de Ábrego violó órdenes judiciales previas y fue reconocida por el Gobierno como un “error administrativo”; sin embargo, la administración Trump se negó durante semanas a traerlo de vuelta, e incluso el presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó que no lo enviaría a EE.UU.
A pesar de un fallo de la jueza Paula Xinis que ordenaba su regreso, la Corte Suprema bloqueó el plazo para su repatriación.
En abril, Trump declaró que “podría lograr el regreso” de Ábrego, mientras insistía en que el hombre era miembro de la MS-13, señalando sus tatuajes como prueba, algo que expertos descartaron. Finalmente, tras la presión de legisladores y defensores de derechos humanos, Ábrego fue devuelto a EE.UU. en junio, no para restituir su libertad, sino para enfrentar cargos por presunto tráfico de personas.
La fiscalía lo acusó de transportar inmigrantes indocumentados entre varios estados, pero un juez federal concluyó que la evidencia presentada no demostraba que fuera un “peligro”.
El gobierno quiere deportarlo a Uganda
El caso no terminó ahí. En las últimas semanas, mientras Ábrego obtenía su liberación bajo custodia penal, el Gobierno anunció un nuevo plan: deportarlo a Uganda.
En diálogo con CNN, sus abogados denunciaron la medida como “represalia” por haber impugnado su expulsión ilegal y negarse a aceptar un acuerdo de culpabilidad que incluía ser deportado a Costa Rica.
Los intentos del Gobierno de enviarlo a un tercer país, en lugar de permitir que permanezca en EE.UU. hasta su juicio, han convertido a Ábrego en un símbolo de lo que críticos llaman el uso político de la deportación.
“Están usando todo el aparato federal contra un padre de tres hijos para demostrar que nadie debe atreverse a desafiar su autoridad”, denunció Lydia Walther-Rodríguez, líder de la organización CASA.
Este lunes, la jueza Paula Xinis volvió a intervenir y suspendió cualquier intento de deportación a Uganda, alegando que el Gobierno podría estar violando el derecho al debido proceso.

Ábrego fue detenido nuevamente en Virginia mientras se evalúa su reclamo, en el que argumenta que teme persecución y tortura si es enviado a África.
“Prométanme que seguirán luchando, no solo por mí, sino por todos”, dijo Ábrego antes de entregarse a ICE en Baltimore, rodeado de activistas y familiares.
Su caso se ha convertido en una batalla legal que genera dudas sobre el uso del poder estatal y el futuro de la política migratoria en Estados Unidos.
“Si se le niegan sus derechos, los derechos de todos los demás están en riesgo”, dijo el senador de Maryland Chris Van Hollen, quien tuvo la oportunidad de conversar con García.
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