Los latinoamericanos de origen japonés que fueron deportados y recluidos en EE.UU. tras el ataque a Pearl Harbor

Los Shibayama fueron solo una de miles de familias que fueron expulsadas del lugar que llamaban su hogar para siempre.

En la década de 1940, fueron sacados de su casa en Lima, Perú, y llevados como prisioneros al sur de Estados Unidos, donde fueron encarcelados en un campo de internamiento para japoneses, alemanes e italianos.

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La Segunda Guerra Mundial había estallado y Washington quería tener bajo control a los “posibles enemigos”.

El hecho de que los hermanos Isamu, Kenichi y Takeshi Shibayama hubieran nacido en Perú, y por lo tanto, tuvieran la nacionalidad de ese país, no importaba para la política bélica que coordinó Estados Unidos con los países latinoamericanos.

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Los japoneses debían ser detenidos y, en algunos casos, usados para el intercambio de prisioneros, como ocurrió con los abuelos de Isamu Shibayama, quien lamenta: "Nunca los volví a ver".

El ataque sorpresa a la base militar estadounidense de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, por parte del ejército japonés -que hizo entrar a EE.UU. en la contienda- llevó a que se acelerara esa política de corte étnico, más que de inteligencia militar, como Washington reconocería muchos años después.

"Sin duda alguna Pearl Harbor fue el detonante que hizo que las comunidades de origen japonés, no solamente de Estados Unidos, sino de toda América Latina, fueran consideradas como enemigas", le dice a BBC Mundo el historiador Sergio Hernández.

Cerca de 2.300 personas fueron llevadas desde 12 países de América Latina a centros de internamiento en Estados Unidos. Se trató de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana, según una investigación del gobierno de EE.UU. de 1982.

El 80% de ellos procedía de Perú.

Pero para entender el hostigamiento a los japoneses, primero hay que entender qué pasó desde inicios del siglo XX, "cuando Japón se empezó a posicionar como gran potencia" mundial, señala Hernández.

La prosperidad japonesa

El caso de los Shibayama ha sido uno de los más conocidos porque los hermanos buscaron durante décadas que Estados Unidos se disculpara con los latinoamericanos confinados injustamente en campos de internamiento.

Sus padres y sus abuelos se establecieron en Perú a comienzos del siglo XX y crearon un negocio textil que les hizo prosperar rápidamente. Historias de negocios exitosos eran comunes entre las familias de origen japonés en ese país y otros de América Latina.

Pero en Perú, esa prosperidad hizo que creciera un sentimiento antijaponés,

En mayo de 1940, Perú vivió una oleada de saqueos que acabó con la destrucción de cerca de 600 negocios, viviendas y escuelas propiedad de ciudadanos de origen japonés.

Ello “a pesar de que estaban muy integrados” en la sociedad, explica Hernández.

“Eran comunidades educadas, alfabetizadas y, en términos generales, habían cubierto la educación primaria. Y en nuestros países esto no sucede. Así que ascienden socialmente muy muy rápidamente. Empiezan a formar sus pequeños y grandes negocios de manera exitosa. Y lo mismo sucede en Estados Unidos”, dice el investigador.

Las más grandes comunidades japonesas en América Latina se desarrollaron principalmente en Brasil, México y Perú, pero las había en casi toda la región.

Pero entonces llegó una política estadounidense que sembró la desconfianza de manera generalizada.

La persecución

Antes del ataque de Pearl Harbor, el gobierno de Franklin D. Roosevelt ya había emitido la Orden Ejecutiva 9066, publicada en febrero de 1941 y que estipulaba la “reubicación de los japoneses”.

Los migrantes y sus descendientes que estuvieran en la costa oeste de EE.UU., "considerados una amenaza para la seguridad nacional", debían ser llevados a una treintena de campos de "internamiento" lejos del Pacífico.

Washington temía que hubiera colaboradores del Imperio de Japón, el cual formaba parte de las potencias del Eje (junto a Alemania e Italia) de la Segunda Guerra Mundial. Calculaban que habría sabotajes en su territorio o ataques al Canal de Panamá, administrado entonces por EE.UU.

