La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el jueves órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, al acusarlos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Los jueces también aprobaron la orden de detención contra Mohammed Deif, un alto responsable de Hamás, por el sangriento ataque del 7 de octubre del 2023 a Israel perpetrado por la milicia islamista palestina. ¿Qué sigue ahora? ¿Los sindicados pueden ser juzgados en ausencia?
En mayo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó órdenes de captura contra Netanyahu, Gallant, Deif y otros dos dirigentes de Hamás como Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar, quienes posteriormente fueron asesinados por Israel.
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En cuanto a Deif, Israel también lo ha declarado muerto. Sin embargo, la Fiscalía de la CPI indicó que está recabando información sobre “su supuesta muerte”.
Mediante un comunicado, la CPI precisó el jueves que la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó las impugnaciones que interpuso Israel en setiembre a la jurisdicción del tribunal.
Israel, que no es parte de la CPI, negaba que esta corte tenga jurisdicción sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.
En este punto, cabe precisar que el Estado de Palestina sí forma parte de la CPI y lo que ocurra dentro de ese territorio le da jurisdicción a la corte.
El Gobierno Israelí también había exigido a los jueces que detuvieran “cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto”, petición que también fue rechazada por los magistrados.
“No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente”, sostuvo la Sala de Cuestiones Preliminares.
Precisó también que los Estados “no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura”.
La acusación del fiscal de la CPI contra Hamás está relacionada con el ataque del 7 de octubre del 2023, cuando hombres armados atacaron el sur de Israel matando a unas 1.200 personas y tomando a otras 251 como rehenes.
Israel respondió al ataque declarando la guerra a Hamás en Gaza. La represalia ya deja al menos 44.000 muertos en el enclave palestino.
“Las ordenes de detención emitidas por la CPI contra altos dirigentes israelíes y un líder de Hamás rompen con la percepción de que ciertas personas se encuentran por encima de la ley”, dijo Balkees Jarrah, directora asociada de Justicia Internacional para Human Rights Watch, en una declaración enviada a El Comercio.
“Los Estados deben apoyar la justicia a nivel global, y abordar las atrocidades que se vienen cometiendo contra todas las victimas en Palestina e Israel”, agregó.
Los argumentos de la CPI
La Fiscalía de la CPI considera a Nentayahu y Gallant “responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.
También se les considera responsables como “superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil” en Gaza.
“La Sala concluyó que ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación”, dijo la CPI.
En el caso de Hamás, la Fiscalía de la CPI había pedido el arresto de los entonces líderes del grupo Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh. Los acusó de seis crímenes de guerra, como la toma de rehenes y actos de violencia sexual; y cinco de lesa humanidad, incluidos exterminio y asesinatos.
Pero desde que el fiscal solicitó su arresto, Haniyeh murió en un ataque de Israel en Irán en julio pasado. Mientras que Sinwar fue abatido en octubre en el sur de Gaza, por lo que Khan retiró su solicitud al considerar confirmado el fallecimiento de ambos. Sobre Deif, la corte todavía no confirma su muerte.
¿Qué sigue ahora?
La Corte Penal Internacional no tiene una policía que haga efectiva sus órdenes de arresto. Dependerá de los 124 Estados miembros de la CPI ejecutar las detenciones cuando alguno de los sindicados pise su territorio.
Si bien los Estados que forman parte de la CPI están obligados a hacer efectivas las órdenes de detención que se emiten, no todos cumplen. Y la corte no tiene un mecanismo para hacer que respeten lo pactado.
Un ejemplo de ello ocurrió este año con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien desde marzo del 2023 tiene una orden de arresto en su contra por una investigación sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania y su presunta participación en el secuestro de niños ucranianos que fueron llevados a Rusia.
Putin, quien ha limitado sus salidas fuera de Rusia, viajó en setiembre a Mongolia, país que forma parte de la CPI, pero no fue detenido.
¿Netanyahu, Gallant y Deif pueden ser juzgados en ausencia? Human Rights Watch le dijo a El Comercio que la Corte Penal Internacional solo puede hacer juicios con la presencia del imputado.
De manera excepcional, explicó HRW, se acaba de hacer una audiencia en ausencia pero solo para confirmar cargos contra un guerrillero que no logra ser ubicado. Se trata del caso contra Joseph Kony, el principal dirigente del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, responsable de unas 100.000 muertes desde 1986 hasta el 2006.
Las reacciones
En una primera reacción, Benjamin Netanyahu acusó a la CPI de antisemita. “La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional es comparable a un juicio Dreyfus actual que terminará de la misma forma”, según un comunicado de su oficina. La alusión es al caso del capitán judío Alfred Dreyfus, condenado por traición a finales del siglo XIX en Francia y que luego fue absuelto y rehabilitado.
Yoav Gallant consideró que la orden de arresto sienta un “peligroso precedente contra el derecho a la autodefensa y la guerra moral” de Israel.
Por su parte, Hamás celebró la orden de arresto contra Netanyahu y Gallant. “Es un paso importante hacia la justicia, que puede permitir a las víctimas obtener reparación, pero sigue siendo modesto y simbólico si no cuenta con el pleno apoyo de todos los países del mundo”, declaró Bassem Naïm, miembro del buró político de la milicia palestina en un comunicado, donde no mencionó el mandato de detención contra Mohammed Deif.
