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El martes de la semana pasada, cuando un tribunal de apelaciones de Irán confirmó la pena de muerte dictada meses atrás, la suerte de tres jóvenes de ese país parecía echada: el camino a la horca había quedado allanado.
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Pero aquel mismo día empezó a gestarse una movilización sin precedentes con millones de mensajes de protesta procedentes de distintas partes del mundo con las etiquetas #NoEjecuten, en farsi, y #DetenganlasEjecucionesenIrán, en inglés.
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“El brutal veredicto despierta una gran indignación y no es comprensible en muchas partes del mundo”, denunció Martin Lessenthin, portavoz de la junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
Acusó a los dirigentes iraníes de utilizar el fallo para disuadir a la población civil de nuevas manifestaciones e impedirlas por completo.
En efecto, en noviembre del año pasado, Amirhosein Moradi, de 26 años; Said Tamjidi, de 28; y Mohamad Rajabi, de 26, participaron en las manifestaciones contra la subida de los precios de la gasolina en Irán –que derivaron en fuertes críticas contra el sistema teocrático– y fueron detenidos.
Según el tribunal que los condenó a la pena capital en febrero, en los celulares de los tres se encontraron pruebas de que habían incendiado bancos, edificios públicos y autobuses durante las protestas.
Fueron acusados también del robo y el envío de videos de sus actividades a los medios extranjeros.
Amnistía Internacional (AI) aseguró que el proceso fue injusto y denunció que los jóvenes habían sido sometidos a torturas, como palizas y descargas eléctricas.
En su momento, AI alertó que las fuerzas de seguridad habían reprimido de forma brutal las protestas y que más de 300 personas habían muerto como consecuencia de ello.
Millones en Twitter
Ayer, el Tribunal Supremo de Irán accedió a la petición de los abogados para revisar los casos de los tres jóvenes. La decisión, que conlleva la suspensión provisional de la condena a muerte y probablemente su futura conmutación por un castigo menor, ocurre tras esta ola de solidaridad virtual con los muchachos.
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"No a la pena de muerte en Irán", dice el cartel que sostiene uno de los participantes en las manifestaciones que tuvieron lugar en Berlín, Alemania, contra las leyes impuestas por el régimen de Teherán. (Foto: Hayoung Jeon / EFE)
El giro se produjo gracias a la invocación del artículo 474 del Código Penal iraní, que permite solicitar la repetición del juicio si el veredicto se ha emitido tomando como base pruebas falsas, aparecen nuevas pruebas favorables al acusado o si la pena es demasiado severa.
También es cierto que la etiqueta de apoyo a la suspensión de la horca se compartió más de diez millones de veces en Twitter tanto por internautas locales como foráneos. Varias celebridades iraníes se sumaron a la ola de críticas a la decisión judicial y, a última hora, incluso se unió el gobierno de Hassan Rouhani.
En comentarios al periódico oficialista iraní, el portavoz gubernamental, Alí Rabiei, pidió “respetar la llamada directa y natural de la opinión pública y del pueblo”.
Según AI, Irán fue el año pasado, con 251 ejecuciones, el segundo país del mundo que más aplicó la pena capital, solo por detrás de China.
La sudanesa que se libró de morir
Lo ocurrido en el país asiático hace recordar un caso que aconteció hace dos años en África. En mayo del 2018, en Sudán, un tribunal islámico sentenció a Noura Hussein, de solo 19 años, a la pena de muerte en la horca “por el asesinato premeditado de su esposo” después de que este la violara repetidamente, incluso con ayuda de algunos parientes.
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Seguidores de la lideresa opositora iraní, Maryam Rajavi, protestaron en Alemania contra la pena de muerte en el país. (Foto: Fabrizio Bensch / Reuters)
El movimiento sudanés Iniciativa No a la Represión de las Mujeres lanzó una misión contra el fallo judicial y activistas de los derechos humanos de toda la región se unieron para protestar contra la sentencia.
Casi de inmediato empezó una campaña en Internet llamada #JusticeforNoura, que exigía la libertad de Hussein, perteneciente a ese tercio de niñas sudanesas que son forzadas a contraer matrimonio antes de los 18 años, según un informe del Unicef.
Más de un millón de personas en el mundo, además de celebridades internacionales, firmaron peticiones para frenar la ejecución y Amnistía Internacional instó por la revisión del caso.
A fines de junio de ese año, un tribunal de apelaciones sudanés le conmutó la pena capital por otra de cinco años de cárcel y el pago de una multa de casi 20 mil dólares.
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