Diálogo con los asaltantes

El presidente Pedro Castillo no responde. Se le pregunta si se reunió con Bruno Pacheco o con Karelim López, y se acoge a su derecho a no declarar.

A su esposa se le quiere preguntar por la cancelación en efectivo de sus deudas y transferencias de sus hermanos. Guarda silencio.

Los cuñados del presidente están incursos en investigaciones similares: Yenifer (con prisión preventiva), Walter y David Paredes. Su sobrino Fray Vásquez es un prófugo de la justicia. Igual, su amigo y exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Pedro Castillo alega que lo persiguen. Acusa al Ministerio Público de urdir un complot “con la complicidad de algunos magistrados”.

Según el jefe del Estado, lo quieren sacar del gobierno los que no ganaron las elecciones. Sostiene que la denuncia constitucional no tiene fundamentos ni corroboraciones.

Esto es cínicamente falso. La fiscalía cuenta con más de 190 elementos de convicción.

La denuncia constitucional contra Castillo tiene testimonios de colaboradores eficaces. Se trata de personas que trataron directa y muy cercanamente con el mandatario.

Quien quiera leer las 375 páginas de la denuncia puede consultar los portales: www.scribd.com y lp.derecho.com o iuslatin.pe. En los buscadores, debe poner “Lee y descarga denuncia contra Pedro Castillo”.

Para el mandatario estos testimonios no existen. Tampoco constituyen elemento de convicción los US$20 mil hallados en el despacho de Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno.

Castillo no reconoce los registros de visitas, movimientos bancarios, contratos, documentos oficiales, los sellos hallados en su casa de Cajamarca, las llamadas telefónicas o las conversaciones de WhatsApp. En realidad, uno se marea de tanta evidencia.

El gobernante ha querido descabezar al equipo especial de investigación. Ha escamoteado las grabaciones de las cámaras de Palacio. Ha impedido el ingreso de fiscales a Palacio.

Pedro Castillo no busca justicia. Quiere oxígeno. Desea mantener la corrupción que la Fiscalía de la Nación ha denunciado.

El presidente ha pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) un rescate. En su carta a su secretario general, Luis Almagro, no solicita apoyo para restablecer el Estado de derecho. Pide “diálogo”.

Le ruega “que disponga las medidas de urgencia que permitan abrir un diálogo entre los diversos poderes del Estado para resolver la crisis política que afecta a la democracia peruana”.

Si yo denuncio que la fiscalía y algunos jueces complotan contra mí, ¿pido “diálogo”? Si me atacan dos delincuentes, ¿le ruego a la policía que propicie un “diálogo” con los asaltantes?

Esta inconsistencia revela la falsedad del argumento de Castillo. No se trata de resolver una “crisis política”. Se exige responder a preguntas de la fiscalía sobre delitos comprobadamente cometidos.

El Ministerio Público ya tiene varias confesiones sobre la corrupción. Solo falta establecer la autoría de última instancia.

No hay ningún golpe de Estado. Castillo sabe que no lo hay. Usa ese fantasma para evadir su responsabilidad.

“Atacan a la democracia, no a mí”, es la posición oficialista. Lo que debe saber la OEA es que, si defiende al Gobierno de Castillo, defiende la obstrucción a la justicia. Defiende la comisión impune de delitos desde el poder. Defiende la corrupción comprobada.

La OEA cayó en la mentira del Gobierno Peruano. O está en juego con él.

La institucionalidad solo estará en riesgo, si la ley no alcanza a los delincuentes.