El enfoque del Gobierno en la reconstrucción pos-El Niño le permite mantener al presidente Pedro Pablo Kuczynski su aprobación popular en 43%. La novedad es que, por primera vez, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, encabeza la aprobación ministerial con 40%. Otro resultado muy significativo es que la designación de Pablo de la Flor como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios alcanza el 62%, lo que revela un amplio voto de confianza de la ciudadanía en su nombramiento.
En este contexto en que la opinión pública se muestra expectante, no hay ánimo de censura. A diferencia de lo que ocurrió en diciembre pasado, cuando la mayoría estaba de acuerdo con la interpelación al entonces ministro de Educación (y ahora máxima autoridad del Banco Mundial en educación) Jaime Saavedra, ahora solo una minoría apoya la interpelación a los ministros Martín Vizcarra y Carlos Basombrío, como se verá en las encuestas que publicará El Comercio en los próximos días.
Otro campo en el cual hay un ánimo conciliador en la opinión pública es con respecto al posible indulto a Alberto Fujimori. En la pregunta directa, 59% está a favor y 38% en contra, ligeramente por encima de una encuesta similar de julio del 2015, que era 57% a favor y 40% en contra. Cabe recordar que el indulto consiste en el perdón de la pena, no del delito. Es decir, un eventual indulto permite recuperar la libertad, pero no borra los delitos.
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En el fondo, lo que la gran mayoría quisiera es que Fujimori salga del penal de la Diroes. Esto se aprecia con más claridad cuando se pregunta por tres opciones, incluyendo el arresto domiciliario. En ese caso, la comparación con una encuesta de abril del 2016 es elocuente: el arresto domiciliario es hoy apoyado por 37% (era 40%), el indulto por 36% (era 21%) y la permanencia en prisión por 24% (era 33%). Si se suman las dos primeras opciones, quienes preferirían verlo salir del penal suman ahora 73%, aunque solo una minoría quisiera verlo circulando libremente por el país.
En cambio, lo que viene generando una gran ola de indignación son las denuncias de un número creciente de testigos sobre las actividades de Ollanta Humala –entonces capitán del Ejército– cuando era jefe en la base militar de Madre Mía. Es un tema que la mayor parte de la opinión pública sigue con mucha atención y la gran mayoría cree hoy que Humala fue el ‘Capitán Carlos’ y que sería culpable de delitos de desaparición forzada, asesinatos y compra de testigos. En ese sentido, 84% piensa que, a la luz de las nuevas evidencias, debe reabrirse el Caso Madre Mía y 73% que debería ordenarse la prisión preventiva del ex presidente.
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Otro tema que contribuye a hundir la imagen de Humala es el presunto delito de lavado de activos y financiamiento ilegal de la campaña presidencial del 2011 por parte de la empresa brasileña Odebrecht. La gran mayoría está informada de la acusación, y de ellos, 92% cree que la pareja Humala Heredia recibió ese dinero, tal como lo confesó Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú. En línea con esa convicción, 92% de la ciudadanía piensa que la pareja Humala Heredia favoreció indebidamente a la empresa Odebrecht en diferentes proyectos durante su gestión. Como se sabe, el más grande de ellos fue el gasoducto del sur, donde Odebrecht ganó la licitación como postor único al descalificarse a último momento al otro postor.
El descalabro de la pareja Humala Heredia no es una sorpresa completa. Muchos de estos hechos fueron denunciados por el periodismo de investigación desde el 2006, en que el comandante Humala se lanzó por primera vez como candidato presidencial, y luego, a lo largo de su gobierno. Un hito importante fue el descubrimiento de las agendas de Nadine Heredia, que primero negó y luego reconoció como suyas. En ellas figura la información de cómo un emisario apodado ‘Ojitos’ se reunió con un tal juez San Martín cuando el juez César San Martín integraba la Corte Suprema y tenía a su cargo el Caso Madre Mía. Figuran también los contactos con un tal ‘Marcelo’ y los tres millones recibidos de la empresa dirigida por Marcelo Odebrecht.
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Si bien todavía hay un largo camino judicial por delante para comprobar la veracidad de estas múltiples denuncias por violación de derechos humanos y por corrupción, la opinión pública ya dio su veredicto y es condenatorio. La ciudadanía espera que la fiscalía y el Poder Judicial estén a la altura de su responsabilidad. Si se comprueban los delitos, el capitán de Madre Mía podría terminar en el exclusivo penal presidencial de la Diroes. Lo que está por verse es si su actual ocupante estará ahí para recibirlo.