El expresidente de EE.UU. y candidato presidencial republicano para 2024, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en Pickens, Carolina del Sur, el 1 de julio de 2023. (Foto de Logan Cyrus / AFP)
El expresidente de EE.UU. y candidato presidencial republicano para 2024, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en Pickens, Carolina del Sur, el 1 de julio de 2023. (Foto de Logan Cyrus / AFP)
/ LOGAN CYRUS
Agencia EFE

Una comisión de diputados de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) de comenzó este jueves a investigar la posible “responsabilidad penal” del expresidente de por los “crímenes de lesa humanidad” que se produjeron debido a las sanciones que este impuso contra el país caribeño mientras fue mandatario (2017-2021).

La comisión, presidida por el oficialista Pedro Infante, celebró hoy su sesión de instalación y espera presentar un primer informe la próxima semana ante la plenaria del Legislativo, de contundente mayoría chavista.

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Se trata de determinar el “alcance y las consecuencias de las confesiones de Donald Trump sobre su intención de hacer colapsar el país y prácticamente robar el petróleo”, dijo Infante ante periodistas, citando un discurso del republicano en el que habla del tema y tilda de dictador al presidente Nicolás Maduro.

El legislador adelantó que la comisión construirá una agenda de trabajo que incluirá reuniones y acciones coordinadas con otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y los órganos de Justicia.

Asimismo, señaló que estas investigaciones estarán guiadas por el código penal venezolano, un estatuto que, consideró, ha sido violado por “varios actores de la oposición traidora” que promovieron durante años la imposición de sanciones contra la llamada revolución bolivariana.

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En este sentido, mencionó el apartado legal que contempla castigos de hasta 30 años de prisión, la pena máxima en el país, para quienes, “de acuerdo con una nación extranjera o con enemigos exteriores, conspiren contra la integridad del territorio o contra sus instituciones”.

Los resultados de estas investigaciones, opinó Infante, deberían ser llevados ante organismos como Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional (CPI).

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