Día de vergüenza, por María José Guerrero

Con la totalidad de los candidatos presidenciales secuestrados en las mazmorras del régimen de Daniel Ortega, las votaciones presidenciales que se llevan a cabo hoy en el país centroamericano son una estratagema de partido y candidato único. Con el resultado garantizado, Ortega se va por cinco años más al mando del gobierno, para sumar veinte de poder ininterrumpido (2007-2027). La ausencia de garantías mínimas para la celebración de los comicios, la falta de libertad, seguridad y transparencia, la persecución de la oposición y la prohibición de misiones de observación internacional enlodan el escenario electoral de este domingo.

El Congreso de Estados Unidos asestó un golpe certero al régimen de Ortega y allegados al aprobar, hace unos días, la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer. A la espera de la rúbrica del presidente Joe Biden para su entrada en vigor, la ley amplía el rango de aplicación, sujetos y entidades de las temidas sanciones económicas selectivas para todo aquel “que obstruya directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”. Además, propone la revisión de la participación continua de ese país en el tratado de libre comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), que pone sobre el tapete su eventual salida del acuerdo comercial, si el gobierno de Ortega “sigue ejerciendo su régimen autoritario en un intento de subvertir las elecciones de noviembre del 2021 y socavar la democracia y los derechos humanos”. Un escenario de consecuencias desastrosas para la economía de los nicaragüenses.

El consejo permanente de la OEA emitió una resolución el 20 de octubre en la que denuncia que el Gobierno de Nicaragua ha omitido las recomendaciones para la celebración de elecciones libres y justas, así como el respeto a los derechos humanos en el país. De seguir así, la OEA revisaría los resultados electorales en la próxima Asamblea General, y adoptaría otras acciones en conformidad con la Carta Democrática Interamericana, lo que podría desembocar en la suspensión de Nicaragua como Estado miembro.

Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua son una farsa que se ha desvelado en toda su crueldad ante la vista y paciencia de la comunidad internacional. Que, a estas alturas de la historia, este país de la región sea víctima de la transgresión al sistema democrático y al Estado de derecho es una vergüenza que nos atañe a todos. La comunidad internacional debe desconocer los resultados de esta argucia disfrazada de harapos democráticos; posiciones tibias denotan complicidad con una banda de victimarios de un país entero.