(Foto: Grupo El Comercio)
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Jaime de Althaus

Analista político

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La predicción de que se desinflaría no se ha cumplido hasta ahora. Cayó del piso de 23% en el que se movía, pero ya van cuatro meses que anda alrededor de 18%. Considerando que hay un 20% que piensa que va a ganar –lo que puede influir en los indecisos para que se inclinen por él–, que es un ‘outsider’ no contaminado por la política, y que es conocido en una campaña en la que es difícil darse a conocer, no sería de extrañar que pase, efectivamente, a la segunda vuelta. Y que, por lo tanto, pueda ser el próximo presidente del Perú.

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Ante esa probabilidad, no dejan de preocupar sus propuestas para modificar el capítulo económico de la Constitución. Por ejemplo, la de “aclarar el principio de subsidiaridad del Estado en las inversiones, para fortalecer la viabilidad social de la inversión en sectores sensibles vinculados al aprovechamiento de recursos naturales [...] a través de la constitución de fondos de fideicomiso” (p. 39).

El principio de subsidiaridad del Estado es clave en una economía de mercado. Es muy claro: significa que el Estado ingresa allí donde el privado no lo hace. Previene el estatismo, el Estado empresario. Tocarlo es entreabrir la puerta para que se cuelen toda clase de iniciativas estatizadoras o intervencionistas.

El programa de propone, además, ampliar los objetivos del BCR para preservar no solo la estabilidad monetaria, sino también “el nivel de actividad económica y de empleo”. Algo que en la práctica ya hace el BCR cuando, por ejemplo, lanza el programa Reactiva. ¿Para qué cambiar lo que funciona bien?

Hay temeridad y falta de prudencia, entonces. Pero hay más. El plan anuncia “la prohibición de someter a arbitraje las materias relativas al ‘Ius Imperium’ del Estado”, lo que significa que una empresa extranjera o una APP no podría llevar al Ciadi, por ejemplo, un diferendo con el Estado Peruano. Este nacionalismo judicial solo serviría para desalentar la inversión extranjera en el Perú, restándonos capacidad de crecimiento.

En lugar de plantear un plan para revertir el Estado inviable y fallido que dejará este Congreso, Forsyth propone incrementar el papel del Estado y disminuir las fuentes de inversión privada. Lo contrario de lo que se necesita. Pues las leyes aprobadas en los últimos meses suponen un mayor gasto público permanente del orden del 6,4% del PBI (sin contar el 2,4% de devolución de fondos de la ONP), al mismo tiempo que malogran motores y mecanismos de crecimiento (ley agraria, AFP, topes a tasas de interés, etc.) reduciendo, por tanto, los ingresos fiscales.

Con un Estado así, estructuralmente desfinanciado, que será fuente de hondo malestar social, hubiera sido bueno que nos explique cómo se financiará “una red descentralizada de servicios de atención primaria”, o “el binomio ‘médico de cabecera–familia’ en todos los barrios y centros poblados del Perú”, o la “repotenciación de la infraestructura de salud”, como entre muchas otras cosas propone el plan.

Y cómo gobernaría considerando que, teniendo su mayor votación en Lima, que está subrepresentada en el Congreso, su bancada será relativamente pequeña (repitiendo el trauma de estos años). Necesitamos respuestas.

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