¿Tenemos derecho a decidir sobre nuestra muerte?

A la mayoría de las personas nos resulta difícil pensar en nuestra muerte y en cómo nos gustaría transitar ese proceso. Olvidamos que tanto la vida como la muerte forman parte de un ciclo vital del que nadie puede desligarse. Así lo concibe María, una mujer huancaína de 65 años, con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), quien ha demandado a Essalud por haberle impedido ejercer su libertad para decidir sobre su propia muerte. Con lucidez admirable, María ha ejercido su derecho de rechazar de manera libre e informada el tratamiento médico que la mantiene en vida artificialmente, pero Essalud la fuerza a continuar con estas medidas “hasta que su cuerpo resista”, lo que para ella es un trato cruel e inhumano.

María no puede movilizar ni un centímetro de su cuerpo, pero su mente está intacta. Desde el 2020 ya no puede hablar y se comunica solo con los ojos a través de un dispositivo. Sin embargo, la enfermedad está por arrebatarle también la vista, el único medio que tiene para comunicarse y manifestar su voluntad. Por ello quiere decidir a tiempo cómo vivir los últimos días de su vida: sin sufrimiento y en paz, libre de equipos que ahora invaden su cuerpo, dejando que la muerte llegue de manera natural.

María sabe que la eutanasia en el Perú aún es delito. La sentencia a favor de Ana Estrada solo es aplicable a Ana. Por ello quiere ejercer su derecho a una muerte digna a través de una alternativa diferente, que sí es legal: el rechazo al tratamiento médico. El 17 de abril del 2023, María hizo su pedido a Essalud, bajo el amparo legal de los artículos 4, 15 y 16 de la Ley General de Salud, y Essalud lo denegó. Para María, este rechazo es una vulneración a sus derechos a la libertad individual, integridad personal, libre desarrollo de su personalidad y a una muerte digna. Por eso, hace un mes presentó un hábeas corpus para pedirle a una jueza que ordene a Essalud el cese de la vulneración de sus derechos y lo obligue a respetar su voluntad de rechazar los tratamientos médicos que recibe. El único espacio de libertad que le queda a María es el de su autodeterminación. La jueza, que deberá resolver con base en la Constitución y la ley, tiene los siguientes días para sentenciar.

Como sociedad, el pedido de María nos interpela desde diferentes ámbitos. Interpela al personal médico, a los operadores de justicia y a nosotros mismos, llevándonos a cuestionar qué haríamos si estuviéramos en el lugar de María. Habrá quienes no compartan su decisión, y son libres de no hacerlo, ¿pero debe el Estado prohibirnos a todos decidir cómo transitar hacia nuestra propia muerte?

No hay que olvidar que María es una persona con discapacidad física, pero que es plenamente capaz de decidir sobre ella misma. Por ende, desconocer, cuestionar o ignorar su voluntad es discriminatorio. Al estar en una situación de inmovilidad física producida por su enfermedad, María no puede realizar el retiro de medidas de soporte vital por su propia cuenta y requiere apoyo externo. Sin embargo, Essalud desconoce de manera paternalista su voluntad, decidiendo por ella y obligándola a seguir con vida de manera artificial.

Si el respeto a la dignidad es el fin supremo del Estado, es contradictorio que sea este quien nos niegue el derecho a decidir sobre nuestro proyecto de vida hasta el final, incluido el rechazo a tratamientos médicos –como lo haría un paciente de cáncer con la quimioterapia–. Es tiempo de exigir el pleno respeto de la autonomía y libertad del ser humano en un ámbito tan personal como es la propia muerte. Gracias, María, por emprender esta lucha por una vida y muerte digna. El respeto de la voluntad de María está ahora en manos del Poder Judicial.