Agencia AFP
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Al menos seis personas murieron y una treintena resultaron heridas el jueves durante tiroteos registrados en Beirut durante una manifestación de los movimientos chiitas Hezbolá y Amal contra el juez encargado de investigar la explosión en el puerto de la capital del en agosto de 2020.

Varias zonas de Beirut se convirtieron en una zona de guerra. Disparos incesantes y explosiones resonaban no lejos del palacio de Justicia, ante el que se habían reunido centenares de manifestantes, vestidos de negro, algunos de ellos armados, comprobaron los periodistas de AFP.

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El ministro de Interior, Bassam Mawlawi, dijo en una rueda de prensa que ya había seis fallecidos y que algunos habían recibido una bala mortal en la cabeza, lo que hace pensar que los disparos fueron obra de “francotiradores”.

Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa, dijo a la AFP un doctor del hospital Sahel, al sur de Beirut.

En un comunicado conjunto Hezbolá y Amal también acusaron a “francotiradores apostados en los tejados de los edificios” de haber disparado contra los manifestantes.

Pero quién disparó y cómo degeneró tan rápido esta protesta no está por el momento claro.

En total, 30 personas resultaron heridas, según la Cruz Roja libanesa, y fueron socorridas por ambulancias cerca del Palacio de Justicia.

Combatientes de los movimientos chiitas de Hezbolá y Amal disparan durante los enfrentamientos en el área de Tayouneh, en el suburbio sur de Beirut, el 14 de octubre de 2021. (Anwar Amro / AFP).
Combatientes de los movimientos chiitas de Hezbolá y Amal disparan durante los enfrentamientos en el área de Tayouneh, en el suburbio sur de Beirut, el 14 de octubre de 2021. (Anwar Amro / AFP).

Las calles se vaciaron rápidamente y los libaneses se refugiaron en sus casas, reviviendo momentos vividos en guerras pasadas que pensaban haber olvidado.

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En las redes sociales, circulaban videos de estudiantes escondidos bajo sus mesas o echados en el suelo en clase.

“Me escondí con mi primo y mi tía en un espacio de dos metros cuadrados, entre dos habitantes, por miedo a las balas perdidas”, dijo a la AFP Bissan al Fakih, vecina de la zona.

Los tanques del ejercito se desplegaron en el vecindario, lo acordonaron y los militares avisaron que dispararían a cualquier persona que abriera fuego.

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Convocados por Hezbolá y Amal, los manifestantes exigían la destitución del juez Tareq Bitar, encargado de la investigación de la explosión en el puerto de la ciudad, ocurrida el 4 de agosto de 2020 debido a cantidades de nitrato de amonio almacenadas de forma irregular en el lugar.

En este drama murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital libanesa acabaron devastados.

Los manifestantes quemaron retratos del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea. Estos cruentos enfrentamientos coinciden con la presencia en Beirut de la número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland.

El primer ministro Nagib Mikati instó a mantener la calma y criticó los intentos de hundir al país en un ciclo de violencia.

Hezbolá y sus aliados creen que el juez está politizando la investigación. El martes, el juez Bitar, lanzó una orden de arresto contra el diputado y exministro de Finanzas, Ali Hassan Khalil, miembro de Amal y aliado de Hezbolá.

Acto seguido se vio obligado a suspender la investigación ya que dos exministros pusieron una denuncia contra él ante la justicia, que fue desestimada este jueves, por lo que el magistrado podrá seguir adelante con su trabajo.

Este asunto está a punto de provocar una implosión del recién formado gobierno libanés, después de un año de bloqueo político, ya que los ministros de Hezbolá y Amal pidieron que el juez sea reemplazado, algo a lo que los otros miembros del gobierno se negaron.

“El hecho que Hezbolá baje a las calles y ponga toda su fuerza en esta batalla podría provocar importantes enfrentamientos y la desestabilizacion del país entero”, declaró a la AFP el analista Karim Bitar.

Las autoridades locales, señaladas por negligencia criminal, se niegan a autorizar una investigación internacional y son acusadas por las familias de la víctimas y oenegés de obstaculizar a la justicia.

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