La semana pasada la señora Nadine Heredia viajó a Ginebra sin anunciar fecha de retorno. Su viaje creó un clima altamente sugestivo, ambiguo al extremo y desafiante en varios aspectos. Viajó cómodamente, después de que las autoridades locales levantaron las restricciones que le impedían salir del país. El destino elegido fue Ginebra, no un lugar remoto o inaccesible. Y la razón, un contrato de trabajo con una entidad irreprochable como la FAO. Además, el viaje fue convenientemente rodeado de un silencio sin precedentes en quien siempre ha sido activa en redes. Se produjo pocos días después de que el juez Richard Concepción impusiera reglas de conducta a su esposo, el ex presidente Ollanta Humala. Y estuvo acompañado de suficientes filtraciones para justificar cualquier sospecha y gatillar, como gatilló, un escándalo explosivo, sonoro, lleno de protestas.
Indignación comprensible, desde varios puntos de vista. Pero probablemente inapropiada. En todo caso, debimos reaccionar hace unas semanas, cuando las autoridades dejaron caducar las restricciones que impedían viajar al personaje principal de esta historia. Con ocasión al viaje, la defensa pidió, sugestivamente, que se delegara la vigilancia sobre la señora Heredia al consulado en Ginebra. Y la fiscalía pidió su detención. En el medio exacto, el juez Concepción rechazó ambos pedidos y ordenó que la señora Heredia regrese en diez días. Si lo que tanto nos indignó fue que viajara, entonces lo razonable era ordenar su retorno. Y esto se ha hecho. Cualquier observador imparcial, ajeno a las particularidades emocionales de nuestra comunidad, habría encontrado absurdo que se ordene algo distinto.
Al final, estupendo ejercicio de equilibrio. Pero aún falta resolver un detalle.
La orden de retorno al país quedaría vacía de todo contenido si la fiscalía no hace pronto un cambio en sus planes. El fiscal Germán Juárez Atoche debe demostrar ahora que la presencia de Heredia es necesaria en Lima al extremo que su vigilancia no puede ser delegada a Ginebra. Hasta ahora, la fiscalía había relajado los controles sobre la señora Heredia en un aparente intento por obtener más tiempo para desarrollar la segunda parte de su investigación, que comenzó con la inclusión al procedimiento del ex presidente Humala.
Expliquémonos: aunque no haya una regla legal que lo determine, cada orden de prisión y cada impedimento de salida tienen un efecto innegable sobre el tiempo del que dispone un fiscal para terminar una investigación. Para decirlo en una frase: “Los plazos son siempre más flexibles si nadie está en prisión”. Un caso legal es también un ejercicio de manejo del tiempo. Y si necesitamos un ejemplo de lo que ocurre cuando se pierde esto de vista, observemos el caso de Gregorio Santos, liberado justo antes del juicio. Relajar las limitaciones impuestas a la señora Heredia para imponer nuevas al ex presidente Humala equivalía a anunciar un cambio temporal en el foco de atención de la investigación. Además concedía a la fiscalía una patente para tomarse algo más de tiempo antes de terminar las pesquisas.
Ahora, con la orden de retorno ya librada, la fiscalía va a tener que recortar sus propios plazos, lanzar un nuevo rol de diligencias que vuelvan a poner la atención sobre la señora Heredia y anunciar públicamente cuándo espera estar lista para presentar acusación.
Queda por resolver la cuestión de la FAO. La orden impartida el viernes 25 no implica que la señora Heredia deba renunciar a su nuevo puesto. Será incómodo instalarse en una posición como esta y tener que viajar continuamente a Lima. Pero este es un riesgo que ella y la FAO han asumido. Falta todavía ver cómo reaccionará la FAO a una acusación cuya preparación debe ser anunciada pronto. Y falta ver cómo reacciona si la señora Heredia, tomando la posta de las reacciones impulsivas, comete el enorme error de comenzar en el cargo desacatando una orden emitida por un juzgado que apenas ha dispuesto que se presente ante las autoridades en Lima, donde residía y era investigada antes de ser contratada.
¿Volverá la señora Heredia? No creo que nadie en su sano juicio en el exterior le ofrezca protección diplomática solo porque las autoridades que la investigan le ordenan presentarse ante ellas. Menos si se obtienen nuevas evidencias.
Pero esperemos al siguiente movimiento de esta partida.