El presidente Martín Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, habría recibido dinero ilícito a cambio de favorecer a un empresa en un proceso de licitación, según un aspirante a colaborador eficaz. (Foto: Presidencia)
El presidente Martín Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, habría recibido dinero ilícito a cambio de favorecer a un empresa en un proceso de licitación, según un aspirante a colaborador eficaz. (Foto: Presidencia)
Fernando Rospigliosi

Analista político

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Conforme avanza el desgaste del presidente , envuelto en verosímiles acusaciones de corrupción y enredado en la telaraña de sus propios embustes, menos oneroso y más atractivo resulta para los políticos proponer e impulsar la vacancia.

En realidad, cada vez es más difícil encontrar argumentos en contra de su destitución. El más fuerte se refiere a que la alternativa, un gobierno del Congreso, sería peor. Pero a estas alturas ya se cuestiona que pueda haber algo más malo que Vizcarra, que ha cumplido una de las peores gestiones del mundo en la crisis del coronavirus, con la mayor proporción de fallecidos y con un pésimo desempeño en materia económica.

No cabe duda de que el Congreso, dominado por el populismo, aprueba sistemáticamente normas descabelladas. Pero como acaba de recordar un editorial de El Comercio, Vizcarra no es un dique que las contenga: “En la apremiante situación en que se encuentra por las acusaciones de corrupción que pesan sobre él no parece estar dispuesto a perder puntos de popularidad con gestos de estadista”. (22/10/20).

En verdad, tampoco lo hizo antes cuando, según las encuestas, tenía una aprobación casi norcoreana, bordeando el 90%. Es más, ahora para mejorar su popularidad no duda en dilapidar los fondos del Estado, aumentando peligrosamente el déficit fiscal y el endeudamiento. Reparte generosamente miles de millones a gobiernos regionales y municipios que, como se sabe, son muy ineficientes para gastar y bastante corruptos.

En el ámbito de la lucha anticorrupción –de la que se convirtió en líder, fabricado por la coalición de aprovechados que lo respaldaba–, la situación es crítica, como se ha evidenciado, por ejemplo, en las compras cuestionadas del Ministerio del Interior y el sector salud.

Otro de sus supuestos logros, la reforma de la justicia, sirvió para que Vizcarra manipulara el sistema para obtener protección y perjudicar a sus adversarios. El desempeño de “una fiscal de la Nación que no brinda garantías de imparcialidad”, como ha anotado Ricardo Uceda, es una muestra palpable de ello. (“La República”, 21/10/20). Vizcarra y la coalición que lo apoya la pusieron en ese cargo a empellones. Ahora parece claro cuál era el propósito. Así, la institución más importante del sistema judicial está en malas manos.

El presidente carece por completo de credibilidad. Falta a la verdad con desparpajo, desvergüenza y desfachatez. Lo hizo en el caso Swing y todo indica que lo ha vuelto a hacer en su relación con Antonio Camayo, como ha mostrado Glademir Anaya en “Correo”. No solo están las fotos sino las declaraciones de testigos y los registros de entrada al Ministerio de Transportes cuando Vizcarra ocupaba ese despacho. (Ver también el portal , “Vizcarra miente de nuevo”, 19/10/20).

Si intervino en el sistema de justicia para controlarlo en función de sus intereses particulares, si disolvió, ilegalmente en mi opinión, el Congreso para protegerse, caben pocas dudas de que hará algo similar en el proceso electoral del próximo año.

La vacancia es muy peligrosa, puede significar un salto al vacío y posiblemente no tenga los votos necesarios. Pero la situación de Vizcarra ha llegado a límites que lo hacen indefendible.

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