Ello a pesar de que 80.000 de 120.000 personas de origen japonés eran ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Y pronto los países de América Latina fueron "invitados" por Washington a seguir esa política.

Fue en 1944 cuando la policía peruana se llevó a las dos mujeres de la familia Shibayama: "Fueron puestas en una celda con criminales y prostitutas, tenían miedo, se abrazaron y lloraron toda la noche", testificó Isamu Shibayama ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017.

Tras la detención posterior del padre, la familia fue llevada en barco a Panamá, donde muchos detenidos -principalmente los hombres adultos- realizaron trabajos forzados. El padre fue confinado en una sección aparte y solo se le permitía ver a su familia 10 minutos al día.

En Panamá se encontraron con otros japoneses detenidos de otros países. Todos fueron llevados al sur de Estados Unidos, a campos de internamiento donde también había personas de origen alemán e italiano.

"Estaba muy triste, porque fui en parte criado por mis abuelos y fueron usados en uno de los intercambios de prisioneros. Después de que dejaron Perú, no los volví a ver", declaró Isamu Shibayama -quien falleció en 2018- ante la CIDH, en una audiencia por su demanda de justicia.

Los campos de internamiento

Los campos de internamiento en suelo estadounidense no eran campos de exterminio ni en ellos había violencia, como en los de la Alemania nazi.

Pero sí eran centros de detención en los que que se internaba a familias enteras, incluidos muchos niños, por su origen étnico y no por haber sido hallados culpables de nada.

El de Cristal City, una pequeña localidad del sur de Texas, ha sido uno de los más documentados.

Ahí fueron llevados casi todos los 2.300 ciudadanos de origen japonés de América Latina, de los cuales unos 1.900 eran de Perú.

Los 150 edificios construidos originalmente para albergar a trabajadores migrantes durante la Gran Depresión, fueron cercados con vallas altas y torres de vigilancia, y contaban con guardias armados que vigilaban a los "enemigos" de EE.UU., incluidos mujeres, ancianos o niños.

Había tiendas de alimentos, auditorios, almacenes, oficinas administrativas, un hospital, lugares de culto, escuelas y áreas de recreo.

Muchos familiares de los detenidos optaron por ser llevados a Crystal City para unirse a los cabezas de familia: "En Nueva Orleans confiscaron nuestros pasaportes. Nos montaron en un tren y nos llevaron al campo de internamiento de Crystal City, en Texas", relató Blanca Katsura, una peruana-japonesa, a BBC Mundo en una entrevista en 2015.

Otro de ellos, Chieko Kamisato, recordaba: "Cuando llegamos en barco a Nueva Orleans nos obligaron a desnudarnos y nos rociaron con DDT (un insecticida altamente tóxico). Sé que para mi madre fue un momento muy humillante".

Los testimonios que surgieron años después dan cuenta de que era un lugar relativamente tranquilo, principalmente para los niños que hacían actividades cotidianas, como ir a la escuela o jugar en los diversos espacios.

Pero para la comunidad japonesa y expertos como Hernández, el que no fueran sitios de exterminio no implicaba que no fueran campos de concentración.

"Eran obligados a ir ahí, no podían salir. Estaban vigilados por los militares. Yo creo que esto es muy severo", sostiene el investigador.

Para diciembre de 1945, aproximadamente 1.260 japoneses peruanos fueron sacados de Crystal City. 600 fueron llevados a Hawái y 660 a Japón, porque Perú no los aceptaba de vuelta.

"Realmente no conocemos un solo caso de un espía que fuera recluido en un campo de internamiento", explica Hernández.

Los otros desterrados

Pese a que la mayoría no fueron enviados a EE.UU. , los ciudadanos de origen japonés en México y Brasil también fueron victimizados.

"Mi bisabuelo se llamaba Jimpei Ogata", le cuenta a BBC Mundo Jumko Ogata, una activista de la comunidad nikkei.

