Caracas. Con gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de cañones de agua, los cuerpos de seguridad de Venezuela reprimieron a decenas de miles de opositores que marcharon este jueves en Caracas en rechazo al Tribunal Supremo de Justicia y al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que enfrenta tensiones políticas en medio de una severa crisis económica. Los incidentes dejaron al menos 19 heridos.
El choque entre manifestantes y cuerpos de seguridad se produjo luego de que la Guardia Nacional y la Policía Nacional les cerraran el paso y dispararan granadas de gas y balas de goma para dispersarlos.
Miles de opositores resistían en la vía pese a que las autoridades los atacaban intensamente. Algunos de ellos tenían los rostros cubiertos con tela y le devolvían a los guardias y policías las granadas. También les lanzaban piedras y otros objetos.
Vehículos blindados ligeros se fueron sumando para reforzar la presencia de la Guardia Nacional en la autopista, lo que le permitió ganar terreno. Una muchedumbre se vio forzada a correr en su intento por esquivar las granadas de gas y la andanada de balas de goma, mientras otros manifestantes buscaban protección debajo de un tramo elevado de la vialidad.
Los manifestantes tenían previsto marchar hasta la sede del Defensoría del Pueblo para exigir a esa institución la apertura del proceso de remoción de los siete magistrados del máximo Tribunal que emitieron las dos sentencias contra el Legislativo. La decisión de realizar la movilización hasta la Defensoría fue anunciada minutos antes por varios dirigentes opositores ante la muchedumbre concentrada en un tramo de la principal autopista de Caracas. Inicialmente estuvo planteado realizar únicamente la concentración.
El alcalde del municipio capitalino de Chacao, Ramón Muchacho, dijo a The Associated Press que al menos 19 personas resultaron heridas, de las cuales once sufrieron lesiones por golpes, cuatro por balas de goma y una joven presentó severas quemaduras en el cuerpo.
Previamente, al grito de "¡fuera dictador!", miles de manifestantes que portaban banderas venezolanas y de los diferentes partidos opositores desbordaron algunas vías de Caracas en una nueva jornada de protestas —que incluyó otras del interior del país— que se ha extendido por más de una semana en rechazo a las sentencias del máximo Tribunal contra la Asamblea Nacional, que a pesar de que fueron revertidas continúan generando tensión.
Maduro desestimó las protestas de este jueves y dijo que el país está en paz. "Pequeños focos violentos, con la autoridad de la constitución, fueron hoy neutralizados y no lograron su objetivo que era llenar de violencia toda Caracas", dijo el mandatario durante un acto con grupos religiosos.
En respuesta a la acción opositora, varios centenares de empleados públicos y seguidores del gobierno salieron a marcha en el centro de Caracas.
En su programa, que difunde la televisora estatal, el diputado oficialista Diosdado Cabello presentó la grabación de una supuesta conversación telefónica entre un presunto agente encubierto y el dirigente socialcristiano Eduardo Vetancourt, en la que hablaban de planes desestabilizadores para marzo y abril. El supuesto complot contaría con el apoyo de representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Vetancourt fue detenido el 31 de marzo e imputado de los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. A raíz de ese proceso, el presidente electo del partido socialcristiano COPEI, Roberto Enríquez, desapareció el domingo y apareció la víspera en la residencia del embajador de Chile en Caracas donde se encuentra en calidad de huésped, indicó la Cancillería de ese país.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo a la presa durante una visita a Buenos Aires que hasta el momento Enríquez no ha pedido asilo, pero sostuvo que de hacerlo el gobierno de Chile se lo otorgará. "Chile no califica inocencia o culpabilidad, no califica incluso las condiciones políticas, sino que el acto de concesión de asilo es una acción humanitaria", agregó.
A pesar de que el máximo tribunal de país revirtió el fin de semana dos sentencias en las que asumía las competencias legislativas del Congreso y limitaba la inmunidad de los diputados, los cuestionamientos internacionales a la Corte no han cesado ni las tensiones políticas que generaron.
La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, aprobó la víspera la activación del proceso de remoción de los siete magistrados de la Sala Constitucional del máximo tribunal que emitieron los polémicos dictámenes.
Fuente: AP