Estados Unidos, aliado de Israel y que no forma parte de la CPI, dijo que “rechaza categóricamente” la decisión. “Nos sentimos sumamente preocupados por la resolución del Fiscal de emitir órdenes de detención y por los inquietantes errores de procedimiento que llevaron a esta decisión. Estados Unidos ha sido claro en que la CPI no tiene jurisdicción en este asunto”, manifestó un portavoz del Consejo Nacional de Seguridad.
Joseph Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, consideró “vinculantes” las órdenes de arresto y afirmó que deben aplicarse. “Todos los Estados, todos los Estados parte del estatuto de la corte, incluidos todos los miembros de la Unión Europea, deben implementarla”.
Yael Vias Gvirsman, que representa a las familias de 300 víctimas israelíes del ataque de Hamás en Israel, consideró que “esta orden de arresto de Deif es sumamente importante. Esto significa que se oyó la voz de las víctimas”.
Por Francisco Belaunde Matossian
Analista internacional
La CPI hizo lo que procedía. Con todo lo que está pasando en Gaza, era difícil que no se emitiera una orden de este tipo. Además, también está de por medio la credibilidad de la Corte Penal Internacional, pues antes ellos emitieron una orden similar contra Vladimir Putin.
Si la CPI aplicaba el doble estándar, como hacen algunas potencias en estos casos, iba a desacreditar el sistema de justicia internacional.
Seguramente hubo muchas presiones para que no haya este desenlace. Incluso se sabe que Israel ha espiado en el pasado a la corte.
Ahora Netanyahu se va a ver limitado en sus desplazamientos fuera de Israel. Hay países que van a acatar la orden y lo arrestarán si pisa su territorio.
En cuanto a Estados Unidos, lo más probable es que tratará de sancionar a los jueces y al fiscal de la Corte Penal Internacional. Y más aún con Donald Trump en el poder, porque ya lo hizo cuando la fiscal anterior ordenó una investigación por los bombardeos de Estados Unidos en Afganistán.
Esta decisión reivindica a la CPI, pues en un momento hubo mucha crítica a su accionar, sobre todo de los países africanos que decían que solo se ocupaba de los casos relacionados con ese continente. Incluso hubo algunas naciones que amenazaron con retirarse.
¿Qué es la CPI y cómo funciona?
La Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia con sede en La Haya para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad cometidos a partir del 1 de julio del 2002.
Su tratado, el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998. La corte empezó a funcionar en el 2003 y reemplazó a los tribunales ad hoc formados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
Un total de 124 Estados pertenecen a la CPI, todos han ratificado el Estatuto de Roma.
Entre los países que no firmaron el Estatuto de Roma y no aceptan la jurisdicción del tribunal figuran Israel, Estados Unidos, Rusia y China.
La CPI se involucra cuando los países no son capaces o no están dispuestos a enjuiciar los crímenes antes mencionados en su territorio.
La CPI tiene 17 investigaciones en curso, ha emitido un total de 42 órdenes de arresto y ha detenido a 21 sospechosos. Sus jueces han condenado a 10 de los acusados y absuelto a cuatro.
Además de África, la CPI tiene investigaciones abiertas en Asia, Europa, Medio Oriente y Latinoamérica.
El Estado de Palestina es parte del Estatuto de Roma de la CPI desde el 1 de abril de 2015, por lo que esta tiene jurisdicción para investigar los crímenes de su competencia ocurridos en el territorio palestino o los cometidos por sus nacionales.
¿Cómo se procesa una orden de detención? La orden de arresto la solicita el fiscal de la CPI. Dicha orden tiene que ser aprobada por los jueces de la corte. Y una vez aprobada, todos los Estados parte tienen la obligación de hacerla cumplir.
Algunos casos llevados a la CPI
La primera persona a la que la CPI juzgó con éxito fue Thomas Lubanga Dylio, expresidente de la República Democrática del Congo. En marzo de 2012 fue declarado culpable de crímenes de guerra y de alistar y reclutar a niños menores de 15 años para la guerra.
La CPI también ha acusado al dictador sudanés Omar al-Bashir por genocidio en la región de Darfur. Fue entregado por Sudán en agosto del 2021.
En su momento, la CPI ordenó el arresto del presidente de Libia Muamar Gadafi por cargos relacionados con la represión de protestas antigubernamentales en su país en 2011. Ese mismo año fue ejecutado por milicianos opositores.
En el 2019, el ex-presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo y el líder de la juventud Charles Blé Goudé, fueron absueltos de los crímenes de lesa humanidad cometidos tras las elecciones presidenciales del 2010. Su juicio ante la CPI había comenzado en enero del 2016.
En el 2016, ex vicepresidente congolés y líder militar Jean-Pierre Bemba y cuatro asociados fueron declarados culpables por cometer ofensas contra la administración de justicia bajo el artículo 70 del Estatuto de Roma. Las penas de prisión ya fueron cumplidas.
En el 2015, Dominic Ongwen se convirtió en el primer sospechoso del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) de Uganda en ser transferido a la CPI luego de entregarse a las tropas de Estados Unidos en la República Centroafricana. Ongwen fue acusado de 70 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En noviembre del 2019, el líder militar congolés Bosco Ntaganda fue sentenciado por la CPI a 30 años por crímenes de guerra y lesa humanidad en Ituri, República Democrática del Congo.
En el 2018, la Fiscalía de la CPI abrió una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.