A comienzos del siglo XX, cuando llegó a México, trabajó en condiciones de esclavitud en minas de carbón e incluso participó en la Revolución Mexicana en el bando de Pancho Villa.

Al establecerse en Otatitlán, Veracruz, formó una familia de siete hijos. Pero, como otros miembros de la comunidad japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial fue llevado por la fuerza lejos de su casa.

"En la Segunda Guerra Mundial a mi bisabuelo se lo llevaron, pese a que no había pruebas de que él fuera espía. De hecho, él ni siquiera sabía que había guerra, porque las redes de comunicación no eran lo mismo que hoy", cuenta Jumko Ogata.

Como muchos otros japoneses, fue forzado a concentrarse en Ciudad de México, donde era vigilado. Otros tuvieron que establecerse en Guadalajara.

Aquellos que tenían mejor posición económica podían comprarse una casa y quedarse en ella, mientras que otros, como Jimpei Ogata, fueron encarcelados.

"Estuvo en prisión alrededor de tres años, o entre prisión y un espacio designado del cual no podía salir en Ciudad de México", explica su bisnieta.

"Pero casos como el de mi bisabuelo hay muchísimos. La mayoría de las personas japonesas, aunque ya fueran ciudadanas y ciudadanos mexicanos, eran obligadas a concentrarse. Y esto fue pues una política racista impulsada por el gobierno de Estados Unidos", señala.

"Si tenían negocios, los perdían. Si vivían en una casa propia, también la perdían. Realmente hubo un gran desplazamiento y pérdida, fueron procesos traumáticos para la comunidad".

Hernández indica que, a diferencia del otros países latinoamericanos, en México no se envió de forma sumaria a los japoneses a Estados Unidos.

En Brasil, donde había una comunidad japonesa formada de más de 250.000 personas, a los nikkei se les prohibió hablar japonés.

Algunos fueron segregados a localidades como Paranaguá y Tomé-Açu.

Las demandas de perdón

Estados Unidos reconoció una responsabilidad parcial de lo ocurrido con los japoneses muchos años después de haberlos recluido en campos de internamiento.

El presidente Ronald Reagan emitió una declaración de perdón y ofreció hasta US$20.000 a los estadounidenses de origen japonés que fueron hechos prisioneros injustamente.

Pero latinoamericanos como los Shibayama se quedaron con las manos vacías al haber sido catalogados como indocumentados, a pesar de haber sido llevados a EE.UU. en contra de su voluntad.

Aunque algunos recibieron la residencia o nacionalidad, así como compensaciones posteriores de US$5.000, Washington no ha ofrecido disculpas hasta la fecha a los latinoamericanos de origen japonés como demanda la familia Shibayama, a pesar de que la CIDH les dio la razón en 2020.

En América Latina, no fue hasta 2011 que el presidente peruano Alan García pidió "perdón por ese grave atentado contra los derechos humanos y la dignidad de los peruano-japoneses y japoneses".

"Muchos de los deportados no volvieron, muchos de los injustamente encarcelados tras alambradas, vieron cómo sus bienes habían desaparecido y se habían destruido sus pequeños comercios e industrias. Y muchos no pudieron recuperar sus granjas y sus tierras agrícolas", dijo en una declaración informal.

Jumko Ogata ha intentado que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pida disculpas, como el mandatario ha solicitado a España por la conquista de los pueblos indígenas.

"En el caso de mi familia, pues hubo una disrupción de la dinámica familiar muy fuerte, porque siendo siete hijos, mi bisabuela estaba embarazada de su hijo menor cuando se llevaron a su marido. Son cosas que no se pueden reparar", dice.

Sin embargo, no ha encontrado respuestas de las autoridades ni un "gesto" que permita reconocer "la historia violenta que tuvo el gobierno mexicano hacia la comunidad japonesa para poder hacer una especie de reconciliación".

Que suceda, sin embargo, es algo importante, según el historiador Sergio Hernández.

"Todos los gobiernos tienen que pedirles perdón. Esto es muy poco conocido. Y es importante que se sepa para que no se vuelva a repetir este tipo de historias, de persecuciones raciales y éticas".

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