Condenan a exdirectivo de una empresa hidroeléctrica como coautor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

Un exdirectivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) fue condenado este lunes como coautor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

El Tribunal de Sentencia de Honduras condenó de forma unánime a Roberto David Castillo, que ahora podría enfrentar una pena de entre 20 y 25 años de prisión, según informó la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars.

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Castillo, quien fue presidente ejecutivo de DESA, es la octava persona condenada por la muerte de Cáceres, ocurrida en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.

En 2019, fueron sentenciadas otras siete personas entre las cuales se encuentra Douglas Bustillo, antiguo jefe de seguridad de DESA, quien -según el Tribunal de Sentencia- tuvo comunicación con Castillo sobre el tema.

“Supuestamente David Castillo habría trabajado en la organización y logística para darle muerte a Berta Cáceres”, explicó Villars.

La ambientalista, que en 1993 fue una de las cofundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se opuso activamente a los planes de DESA para construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, debido a los daños que esta obra podía ocasionar al medioambiente.

Al igual que DESA, Castillo siempre ha negado tener alguna responsabilidad por lo ocurrido con Cáceres, quien fue asesinada cuando se encontraba en su vivienda.

Está previsto que el próximo 3 de agosto las autoridades judiciales hagan conocer la duración de la pena que deberá cumplir Castillo.

Berta Cáceres fue conocida por su activismo organizando al pueblo lenca, la mayor etnia indígena del país, en su oposición a la citada represa, cuya construcción sobre el río Gualcarque, sagrado para los indígenas y vital para su supervivencia, encontró resistencias en la comunidad.

Por estos esfuerzos fue honrada en 2015 con el Premio Medioambiental Goldman.

La activista había denunciado que, tras su oposición a la construcción de la represa, fue amenazada de muerte.

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