¿La tan esperada crisis constitucional está por llegar?

Desde la elección de Donald Trump en el 2016, los académicos legales hemos sido bombardeados con e-mails de periodistas que nos preguntan si Estados Unidos va camino hacia una “crisis constitucional”. La mayoría de estas preguntas están motivadas por el incumplimiento de las normas por parte del presidente Trump, incluida su interferencia en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en la elección del 2016, sus ataques verbales a periodistas y jueces, y sus esfuerzos por iniciar investigaciones contra sus opositores políticos.

Una crisis constitucional, entendida como un punto de inflexión que podría derivar en el colapso o transformación del sistema, no ha ocurrido. Pero una crisis de esas características hoy parece cada vez más factible. No estoy hablando de la elección (que podría producir una crisis constitucional si el resultado fuese apretado o en el improbable caso de que Trump se negase a abandonar el poder). Me estoy refiriendo, más bien, a una crisis que podría ocurrir aun si Trump perdiera y que surgiría de una tensión que ha existido a lo largo de la historia estadounidense entre las cortes y un sistema democrático que le da el máximo poder al pueblo.

Ha habido dos crisis constitucionales en la historia de Estados Unidos. Ambas implicaron un enfrentamiento entre la Corte Suprema y las autoridades electas respaldadas por la opinión popular. La primera comenzó con el caso infame de ‘Dred Scott vs. Sandford’ en 1857. En aquel caso, la Corte Suprema sostenía que los afroamericanos no eran ciudadanos estadounidenses y que el Compromiso de Misuri de 1820 –que había evitado la Guerra Civil al ofrecer una fórmula para dividir el territorio entre ‘estados esclavos’ y ‘estados libres’– era inconstitucional.

El dictamen de la Corte encendió las tensiones entre el norte y el sur, y contribuyó a la Guerra Civil. La crisis constitucional subsiguiente se prolongó durante más de diez años una vez terminada la guerra, ya que la Corte siguió minando la legislación y las enmiendas constitucionales destinadas a proteger a los esclavos liberados, y el Congreso se cobró represalias despojando a la Corte de jurisdicción. La resolución definitiva confirmó la abolición de la esclavitud y la unión de los estados, pero preservó un sistema de ‘apartheid’ en el sur.

La segunda crisis tuvo lugar cuando la Corte Suprema derogó los estatutos del ‘New Deal’ destinados a abordar la Gran Depresión. En 1937, luego de una abrumadora victoria electoral, el presidente Franklin D. Roosevelt propuso una legislación para poblar la corte de juristas a favor del ‘New Deal’. Aunque su proyecto no prosperó, la Corte retrocedió, revirtiendo su oposición inicial.

Dada la actual volatilidad política, no hay manera de saber con exactitud qué forma adoptará la próxima crisis constitucional. Pero sus rasgos ya están saliendo a la luz. Como en los casos anteriores, la derecha ha capturado la Corte Suprema, pero ha perdido la batalla por la opinión pública.

En la izquierda, el descontento con la Corte se ha venido cociendo lentamente desde 1980, pero dos acontecimientos recientes han hecho que la ira entre en ebullición. Primero, la Ley de Atención Asequible (‘Obamacare’), el logro progresista insignia de los últimos 20 años, está en grave peligro.

Segundo, los demócratas ya no confían en que los republicanos sigan las reglas sobre los nombramientos judiciales. Tras haberse negado a celebrar audiencias para ratificar al candidato a la Corte del presidente Barack Obama, Merrick Garland, en el 2016 –citando la inminente elección presidencial–, la mayoría republicana del Senado ahora ha acelerado las audiencias para la confirmación de la candidata de Trump, Amy Coney Barrett. Esto garantizará una mayoría conservadora en la Corte capaz de bloquear la legislación demócrata por al menos los próximos cuatro años.

La situación ha envalentonado a los demócratas a jugar duro. Muchos en la izquierda quieren que Joe Biden se comprometa a “designar magistrados afines en la Corte” si resulta electo. Esto implicaría aumentar la cantidad de magistrados –presumiblemente de 9 a 13– para que pueda nombrar cuatro jueces más y crear una mayoría de 7 contra 6.

La importancia de esta propuesta es difícil de exagerar. Nombrar jueces afines en la Corte es un acto radical, una táctica predilecta de los déspotas. Y la Corte Suprema sigue siendo popular entre la población. Sin embargo, Biden no ha sido capaz de distanciarse de la idea, sin duda preocupado por un contragolpe del ala izquierda del Partido Demócrata.

Pero el problema de Biden no es con la izquierda; es, o será, con la Corte. Después de todo, su campaña se ha centrado en prometer atención sanitaria y una respuesta más contundente frente a la pandemia (dos áreas en las que los jueces conservadores han manifestado gran hostilidad). En consecuencia, si Biden gana la elección y obtiene una mayoría en las dos cámaras –que necesitará para cualquier nombramiento–, se enfrentará a un dilema. Si intenta nombrar magistrados afines, corre el riesgo de perder el respaldo de los demócratas moderados, agudizando la polarización política y dañando la imagen de la Corte. Pero si no lo hace, tal vez lo cataloguen de políticamente impotente.

Biden no tiene muchas más opciones que esperar que los jueces conservadores den muestras de sentido común y moderen su hostilidad hacia la legislación popular y la acción de gobierno.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha demostrado que esto es posible. Pero con la incorporación de Barrett, Roberts podría encontrarse en la minoría. Y si Barrett se suma a los otros cuatro conservadores y revoca la voluntad de un gobierno elegido democráticamente, podrían pasar años hasta que se lograr resolver la crisis constitucional subsiguiente.

–Glosado y editado–

Project Syndicate, 2020