La Fiscalía General de El Salvador presentó ante diferentes tribunales solicitudes para procesar penalmente a 1.202 supuestos pandilleros pertenecientes a grupos de la Mara Salvatrucha (MS-13), informó este martes la entidad de investigación.
Un representante de la Fiscalía explicó en un vídeo difundido en X que en cortes contra el crimen organizado de la zona oriental se solicitó juzgar en grupo a 661 supuestos pandilleros que posiblemente operaban en los departamentos (provincias) de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán.
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Otro grupo de 158 imputados serán procesados en la zona paracentral del país y operaban en el municipio de Ilobasco, según indicó una fiscal en otro vídeo sin identificarse.
En San Salvador, apuntó la Fiscalía en un mensaje en la misma red social, se busca procesar en una misma diligencia a 383 acusados que “delinquían” en diferentes localidades de la capital.
Los supuestos pandilleros son acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia y conducción ilegal de arma de fuego, posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
La fuente no especificó si estos supuestos miembros de la MS-13 fueron detenidos en el contexto de un régimen de excepción que el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implementa desde marzo de 2022 para combatir a estas bandas.
Además, por el momento, se desconoce cuántas solicitudes de procesos en grupo ha presentado la Fiscalía ante la justicia salvadoreña en el marco de este régimen y solo se conoció que el pasado 30 de abril se pidió procesar penalmente a 1.589 supuestos pandilleros de la MS-13.
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Reformas penales aprobadas en la Asamblea Legislativa e impulsadas por el Gobierno de Bukele permiten realizar procesos penales masivos sin que sea necesario individualizar las responsabilidades de los acusados.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022, lo que según investigaciones del medio local El Faro se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
En el marco de este régimen, las autoridades reportan más de 79.900 detenciones y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan al menos 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
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