Cómo naturalizar a Juntos por el Perú

Antes que preocuparse por cuánto vaya a desnaturalizar el Senado los dictámenes de ley que apruebe Diputados, dentro de las competencias de poder y trámite que cada cámara tiene, las bancadas de izquierda en el Congreso tendrían que preguntarse cómo naturalizar a la bancada de Juntos por el Perú en los usos y costumbres políticos, parlamentarios, democráticos y constitucionales del país.

Naturalizar a Juntos por el Perú, es decir, adaptarlo al marco institucional de respeto por la estabilidad institucional y la gobernabilidad del país, muy lejos, por cierto, de los arrebatos golpistas que acompañan a muchos de sus integrantes en el Congreso, tendría que ser la tarea cotidiana de sus socios Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras. La disyuntiva es obvia: se quedan con Juntos por el Perú, asumiendo sus arcaicos activos y pasivos, o se van, por separado o como bloque de simulación de izquierda democrática, a probar otro estatus de civilización política.

El pedido de facultades legislativas del gobierno al Congreso fue la prueba ácida perfecta para saber, en primer lugar, que no las obtendría tan fácil y rápidamente como muchos de sus predecesores en el pasado y, en segundo lugar, para reconocer que Juntos por el Perú constituye, tanto en Diputados como en el Senado, una maquinaria de guerra política, abierta y solapada, declaradamente enemiga, con un fuerte potencial de obstruccionismo y sabotaje.

Aunque el Senado añadiera con fórceps siete facultades a las 20 aprobadas en Diputados, de un total de 60 solicitadas, no es una victoria. Es todavía una señal –sin duda menos dramática de lo que hubiera sido un punto muerto legislativo– de que la desnaturalización de Juntos por el Perú respecto de la ley, la Constitución y el sistema democrático no responde a la correlación de fuerzas de las elecciones de primera y segunda vuelta. Es la encarnación de las consignas ideológicas de los nuevos dueños del partido: el expresidente Pedro Castillo y el excandidato presidencial Roberto Sánchez, y de los socios directos de estos: la Fenatep y el Movadef, extensiones políticas de Sendero Luminoso.

En breve veremos cómo la Comisión de Energía y Minas de Diputados, en manos de Yenifer Paredes, la hija política de Pedro Castillo, pone contra la pared la propuesta del gobierno sobre la nueva ley MAPE, a pocas semanas del vencimiento de la última prórroga del Reinfo. Veremos asimismo cuánto va a pesar en votos la influencia de la minería ilegal y las consignas de Castillo y Sánchez, como también en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Daniel Varas, de Juntos por el Perú, dispuesta a liberar al expresidente golpista de la acusación por sobornos a cambio de ascensos de altos oficiales de las Fuerzas Armadas.

Probablemente no haya modo de naturalizar a Juntos por el Perú mientras Castillo esté en prisión y la Fenatep y el Movadef tengan operadores claves en Diputados y el Senado, pero sí de restar su poder, salvando a Obras, Ahora Nación y Buen Gobierno del contagio de desnaturalización política y democrática que padecen.