Qué derechos tendrán los migrantes venezolanos en Colombia que regularicen su situación (y por qué no podrán votar)

Informalidad. Esa es la palabra clave para entender el fondo de la regularización masiva de migrantes venezolanos en Colombia anunciada esta semana por el presidente, Iván Duque.

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De los casi dos millones de venezolanos que hay en el país, el 90% vive de la economía informal y 56% no cuenta con un estatus migratorio regular, según cifras oficiales.

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Eso impide que, entre otras cosas, puedan recibir servicios sociales y económicos del Estado, que tengan un empleo formal, que arrienden un inmueble, que abran una cuenta de banco, que accedan al sistema de salud público o que, cuando se dé la oportunidad, sean vacunados en contra el covid-19.

“Quienes están en nuestro país en condición de irregulares tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres, edades, apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y, por supuesto, también estarán en un registro biométrico”, dijo Duque el lunes.

Saber quiénes son los venezolanos en Colombia, ha dicho el gobierno, facilitará su integración al país.

Duque añadió: “(La regularización) también nos da a nosotros la certeza (de) que una vez cumplido el periodo de registro, quien no esté debidamente registrado estará en situación de irregularidad y por supuesto, sujeto a deportación”.

Según el plan del gobierno, los migrantes venezolanos que entren al esquema transitorio tendrán 10 años para normalizar su estatus.

La idea es que todos los migrantes hagan parte del sistema de registro nacional y tengan, al menos en teoría, una relación con el Estado transparente y sujeta a algunos derechos.

El anuncio de Duque fue recibido por algunos colombianos con escepticismo, en especial porque asumieron que la regularización incluía nacionalización o, lo que es más políticamente sensible, el derecho al voto. Colombia celebra elecciones en 2022.

Sin embargo, las autoridades han sido claras en que el Estatus de Protección Temporal no da ciudadanía colombiana.

Salud y educación

Lucas Gómez García, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, le dijo a La Silla Vacía: “No vamos a nacionalizar a nadie. Justamente un Estatuto Nacional de Protección permite una permanencia en el territorio durante un periodo de diez años, pero no le da la nacionalidad a esa población”.

De hecho, en esa entrevista con el portal político el funcionario ofreció quizá la descripción más específica que se ha dado sobre los derechos a los que accederán los venezolanos regularizados: ingresar al sistema de salud, tener acceso a educación y ser contratado de manera formal.

El tema de salud es un buen ejemplo para entender por qué es mejor un migrante formal a un migrante informal: los venezolanos que se enferman solo están siendo atendidos por urgencias, lo que es costoso e ineficiente tanto para el sistema como para el paciente.

Pero, una vez asegurados en el sistema de salud público, podrán seguir un tratamiento continuo y económico.

Se someterán a las trabas burocráticas del sistema, como cualquier colombiano, pero recibirán tratamiento.

No son votos

Si bien los migrantes venezolanos harán parte del sistema colombiano, no podrán votar, como sugieren algunos.

“No es una medida para darles cédula y que puedan votar en las elecciones, ni siquiera en las locales”, aclaró Gómez.

La ley colombiana contempla la posibilidad de voto para extranjeros con residencia: “Los extranjeros residentes en Colombia pueden votar en las elecciones de autoridades locales”, estipula la Registraduría Nacional.

Aunque no pueden votar en presidenciales ni legislativas, los residentes con cédula de extranjería pueden elegir alcaldes, concejos y juntas locales.

Los venezolanos regularizados, no obstante, no serán residentes ni tendrán cédula.Harán parte de un régimen transitorio que da derechos sociales y económicos, pero no ciudadanía.

Lo que viene

Este nuevo registro de migrantes ha sido celebrado por decenas de entidades en todo el mundo, pero aún está por verse lo más complejo: su implementación.

Por ahora, los colombianos conocen el anuncio y la hoja de ruta, pero los entes especializados aún deben analizar y concertar el contenido del decreto.

Una vez cerrado el decreto, la Cancillería emitirá las resoluciones que detallen cómo será exactamente el esquema.

“Y los retos no son menores”, asegura Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

En sistemas anteriores de registro de migrantes, como el Permiso Especial de Permanencia, hubo problemas con la asimilación de números de identificación de origen venezolano en el sistema colombiano, lo que generó trabas a la hora de, por ejemplo, abrir cuentas de banco o acceder a la salud.

“En este caso, mucho depende de cómo queden las resoluciones y cómo Migración Colombia vaya a ejecutar esos estatutos”, explica Rodríguez.

Esta última entidad, añade, “es relativamente pequeña comparada con otras dependencias del Estado y se le está poniendo en su responsabilidad más de 2 millones de personas”.

El gesto del gobierno Duque ha sido celebrado y elogiado. Pero, en esto, la intención no es solo lo que vale.

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