La inseguridad ciudadana, considerada el principal problema que enfrentamos en el Perú, exige soluciones del Estado, principalmente a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial; en este contexto se plantea la reimplantación de los jueces sin rostro, utilizados para enfrentar a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA.
Procesos penales especiales celebrados por fiscales y jueces con protección de identidad, apertura automática de proceso, prisión preventiva, investigación y juzgamiento sumario. Se trata de recurrir al derecho penal y procesal penal de emergencia que solamente se debe emplear cuando los medios legales ordinarios no son suficientes para enfrentar, en este caso, al crimen organizado violento.
El principal problema de la propuesta es que los jueces sin rostro ya fueron sometidos al control de constitucionalidad por la evidente afectación de garantías procesales, como lo establecen jurisprudencialmente el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reto de implementar, junto a una nueva ley antiterrorista que incorpore otras formas de terrorismo distintas a las de Sendero Luminoso y el MRTA, un proceso penal especial de emergencia demandará no reiterar los procedimientos que ya han sido declarados inconstitucionales, por ejemplo, que afecten las garantías de independencia e imparcialidad judicial o limiten el derecho a la defensa.
El derecho de emergencia debe ser proporcional y razonable, así como temporal; por tanto, se necesita ir evaluando si el episodio de la fiscal en Trujillo llega a convertirse en patrón de actuación del crimen organizado, semejante al sufrido en la década de los 90, para que la afectación del debido proceso penal tenga la justificación de legítima defensa social.
El Congreso, pese a todas sus dificultades, necesita por fin lograr un proceso de formación de la ley transparente, democrático y técnico, no visto en leyes necesarias, pero por falta de lo indicado han llevado a un enfrentamiento con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
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